Cuatro personas murieron —entre ellas dos agentes de la CIA— cuando una camioneta del convoy que regresaba de un operativo antidrogas en el municipio de Morelos, Chihuahua, derrapó, salió del camino y cayó por un barranco provocando una explosión. La operación, montada durante tres meses, jamás fue notificada al gobierno federal.
El Gabinete de Seguridad y la Secretaría de Relaciones Exteriores confirmaron que los agentes de la Agencia Central de Inteligencia no contaban con acreditación formal para realizar actividades operativas en territorio nacional. Uno de ellos había ingresado al país como turista y el otro bajo estatus diplomático, de acuerdo con el análisis de la SRE.
El operativo involucró a la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua y a la Embajada de Estados Unidos, y tuvo por objetivo la localización de laboratorios clandestinos de metanfetamina. También fallecieron el director de la AEI, Pedro Román Oseguera Cervantes, y su escolta. Reportes posteriores señalan que el convoy pudo haber incluido hasta cuatro agentes estadounidenses, no solo dos.
El escándalo reavivó el debate sobre los límites de la cooperación bilateral en materia de seguridad y coloca al gobierno de Claudia Sheinbaum ante la presión de explicar cómo operaciones extranjeras pueden ejecutarse sin conocimiento de las autoridades federales. Washington, hasta ahora, no ha ofrecido comentarios oficiales.