El presidente de Colombia, Gustavo Petro, encendió una nueva controversia internacional al declarar públicamente que el ciudadano estadounidense detenido en Bogotá bajo cargos de agresión sexual a un menor no habría cometido el delito. La declaración, realizada sin que la investigación judicial haya concluido, provocó reacciones inmediatas tanto dentro de Colombia como en Washington.
El caso había permanecido bajo reserva judicial durante días, pero las declaraciones de Petro lo convirtieron en un asunto de Estado. Fuentes diplomáticas indicaron que la embajada de Estados Unidos en Bogotá expresó su preocupación por la interferencia del ejecutivo en un proceso judicial en curso, recordando que la presunción de inocencia y el proceso legal deben seguir su cauce sin presiones políticas.
Dentro de Colombia, la oposición acusó a Petro de obstruir la justicia y de usar el caso para ganar puntos en su tensionada relación con la administración Trump. Los críticos señalan que el mandatario tiene un historial de pronunciarse públicamente sobre casos judiciales en curso, lo que ha generado choques anteriores con el poder judicial.
El incidente se produce en un momento de alta fragilidad en las relaciones Colombia-Estados Unidos, tensionadas en los últimos meses por desacuerdos sobre política antidrogas y el manejo de la migración en la región. Analistas señalan que Petro, a menos de un año del fin de su mandato, sigue apostando por una retórica de confrontación que consolida a su base pero aísla al país en el escenario diplomático latinoamericano.
