Una propuesta presentada como protección para las audiencias desató una advertencia por sus posibles efectos sobre la libertad de expresión. Human Rights Watch cuestionó que una autoridad administrativa pueda decidir si contenidos de radio y televisión cumplen criterios oficiales.
La iniciativa daría a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones facultades de supervisión y sanción. El punto más controvertido es que el organismo podría tener la última palabra sobre contenidos e imponer multas a medios, una capacidad con riesgo de uso político.
Grupo Animal y 24 HORAS documentaron las objeciones de organizaciones defensoras de la libertad de expresión. Sus críticas no rechazan los derechos de las audiencias, sino la concentración de poder y la falta de garantías frente a decisiones discrecionales.
México necesita mecanismos para corregir engaños, abusos y falta de accesibilidad sin convertir al Gobierno en editor. La discusión legislativa deberá definir criterios claros, revisión judicial y límites que impidan castigar información incómoda bajo una etiqueta regulatoria.
