El colectivo ProCienciaMx presentó un diagnóstico preocupante sobre el estado de la ciencia mexicana: el país experimenta un declive progresivo en sus capacidades de investigación y desarrollo tecnológico, impulsado por la falta de financiamiento, obstáculos burocráticos y una legislación insuficiente que frena la carrera de los investigadores jóvenes antes de que puedan consolidarse.
México destina apenas el 0.3% del PIB a investigación y desarrollo, muy por debajo del 1% recomendado por la OCDE para economías emergentes y a años luz del 2-3% que invierten las potencias científicas. A esto se suma la falta de plazas estables, lo que obliga a muchos de los científicos más talentosos a emigrar hacia universidades y centros de investigación en Europa, Estados Unidos y Canadá en busca de condiciones laborales y financieras que México no les ofrece.
La situación se agrava por la desaparición del CONACYT y su reemplazo por el SECIHTI, organismo que aún no ha consolidado un modelo de financiamiento estable y predecible para los grupos de investigación de largo plazo. Los proyectos que requieren varios años para madurar, que son precisamente los que generan los descubrimientos más trascendentes, son los más afectados por la incertidumbre presupuestal año con año.
El colectivo exige al Ejecutivo y al Congreso que la ciencia sea declarada asunto de seguridad nacional y que se garantice por ley un presupuesto mínimo de inversión en investigación. Sin ese piso, advierten, México corre el riesgo de convertirse en consumidor permanente de tecnología extranjera, profundizando la dependencia económica y tecnológica en un mundo donde la innovación define quién lidera y quién queda rezagado.
