El Gobierno federal prepara un cambio profundo en las reglas ambientales para que los megaproyectos no comiencen sin medir antes todos sus efectos. La propuesta busca reemplazar evaluaciones fragmentadas por una revisión integral desde la etapa de planeación.
La iniciativa plantea una nueva Ley General del Equilibrio Ecológico con disposiciones sobre impacto ambiental, biodiversidad, cambio climático, economía circular y justicia. El objetivo declarado es prevenir daños en lugar de intentar repararlos cuando la obra ya avanzó.
Reforma y Milenio coincidieron en que los grandes proyectos deberán demostrar su viabilidad ambiental antes de arrancar. El cambio podría alcanzar infraestructura pública y desarrollos privados con efectos acumulativos sobre agua, suelo, comunidades y ecosistemas.
La prueba estará en la independencia de las evaluaciones y en la capacidad de hacer cumplir sus resultados. Una ley más amplia puede reducir conflictos y costos futuros, pero perderá fuerza si las excepciones políticas convierten el análisis en un trámite.
