Micaela González, integrante de la Brigada Estatal de Búsqueda de Sinaloa y del colectivo Armadillos Rastreadores Sinaloa, señaló que personal del Semefo les informó sobre la acumulación de cadáveres pendientes de identificación.
De acuerdo con su testimonio, la cantidad de cuerpos ha superado la capacidad operativa de las instalaciones, situación que dificulta los procedimientos necesarios para determinar la identidad de las víctimas y devolver sus restos a las familias.
La cifra de 400 cuerpos corresponde a una estimación proporcionada a los colectivos y no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.
Las madres buscadoras consideran que la problemática requiere medidas extraordinarias, entre ellas la contratación de personal especializado exclusivamente en la identificación de restos humanos y la asignación de recursos adicionales para fortalecer los servicios periciales.
Durante reuniones anteriores con autoridades de la Fiscalía General del Estado, las familias recibieron información sobre una necesidad presupuestaria estimada en 90 millones de pesos para atender el rezago forense.
Los colectivos solicitaron que esta cantidad sea considerada dentro del presupuesto estatal de 2027, con el propósito de agilizar las investigaciones y reducir los tiempos de identificación.
La problemática ocurre en medio de la violencia que enfrenta Sinaloa, donde los enfrentamientos entre organizaciones criminales han incrementado las dificultades de seguridad para los familiares que realizan búsquedas de personas desaparecidas.
González explicó que algunas jornadas han tenido que suspenderse debido a la presencia de grupos armados y otros riesgos detectados en las zonas de búsqueda.
Asimismo, denunció que numerosas familias continúan esperando resultados de investigaciones iniciadas hace varios años, mientras las autoridades deben atender nuevos casos de desaparición.
Las organizaciones insistieron en la necesidad de establecer una política pública específica para la identificación forense, acompañada de recursos suficientes, personal capacitado y mecanismos de comunicación transparente con las familias.
La denuncia vuelve a colocar en el debate público la crisis de identificación de personas fallecidas en México y las dificultades que enfrentan las instituciones encargadas de investigar desapariciones.
Fuente: Infobae México, publicado el 15 de octubre de 2026. infobae Enlace original: https://www.infobae.com/mexico/2026/10/15/madres-buscadoras-denuncian-que-habria-alrededor-de-400-cuerpos-sin-identificar-en-sinaloa/ 2. Colectivos contradicen a la FGR y aseguran que el Rancho Izaguirre fue utilizado para incinerar personas Jalisco, 15 de octubre de 2026.
La investigación sobre el Rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, Jalisco, volvió a generar controversia después de que integrantes del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco cuestionaran las declaraciones de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre las presuntas incineraciones de personas en el inmueble.
Indira Navarro, representante del colectivo, aseguró que las familias buscadoras cuentan con testimonios y hallazgos que, desde su perspectiva, respaldan la existencia de actividades de incineración clandestina en las inmediaciones del predio.
Sus declaraciones surgieron después de que la FGR rechazara públicamente la versión difundida por un presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien afirmó que numerosas personas habían sido asesinadas e incineradas en el lugar.
La Fiscalía sostuvo que las afirmaciones del presunto delincuente eran falsas y señaló que el procesamiento pericial del inmueble presenta un avance del 92%.
Sin embargo, Navarro cuestionó la postura de las autoridades federales y aseguró que el colectivo ha localizado nuevos indicios en áreas cercanas al rancho.
Entre los elementos encontrados mencionó restos humanos calcinados, llaves, accesorios personales y suelas de calzado, objetos que, de acuerdo con las familias, requieren nuevas investigaciones.
La representante del colectivo indicó que el pasado 30 de julio localizaron nuevamente restos humanos en las inmediaciones del inmueble, pese a que anteriormente habían solicitado a las autoridades mantener los trabajos de búsqueda en la zona.
También denunció que, durante algunas visitas realizadas mediante sobrevuelos con drones, detectaron falta de actividad pericial en determinados momentos.
El colectivo sostiene que el presunto integrante del CJNG cuyo testimonio fue difundido recientemente había proporcionado información que permitió localizar indicios en otros puntos de búsqueda.
No obstante, las afirmaciones sobre la cantidad de víctimas y las presuntas incineraciones masivas permanecen sujetas a investigación y no deben considerarse hechos acreditados.
El caso del Rancho Izaguirre ha provocado cuestionamientos nacionales sobre los mecanismos de reclutamiento de organizaciones criminales, la atención a personas desaparecidas y la eficacia de las investigaciones forenses.
Las familias buscadoras reiteraron su exigencia de que la FGR continúe las investigaciones y presente resultados verificables sobre los hallazgos registrados desde 2025.
