Expertas de Naciones Unidas presentaron un informe que concluye que Venezuela utiliza las desapariciones forzadas como un instrumento deliberado de represión política, no como casos aislados. El documento identifica 27 casos verificados que siguen un patrón repetible: detención arbitraria, negación de paradero a familiares y uso del miedo como herramienta de desarticulación de la oposición.
Amnistía Internacional complementó el informe con su propio conteo: al menos 17 desapariciones forzadas documentadas solo en los últimos meses, con 11 personas aún sin paradero confirmado. Las víctimas comparten perfiles similares: miembros de partidos de oposición, activistas, periodistas críticos y militares disidentes.
Las cifras a largo plazo son escalofriantes. Según un análisis publicado en mayo de 2026, las desapariciones forzadas en Venezuela aumentaron un 841% en los últimos 25 años, con un salto especialmente pronunciado durante los últimos dos años de mandato de Nicolás Maduro. El informe señala que los mecanismos judiciales internos están completamente subordinados al poder ejecutivo.
El gobierno venezolano rechazó los informes y los calificó de 'campaña mediática orquestada por potencias extranjeras'. Sin embargo, la presión internacional se intensifica: varios países de América Latina han convocado a sus embajadores a reuniones de emergencia para analizar acciones coordinadas en el seno de organismos multilaterales.