Las autoridades mexicanas anunciaron la conclusión de la fase de contención del derrame de hidrocarburo que durante semanas tiñó de negro más de 230 kilómetros del litoral del Golfo de México entre Veracruz y Tabasco. Sin embargo, el daño ecológico persiste y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) mantiene abiertas investigaciones contra varias empresas privadas para determinar responsabilidades.
El origen del vertido fue polémico desde el principio. La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, declaró inicialmente que procedía de un barco privado en aguas de Tabasco, para después dar marcha atrás y señalar que la Marina investiga el caso. Finalmente, las indagaciones confirmaron que el derrame provino de un buque contratista de exploración —no de Pemex— que operaba en aguas profundas del Golfo.
La contaminación afectó al menos 39 localidades costeras, llegó a la Laguna del Ostión —un ecosistema arrecifal clave— y se cobró la vida de un delfín nariz de botella encontrado en las costas de Coatzacoalcos rodeado de crudo. Las labores de limpieza recuperaron 91 toneladas de residuos impregnados de hidrocarburo en playas de ambos estados, con un avance del 85% reportado por las autoridades.
Ambientalistas y pescadores de la región denunciaron que las pérdidas económicas son cuantiosas y que la fauna marina tardará años en recuperarse. La ASEA tiene un plazo para determinar si procede sancionar a las empresas responsables, en un caso que pone de relieve los vacíos en la vigilancia de contratos de exploración firmados con compañías privadas durante la reforma energética.