Una de las reformas más ambiciosas del sector salud en décadas avanza en México: la creación del Servicio Universal de Salud, un modelo que busca integrar a las principales instituciones del sistema público —IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar— en un solo esquema interoperable donde el expediente clínico del paciente lo siga sin importar en qué hospital se atienda. El objetivo es que para este año todos los hospitales públicos cuenten con acceso a internet como infraestructura base.
La fragmentación del sistema de salud mexicano ha sido una debilidad estructural durante décadas: un trabajador del IMSS no puede atenderse en el ISSSTE, y viceversa, aunque ambas instituciones sean financiadas con recursos públicos. Esta compartimentación genera ineficiencias, duplicidades y —sobre todo— deja desprotegidos a millones de mexicanos que cambian de empleo o pierden su afiliación formal.
La iniciativa contempla la interoperabilidad de expedientes clínicos entre unidades de salud y la conexión de médicos especialistas a distancia, algo que cobra especial relevancia en comunidades rurales donde la especialización médica es escasa. Complementariamente, el gobierno federal ha anunciado una inversión de más de 13 mil millones de pesos en equipamiento médico para este año.
Críticos del sistema señalan que la integración institucional es técnicamente compleja y que intentos previos de coordinación entre el IMSS y el ISSSTE han fracasado por resistencias burocráticas y sindicales. La pregunta que persiste es si la voluntad política actual sobrevivirá los plazos de ejecución que requiere una transformación de esta magnitud.
