La Corte Suprema de la India exoneró de todos los cargos a Surendra Koli, acusado de múltiples asesinatos en el llamado caso de las desapariciones de Nithari de 2006. En una audiencia celebrada el 11 de noviembre de 2025, un tribunal presidido por el juez jefe B.R. Gavai aceptó la petición de revisión presentada por la defensa y determinó que no existían pruebas concluyentes para sostener la condena.

Koli había sido apodado en medios como el “Carnicero de Nithari” debido a la brutalidad de los crímenes, que involucraron asesinatos y desapariciones de niños y jóvenes en la localidad de Nithari, Uttar Pradesh. Durante años enfrentó 19 procesos judiciales y varias condenas a muerte o cadena perpetua.

Tras la revisión, la Corte ordenó su liberación inmediata. Los magistrados argumentaron que las acusaciones contra Koli se basaron en testimonios inconsistentes y que no se habían respetado sus derechos procesales. La decisión generó debate en la opinión pública india, ya que familiares de las víctimas denunciaron falta de justicia y exigieron la reapertura de las investigaciones.

La absolución de Koli también llevó a expertos jurídicos a reflexionar sobre la solidez de las investigaciones policiales y la necesidad de reforzar las garantías procesales en casos de alto impacto. Algunos legisladores propusieron reformas para que las instancias superiores revisen sentencias capitales con mayores estándares probatorios.

El Senado de Estados Unidos aprobó con 60 votos a favor y 40 en contra una ley de gasto provisional destinada a reabrir el gobierno federal, poniendo fin al cierre más largo en la historia del país. La votación, realizada el 11 de noviembre de 2025, da paso a que más de 800 000 empleados federales puedan regresar a sus labores y recibir sus salarios atrasados. El proyecto de ley aún debía ser sometido a la Cámara de Representantes.

La iniciativa fue respaldada por legisladores demócratas y un grupo de republicanos moderados; busca financiar las operaciones gubernamentales hasta mediados de enero. El presidente estadounidense, Donald Trump, había indicado que firmaría la ley una vez que pasara por ambas cámaras. El cierre de 41 días había provocado retrasos en servicios, suspensión de pagos y una reducción del tráfico aéreo por la falta de controladores.

El portavoz de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, pidió a los legisladores interrumpir sus recesos y retornar a Washington para votar la medida. Johnson señaló que la paralización gubernamental afectaba la seguridad aérea y diversos programas sociales, por lo que urgió a sus colegas a trabajar en una solución definitiva. Se esperaba que la Cámara abordara el proyecto en los días siguientes.

El proyecto de ley no resolvía las disputas de fondo sobre inmigración y gasto militar que originaron el cierre, pero era considerado un respiro para millones de ciudadanos. Analistas señalaron que el acuerdo temporal permitiría renegociar partidas y reducir la presión sobre las agencias gubernamentales.

En Islamabad se registró un grave atentado el 11 de noviembre de 2025, cuando un atacante suicida se inmoló a las afueras de un complejo judicial. De acuerdo con los reportes de las autoridades, la explosión se produjo luego de que el agresor no lograra ingresar al recinto y decidiera detonar su carga cerca de un vehículo policial. El estallido provocó la muerte de al menos 12 personas y dejó 27 heridos, varios de ellos agentes de seguridad.

El ministro del Interior paquistaní, Mohsin Naqvi, indicó que el objetivo inicial parecía ser el interior del tribunal, pero la presencia de agentes disuadió al atacante. Según sus declaraciones, el individuo se dirigió entonces contra una patrulla que realizaba rondas de vigilancia en la zona. Tras el ataque, la policía acordonó el área y desplegó unidades especiales para rastrear posibles cómplices.

El primer ministro Shehbaz Sharif condenó el atentado y responsabilizó a India, calificándolo de “terrorismo de Estado”. Sharif sostuvo que el ataque evidencia una estrategia para desestabilizar al país. Las autoridades federales anunciaron el inicio de una investigación exhaustiva, mientras aumentaron las medidas de seguridad en instalaciones judiciales y edificios gubernamentales.

Aunque ningún grupo se atribuyó de inmediato la autoría, el atentado se sumó a una cadena de hechos violentos que han sacudido a Pakistán durante 2025. La explosión en Islamabad reavivó el debate sobre la seguridad en la capital y la necesidad de fortalecer la vigilancia en sitios públicos y judiciales.

La policía de Yakarta informó que las explosiones en una mezquita del complejo escolar de Kelapa Gading, que dejaron más de 50 personas hospitalizadas con quemaduras y otras heridas, se atribuyen a motivos personales y no religiosos.
El principal sospechoso es un estudiante de 17 años que habría actuado por un conflicto familiar y la sensación de abandono. Las autoridades hallaron pólvora y material escrito en su posesión; el joven fue sometido a cirugía tras las detonaciones.
El incidente ocurrió durante las oraciones del viernes, generando pánico en la zona norte de la ciudad. El gobierno indonesio condenó el ataque e instó a evitar especulaciones, mientras expertos resaltan la necesidad de atender la salud mental de los jóvenes y mejorar los mecanismos de prevención en escuelas.
Las autoridades han reforzado la seguridad en lugares de culto y revisan los protocolos de vigilancia escolar, mientras continúan las investigaciones.