Las casas de empeño de la Ciudad de México prestan dinero, pero no son instituciones financieras. Operan fuera del alcance de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y dependen de la Ley Federal de Protección al Consumidor y de la supervisión de la Profeco. Esa diferencia, que suena técnica, define cuánta vigilancia recibe un negocio al que millones de familias recurren cuando necesitan liquidez inmediata.
El número que más debería preocupar al usuario es el Costo Anual Total: puede superar el 150%. En la práctica significa que la deuda llega a rebasar el valor original del objeto empeñado. Si el préstamo o sus refrendos no se liquidan a tiempo, el bien se pierde de forma irreversible. Cuando el establecimiento lo vende por encima de la deuda, el usuario tiene derecho a reclamar la demasía en efectivo, disponible durante un año, algo que pocos saben.
El otro frente es el de los objetos robados. El diputado Federico Chávez Semerena presentó ante el Congreso capitalino un punto de acuerdo para revisar la regulación, ante el aumento de denuncias por venta de celulares y bicicletas de procedencia ilícita. El caso de Martín, que encontró su bicicleta robada en una casa de empeño de la colonia Guerrero, en la Cuauhtémoc, ilustra el vacío: menos exigencia para identificar a quien deja el bien, menos trazabilidad del objeto.
La propuesta contempla revisar la NOM-179-SCFI-2016 y los artículos 34 a 41 de la Ley de Infraestructura de la Calidad para endurecer los procesos de identificación, y ya fue turnada a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. Mientras tanto, la recomendación básica para el consumidor sigue siendo verificar que el establecimiento esté inscrito en el Registro Público de Casas de Empeño y que su constancia esté vigente y coincida con los datos del local.
