El 13 de junio, Joel Ángel Bravo Martínez, alcalde de San Miguel Amatitlán, fue atacado a balazos dentro de su domicilio. Era el tercer presidente municipal asesinado en Oaxaca en el lapso de un año, y su caso tiene un agravante que el PAN no tardó en denunciar: Bravo Martínez había expuesto su temor en una mesa de seguridad el 11 de mayo y había planteado su situación directamente al gobernador Salomón Jara Cruz. Se le prometieron escoltas. Nunca llegaron.
El gobernador, sin embargo, salió a la semana siguiente a presidir el Consejo Estatal de Seguridad Pública y declaró que Oaxaca se mantiene en el quinto lugar de mayor seguridad a nivel nacional. La contradicción entre los datos institucionales y la realidad sobre el terreno es tan visible que incluso legisladoras del PT han dicho públicamente que existe "hartazgo" con la administración de Jara Cruz.
La violencia política en el estado no se limita a los alcaldes. En menos de 48 horas después del asesinato en San Miguel Amatitlán, en la comunidad de San Juan Quiahije fueron ejecutados Carlos Orocio Cruz y su hijo Celestino. El patrón — ataques dentro de domicilios o en espacios supuestamente protegidos — habla de grupos armados con capacidad de inteligencia y de infiltración que superan a las fuerzas locales.
El Congreso federal discute cómo reforzar la protección a funcionarios municipales en estados de alta conflictividad. La propuesta sobre la mesa es ampliar el programa de escoltas federales y crear un protocolo de alerta temprana para presidentes municipales con amenazas documentadas. En Oaxaca, ese protocolo habría podido salvar al menos una vida. Llegará, como siempre, después.
