La contaminación fue reportada a mediados de octubre, luego de que habitantes de Jáltipan y Chinameca alertaran sobre un fuerte olor a hidrocarburo y la presencia de una sustancia amarillenta y aceitosa en el agua. Los primeros reportes señalaron que la mancha se había extendido por varios kilómetros, lo que llevó a las autoridades municipales a pedir a la población que evitara utilizar el arroyo.
Tras una inspección realizada el 15 de octubre, las autoridades determinaron que el derrame se originó en un pozo de exploración de salmuera dentro de las instalaciones de la planta de sal de PMV Minera. Según el reporte oficial, las lluvias provocaron que el diésel depositado en el pozo se dispersara hacia un cuerpo de agua y posteriormente llegara al arroyo.
El recorrido del contaminante fue estimado en aproximadamente 350 metros hasta alcanzar un cuerpo de agua intermitente y después unos 2.5 kilómetros adicionales hasta el arroyo Chacalapa.
La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente y otras autoridades intervinieron para contener el derrame. Entre las acciones se incluyeron barreras y cordones oleofílicos para impedir que el hidrocarburo continuara extendiéndose. La empresa deberá recuperar el combustible derramado, reparar y sellar el pozo y presentar un programa de remediación ambiental sujeto a evaluación.
El incidente también generó una controversia sobre la responsabilidad de la contaminación. Petróleos Mexicanos había informado que no encontró fugas ni anomalías en sus propias instalaciones y sostuvo que el producto provenía de operaciones ajenas a la empresa. La inspección posterior identificó el origen en las instalaciones de PMV Minera.
El impacto ambiental y económico aún requiere seguimiento. Las comunidades locales han recibido advertencias para no consumir ni utilizar el agua del arroyo, mientras que pescadores y otras familias que dependen del afluente enfrentan incertidumbre sobre cuándo podrán reanudar sus actividades con seguridad.
La clausura parcial representa una medida administrativa preventiva y correctiva, pero la recuperación completa dependerá de los trabajos de limpieza, la evaluación de los daños y la verificación de que la zona no represente riesgos para la población ni para los ecosistemas.
