Durante una intervención ante la Asamblea General de la ONU, el subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, señaló que actualmente una parte importante de las desapariciones se atribuye a grupos delictivos, aunque admitió que también existen casos en los que participan funcionarios públicos del ámbito municipal.
La declaración adquiere relevancia debido a las diferencias que han mantenido las autoridades mexicanas con el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, organismo que ha advertido sobre indicios de violaciones graves a los derechos humanos que podrían constituir crímenes de lesa humanidad.
México registra más de 130 mil personas desaparecidas o no localizadas, una cifra que continúa representando uno de los mayores desafíos de seguridad, justicia y atención a víctimas en el país.
Durante su intervención, Medina defendió las estrategias de búsqueda implementadas por el Gobierno federal y destacó que alrededor de 16 mil personas reportadas como desaparecidas habrían sido localizadas durante 2026, la mayoría con vida, según la información oficial. No obstante, persisten cuestionamientos sobre el desglose de esas cifras y las circunstancias de las localizaciones.
Por su parte, el presidente del Comité contra la Desaparición Forzada, Juan Pablo Albán, sostuvo que existen elementos suficientemente graves para justificar la intervención de mecanismos internacionales de cooperación y supervisión.
La discusión abre un nuevo escenario para México ante Naciones Unidas. Además de la búsqueda de las personas desaparecidas, el debate se concentra en la responsabilidad de las instituciones, la investigación de los delitos y el acceso a la justicia para miles de familias que continúan buscando a sus seres queridos.
