La medida entrará en vigor a partir de 2028, por lo que no tendrá efectos sobre el proceso electoral intermedio de 2027. A partir de entonces, quienes aspiren a alguno de estos puestos deberán acreditar que cuentan únicamente con la nacionalidad mexicana o, en caso de haber adquirido otra, demostrar que renunciaron a ella antes de competir por el cargo.
La reforma fue aprobada previamente por el Congreso de la Unión y posteriormente recibió el respaldo de al menos 22 congresos estatales, con lo que pudo completarse el proceso necesario para modificar la Constitución. Sheinbaum defendió la decisión bajo el argumento de que los titulares de cargos considerados estratégicos deben mantener una relación exclusiva con México en materia de nacionalidad y evitar cualquier posible conflicto relacionado con intereses de otro país. Reuters Sin embargo, la modificación también ha generado críticas. Algunos sectores de oposición y representantes de la comunidad binacional consideran que la medida podría limitar los derechos políticos de mexicanos que, por distintas razones familiares, laborales o migratorias, cuentan con una segunda ciudadanía. También han cuestionado que la prohibición no abarque de la misma manera todos los cargos públicos.
Con la publicación de la reforma, México abre una nueva discusión sobre los requisitos para acceder al poder político y sobre los derechos de millones de mexicanos que mantienen vínculos jurídicos con otros países. Aunque su aplicación todavía está a más de un año de distancia, el cambio tendrá especial relevancia en la definición de candidaturas rumbo a los procesos electorales posteriores a 2027. Reuters
