La disputa por el control de los puertos estratégicos del Canal de Panamá ha entrado en una nueva fase con el inicio de un arbitraje internacional en Londres. Panama Ports Company (PPC), filial del grupo hongkonés CK Hutchison que operó las terminales de Balboa y Cristóbal durante más de 25 años, presentó una demanda contra la naviera danesa Maersk por presuntamente socavar acuerdos comerciales exclusivos.
La acusación es contundente: PPC señala que Maersk se alineó con el gobierno de José Raúl Mulino en lo que describe como una "toma ilegal" de las concesiones portuarias en febrero de 2026. El presidente Mulino negó cualquier alianza con la empresa danesa, pero la cronología de los eventos ha generado sospechas entre analistas del comercio marítimo internacional.
Maersk respondió que "no considera que sea responsable de las reclamaciones" y que las abordará en el foro correspondiente. El arbitraje, descrito como "distinto y sin perjuicio" de los pasos legales que PPC ya inició contra el gobierno panameño, promete ser uno de los litigios más seguidos en el mundo del comercio marítimo.
El conflicto tiene implicaciones que trascienden a Panamá. El canal es una arteria vital del comercio global, y la incertidumbre sobre la operación de sus puertos se suma a las disrupciones provocadas por el cierre del Estrecho de Ormuz, configurando un escenario de estrés sin precedentes para las cadenas de suministro internacionales.