Además de la inhabilitación, el exfuncionario deberá pagar una multa de 72 mil 316 pesos y una indemnización por 71 mil 600 pesos, de acuerdo con la Auditoría Superior del Estado (ASE).
La investigación determinó que el entonces tesorero autorizó y realizó pagos por conceptos como mantenimiento de vehículos, pintura para alberca, medicamentos, materiales de ferretería y minisplits, pero los recursos fueron transferidos a su cuenta personal sin que pudiera comprobar que el dinero fue utilizado para cubrir esos gastos.
Las irregularidades fueron detectadas durante la revisión de la Cuenta Pública 2023, por lo que la ASE turnó el caso al TEJA. La Cuarta Sala Unitaria Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas determinó que se cometieron faltas administrativas graves.
Esta es la segunda sanción que el Tribunal impone este año al mismo exfuncionario. En agosto también fue declarado responsable de desvío de recursos y abuso de funciones por cobrar un cheque a su favor sin comprobar el gasto.
La inhabilitación por 20 años representa la máxima sanción prevista para este tipo de conductas, y es la segunda ocasión en que la Auditoría Superior del Estado obtiene una resolución de este nivel contra un servidor público.
