Un reportaje de La Jornada destaca que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se ha convertido en la mayor fuerza de seguridad federal de Estados Unidos. La agencia, creada en 2003, ahora emplea a más de 20 000 agentes y cuenta con un presupuesto de 9 400 millones de dólares, superior al de la Patrulla Fronteriza y el Servicio de Alguaciles.
El crecimiento de ICE responde a las políticas impulsadas durante la administración de Donald Trump, enfocadas en la detención y deportación masiva de migrantes. La dependencia opera cárceles privadas en 26 estados, realiza redadas en centros laborales y mantiene acuerdos con gobiernos locales para reforzar detenciones.
Activistas y defensores de derechos humanos señalan que la expansión de ICE ha venido acompañada de violaciones y abusos, como detenciones arbitrarias y separaciones familiares. Un informe citado por el diario indica que en 2025 hubo más de 1,1 millones de detenciones y deportaciones, cifra récord que generó denuncias de violencia y discriminación.
La organización Human Rights Watch considera que el aumento de recursos para ICE profundiza un sistema carcelario opaco y lucrativo. Incluso algunos exagentes entrevistados reconocen que la agencia ejerce funciones de policía migratoria que otras instituciones federales no están dispuestas a asumir.