El caso tiene su origen en una intervención realizada en abril en la Sierra Tarahumara, donde elementos de seguridad mexicanos y personal estadounidense participaron en actividades relacionadas con la inspección de un presunto laboratorio de producción de drogas. La operación quedó bajo escrutinio después de un accidente automovilístico que provocó la muerte de dos agentes de la CIA y dos funcionarios mexicanos.
Las autoridades federales sostienen que la participación de los estadounidenses no contó con las autorizaciones necesarias del Gobierno de México. La FGR atribuye al exfuncionario haber permitido actividades reservadas a las instituciones mexicanas y no haber comunicado debidamente la información correspondiente a las autoridades federales.
Un juez ordenó que Jáuregui permanezca en prisión preventiva en el penal federal del Altiplano, mientras continúa el procedimiento judicial. El exfiscal ha rechazado los señalamientos y sostiene que no autorizó la participación de los agentes extranjeros. Su defensa también ha cuestionado las motivaciones políticas de la investigación.
La controversia ha generado repercusiones en la relación entre el Gobierno federal y la administración de la gobernadora Maru Campos, quien respaldó que el caso se investigue. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum ha negado que exista un acuerdo político relacionado con la detención.
Además de determinar la posible responsabilidad penal del exfuncionario, el proceso podría sentar un precedente sobre los límites de la colaboración entre gobiernos estatales mexicanos y agencias de seguridad extranjeras
