El Salvador se convirtió en uno de los pocos países del mundo en aplicar la cadena perpetua a menores de edad. Las reformas constitucionales y penales firmadas por el presidente Nayib Bukele entraron en vigor este domingo, estableciendo que adolescentes de entre 12 y 18 años pueden recibir sentencia de prisión de por vida si son hallados culpables de delitos como homicidio, femicidio, violación o participación en actividades terroristas vinculadas a pandillas.
La legislación incluye un mecanismo de revisión obligatoria: las sentencias de cadena perpetua para menores comenzarán a revisarse después de 25 años de cumplimiento. Los defensores de la reforma argumentan que es una respuesta necesaria a la brutalidad de los crímenes cometidos por jóvenes reclutados por el crimen organizado, en un país que bajo Bukele redujo drásticamente sus índices de homicidio mediante el Estado de Excepción y el encarcelamiento masivo.
Sin embargo, la medida generó reacción inmediata de organismos internacionales. El Comité de los Derechos del Niño de la ONU y el UNICEF expresaron su profunda preocupación y advirtieron que la cadena perpetua para niños viola la Convención sobre los Derechos del Niño, que promueve la proporcionalidad en las penas y prioriza la reinserción social sobre el castigo permanente.
El debate trasciende fronteras: en varios países latinoamericanos, incluido México, el tema de la imputabilidad penal de los menores es un punto de tensión recurrente en la agenda legislativa. La decisión de El Salvador podría empujar a otros gobiernos de la región a explorar medidas similares, generando un efecto de imitación que alarma a los defensores de derechos humanos.