La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación levantó el plantón que mantuvo durante casi tres semanas en la Ciudad de México, pero la salida del campamento no cerró el conflicto: abrió uno nuevo. Una minuta interna, fechada el 17 de junio, consigna que el gobierno federal entregaría 800 millones de pesos a la Sección 22 de Oaxaca para atender necesidades educativas y combatir el rezago en la entidad, con un presupuesto equivalente al del ciclo escolar anterior.
El secretario de Educación, Mario Delgado, salió a desmentir la versión durante una gira de la presidenta Claudia Sheinbaum por Tijuana. Aseguró que el dinero existe y tiene destino presupuestal claro, pero que no pasa por manos del sindicato ni de la CNTE, y que se trata de plazas del presupuesto federal. "No hay ningún recurso para el sindicato", insistió.
La dirigencia magisterial no quedó satisfecha con la explicación. La secretaria general de la sección, Yenny Aracely Pérez, criticó al gobierno de Sheinbaum por no cumplir la promesa de abrogar la Ley del ISSSTE de 2007, que es la demanda central del gremio. La CNTE anunció que buscará a la presidenta durante sus giras por el país para exigir una reunión directa sobre ese tema.
La polémica coloca al gobierno en una posición incómoda: si reconoce que los fondos están vinculados al levantamiento del plantón, valida la lectura de que cedió ante la presión. Si lo niega, la CNTE tiene argumentos para regresar a las calles. El conflicto magisterial con la Sección 22 lleva décadas de ciclos similares y los actores principales saben que esta tregua tiene fecha de vencimiento.