El mayor derrame minero en la historia reciente de México continúa enfermando a comunidades que nunca recibieron la reparación prometida. A doce años del desastre, el símbolo del abandono es un hospital fantasma.
Ocho comunidades afectadas por los tóxicos atribuidos a Grupo México reportan padecimientos, muertes y falta de tratamientos. Familias aseguran que deben viajar o pagar atención que debía garantizarse como parte de la remediación.
La infraestructura sanitaria quedó inconclusa mientras persisten dudas sobre agua, suelo y seguimiento epidemiológico. Los habitantes reclaman información completa y atención permanente, no campañas esporádicas.
El caso plantea una prueba de responsabilidad empresarial y estatal. Sin vigilancia de largo plazo, el costo ambiental se transforma en una deuda médica que pasa de una generación a otra.
