A pocos días de la victoria de Laura Fernández en las elecciones presidenciales de Costa Rica, el debate público se ha centrado en la viabilidad y las consecuencias de sus propuestas de seguridad. La presidenta electa, quien ganó en primera vuelta rompiendo con el tradicionalismo político, ha prometido una reestructuración profunda del sistema penitenciario y policial, inspirada en modelos de 'mano dura' aplicados en otras naciones de la región.
Analistas políticos señalan que, si bien el mandato popular es claro, Fernández enfrentará un escenario complejo en la Asamblea Legislativa, donde no cuenta con una mayoría calificada para realizar reformas constitucionales inmediatas. La necesidad de construir alianzas con partidos opositores será fundamental para avanzar en su agenda sin caer en parálisis legislativa o gobernar mediante decretos que podrían ser impugnados legalmente.
Sectores de la sociedad civil y organismos de derechos humanos han expresado su preocupación por el tono de las propuestas, advirtiendo sobre el riesgo de erosionar las garantías democráticas que han caracterizado históricamente a Costa Rica. El debate sobre la construcción de nuevas cárceles de máxima seguridad y la militarización de ciertas funciones policiales domina las conversaciones en medios y redes sociales.
Mientras tanto, el equipo de transición de Fernández ha comenzado a reunirse con los mandos actuales de seguridad para asegurar un traspaso de poder ordenado. La expectativa es alta, y la ciudadanía espera resultados rápidos ante la creciente percepción de inseguridad, poniendo a prueba la solidez de las instituciones democráticas del país frente a las promesas de cambio radical.