El presidente boliviano Rodrigo Paz declaró el estado de emergencia nacional por 90 días luego de que semanas de protestas y bloqueos de carreteras paralizaran la economía y provocaran una crisis humanitaria que ya cobró al menos 17 vidas. La decisión le otorga a las fuerzas armadas amplios poderes para levantar los cortes de ruta que desde hace 50 días estrangula el suministro de combustible, alimentos y medicamentos en la capital y otras ciudades.
La crisis se desencadenó en mayo cuando el gobierno de Paz eliminó subsidios al combustible que habían estado vigentes por décadas, como parte de un plan de austeridad para reducir el déficit fiscal. La medida encendió a sindicatos, comunidades campesinas y organizaciones sociales que exigen la renuncia del presidente y la reversión de las medidas económicas. Cinco semanas después, los bloqueos persisten y las pérdidas acumuladas alcanzan los 3,000 millones de dólares, según cifras de la Cámara Nacional de Industrias.
Las consecuencias humanitarias son graves: la Defensoría del Pueblo de Bolivia reporta que la mayoría de los 17 fallecidos murieron por falta de atención médica derivada de las interrupciones en el transporte. Hospitales en zonas aisladas operan sin insumos básicos, y en varios departamentos la escasez de combustible ha detenido actividades agrícolas e industriales.
El decreto de emergencia prohíbe las concentraciones masivas y los bloqueos de vías en todo el territorio nacional. La oposición lo calificó de autoritario y anunció que impugnará la medida ante instancias internacionales. La comunidad internacional observa con preocupación lo que analistas definen como el peor estallido social en Bolivia desde la crisis del gas de 2003.