--La “cueva” de los tránsitos --Acusan a funcionaria cruel --Año de Hidalgo en la SCT

AGUINALDO.- Vecinos de las Quintas Carolinas, Barrio del Norte, Junta de los Ríos y otras que se comunican por la vialidad Sacramento, están sumamente preocupados por la cada vez mayor presencia de agentes de la Policía Vial, que no están propiamente para prevenir accidentes o auxiliar a la población.

AGUINALDO I.- Resulta, dicen, que con total desparpajo están en busca de completar su aguinaldo, bueno, la suma extraoficial de esa prestación que les paga la Dirección de Vialidad, la Comisión Estatal de Seguridad o la Fiscalía General del Estado, porque con tanto cambio ya no se sabe para quién trabajan.

MORDIDA.- Los quejosos señalan que se instalan estratégicamente para no ser detectados por los automovilistas, en una ruta en la que fácilmente se alcanza el límite de velocidad; y lejos de hacer presencia para prevenir y mantener el orden vial, sobran los que se esconden para cazar a los incautos, no precisamente para multarlos por su infracción a la ley, sino para echarles el clásico discurso de que sale más caro ir a pagar la multa que arreglarse ahí mismo en el lugar.

SOLAPA.- A ver si las cámaras de solapa que ayer entregó el jefe de la Policía Vial, Javier Palacios Reyes, alcanzan para los agentes de dicha vialidad y otras donde se presenta el mismo problema. Bueno, el problema no es que alcancen, sino que realmente sirvan, no vayan a estar como las de la Policía Municipal, convenientemente apagadas o volteando para otra parte cuando se ofrece.

ANTIRRÁBICO.- En las redes crece aceleradamente una denuncia contra Alejandra Isabel Flores Martínez, directora del Centro de Prevención y Control de Zoonosis del Estado, conocido como el Centro Antirrábico, pues apenas nombrada hace menos de un año, acumula muchas quejas por malos tratos a los animales y a las personas con las que trata.

MATAPERROS.- Conocida ya como la funcionaria mataperros, señalan, la mujer enfrenta quejas por violaciones a los derechos de los trabajadores, pero además reclamos del exterior de gente a la que ha matado a sus mascotas, sin la justificación legal que demandan estos casos.

MATAPERROS I.- Personal del centro, usuarios y activistas por los derechos de los animales aseguran que las faltas en que ha incurrido Flores Martínez son reales, no meras apreciaciones producto del disgusto con un burócrata o servidor público, sino hechos concretos y documentados de violaciones a la ley.

MATAPERROS II.- Por ello, dicen, demandan su destitución inmediata, por más que ella presuma de sus influencias, reales o supuestas, con el gobernador Javier Corral y su esposa Cinthia Chavira o con el secretario de Salud Jesús Enrique Grajeda, pues a esos niveles ha escalado ya el problema, sin que se le preste atención con una investigación seria.

TRANSICIÓN.- Las oficinas de transición y diagnóstico del Gobierno Federal en el estado, reportan los que saben, trabajan a todo vapor en las diferentes delegaciones, pues se espera que a finales de este mes pudieran darse los nombramientos en las dependencias que van a tener un nuevo comienzo a partir de diciembre.

TRANSICIÓN I.- Por un lado, dicen, las dependencias son diagnosticadas con la infinidad de fallas que presentan y luego son analizados los perfiles de los empleados, principalmente de confianza, porque a los sindicalizados no se les toca, para ver cuántos cobrarán únicamente hasta el mes que entra y qué posiciones se logran desocupar a la brevedad.

DIAGNÓSTICOS.- Pero más que una transición para hacer nombramientos, aseguran, lo que interesa son los diagnósticos de las dependencias federales, pues es importante, señalan, detectar qué prácticas y programas exitosos tienen vigentes, para continuar con éstos, no quitarlos por el sólo hecho de hacerlo.

LICENCIAS.- Por cierto, del Centro Chihuahua de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a cargo de Rafael Chávez Trillo, reportan que el año de Hidalgo también está a todo vapor, como la supuesta transición.

LICENCIAS I.- En el área de Medicina Preventiva, denuncian, la corrupción se agravó en los últimos meses, pues con los exámenes psicofísicos para una licencia federal, ahora sólo para una cita cobran 500 pesos y después, en vez de hacer su trabajo, el personal envía a psicólogos particulares a evaluar a los solicitantes, lo que tiene un costo de entre mil 800 y 200 mil pesos, cuando se supone que la misma dependencia debería hacerse cargo de esa labor.

MORDIDAS.- El camino de las mordidas, aseguran, sigue con el examen médico en la SCT, que también se cotiza entre 200 y 500 pesos, siempre y cuando el solicitante esté sano, porque si presenta algún padecimiento la cuota sube exponencialmente; y para rematar hay un pago extra por obtener la licencia que se exige a los choferes de carga y transporte de personas que circulan por carreteras.

SEGURIDAD.- Además del daño que se ocasiona a quienes hacen trámites, denuncian en la dependencia federal, estas prácticas ponen en riesgo la seguridad en el transporte, a miles de pasajeros y usuarios, a la sociedad entera. Ese es el verdadero costo de la corrupción de la SCT.

PILOTOS.- Pero de qué nivel será la corrupción en la dependencia federal que, dicen, hasta en el caso de los pilotos de aeronaves, considerado un renglón de seguridad nacional, se aplica básicamente el mismo modelo, claro que con mordidas más altas. Ojalá, señalan, que sí exista un cambio radical y se combatan estas corruptelas, porque si se van a dejar las mismas prácticas a funcionarios diferentes, jamás habrá la tan mentada cuarta transformación.

SOCIAL.- Con razón el secretario de Desarrollo Social, Víctor Quintana Silveyra, andaba de plácemes los últimos días, pues de acuerdo con el Índice Estatal de Capacidades para el Desarrollo Social (IDES) que elabora Gestión Social y Cooperación AC, Chihuahua avanzó del lugar 29 al 6 en el contexto nacional, al pasar de una calificación del 37.15 al 62.21%.

IDES.- El IDES se compone de tres instrumentos básicos: un ranking que clasifica a las 32 entidades federativas de mayor a menor nivel de desarrollo de capacidades institucionales para implementar una política social efectiva, abierta y participativa; una tipología de capacidades, que clasifica a los 32 estados en cinco categorías: Óptimo, Intermedio, Básico, Bajo y Escaso y un informe individualizado para cada entidad con sus principales fortalezas y debilidades.

SALTO.- El salto que da el estado entre 2017 y 2018 en este índice lo hace pasar de Escaso a Intermedio en las categorías definidas por el IDES, con una gran cantidad de problemas a resolver, pero con un avance que vale la pena resaltarse porque rara vez el combate a la pobreza, principal meta con la política social, pasa de los discursos a los hechos.

JALONEOS.- La falta de acuerdo entre las mayorías irreconciliables del Congreso del Estado, PAN y Morena, y las minorías que representan todos los demás, llevó a abortar otra vez a la Comisión Jurisdiccional, que no pudieron integrar los diputados que conforman la Junta de Coordinación Política del Legislativo.

RECHAZO.- Los partidos del PRI, PES, PVEM, PANAL y MC rechazaron la propuesta de que fuera el diputado Fernando Álvarez Monje, presidente; Benjamín Carrera Chávez de Morena, como secretario; y la diputada del PAN, Georgina Bujanda como vocal, integrantes de la Comisión Jurisdiccional, que conocerá de las denuncias o acusaciones que se presenten contra servidores públicos que gocen de fuero constitucional.

RECHAZO I.- La diputada de Encuentro Social Marisela Sáenz manifestó su rechazo a que el PAN la presida, ya que asegura no puede ser integrada por diputados del partido del gobierno en turno, en este caso, Acción Nacional.

ANTIDOPING.- De manera sorpresiva, la Dirección General de Transporte llevó al antidoping a cientos de choferes de camiones urbanos y taxis, a fin de mantener un control estricto en quienes son los encargados de la movilidad de miles de personas dentro de las principales ciudades del estado.

ABUSOS.- La medida es favorable, necesaria, pero llegan quejas de los líderes del gremio por la forma abusiva en que los taxistas principalmente fueron obligados a acudir en sus horarios de trabajo, además de que les dieron trato de delincuentes, dado que se los llevaban casi como detenidos.

REGULADOS.- La sobrerregulación al transporte público es una injusticia, dicen, cuando hay un mundo totalmente desregulado, el de Uber, que de pura casualidad es que el que ha salido más ligado a casos de droga, homicidios, violaciones y otros delitos, pero a sus choferes nadie los molesta, no hay autoridad alguna que les ponga algún tipo de control, con un montón de pretextos.

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