-El llamado de atención por muerte de doctora
-Paralizada, la estructura estatal
-No conmueve a gobierno caso Camila
La activista Norma Ledezma trajo a colación y rescató el tema del terrible homicidio de la doctora Karen Estrada Ávila, ocurrido hace ya algunos meses en un conocido hospital de la ciudad.
Oportuna la llamada de atención en el asunto, por la opacidad en que ha sido manejado, bajo el pretexto de lo delicado del tema, que por supuesto lo es, pero no justifica la ausencia de transparencia y la intentona de la empresa hospitalaria de deslindarse del asunto.
Hay un halo de impunidad en el caso. Las versiones corren rápido en el sentido del involucramiento de gente muy poderosa e influyente, que ha propiciado por ejemplo la percepción de que algo muy grave se oculta.
Es cierto que los médicos en los hospitales privados no son empleados de las empresas, y que trabajan bajo un esquema de servicios profesionales y honorarios. Hay el pago de comisión al hospital por los servicios prestados, pero eso no justifica la ausencia de interés por esclarecer el caso, cuando existen todos los elementos para hacerlo, como es el video de los hechos.
Bien haría la Fiscalía en ocuparse realmente de las investigaciones y concluir, para generar certidumbre en la comunidad y en las víctimas indirectas, en lugar de dar largas eternas, que envían mensaje de desatención.
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El miedo no anda en burro, y desafortunadamente es contagioso. Los temores del gobernador de negarse a abordar cualquier comentario en relación con asuntos del crimen organizado, dejando en el Fiscal General completamente el caso del video y asesinato del joven agente policía municipal en Cuauhtémoc, como ocurrió en la conferencia de prensa realizada el pasado miércoles en Juárez, se propaga y paraliza a la estructura estatal completa, no sólo en términos mediáticos, sino operativos. Incluso alcanza al ámbito federal.
Un caso nada más para confirmar lo anterior. El enfermero asesino Jorge Alberto Ceballos Almengor, goza de una protección inexplicable. No avanzan las audiencias en el ámbito judicial, están detenidas arbitrariamente. Los plazos se violentan con ligereza inaudita. Es más, la esposa ni siquiera ha sido presentada como presunta coautora.
En el IMSS sólo hay una rescisión de contrato contra el presunto responsable del homicidio de la familia Romero. Pero no hay ninguna otra acción. La venta de plazas, el uso de documentación oficial, tráfico de influencias y la intervención de funcionarios delegacionales o sindicales ya quedó en el olvido.
Hay una antesala de impunidad inaceptable en el asunto. Haría bien el señor gobernador Corral en cambiar su actitud, al menos la mostrada públicamente. Un poco más echado adelante, como en la Operación Justicia para Chihuahua. Porque su mal ejemplo, como primera autoridad, está bajando muy rápidamente a los mandos medios y operativos, en una espiral abúlica desesperante.
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Precisamente en este tema. Lastimoso el gobernador al acudir a la Conferencia Nacional de Gobernadores, luego de referirse en múltiples ocasiones de manera peyorativa en contra de ella. Entelequia le dijo, es lo más decente que esta columna recuerda.
Y no fue una sola vez que se refirió de mala manera a la organización de los gobernadores. Y una y otra vez acudía a las reuniones para tratar de utilizar a la Conferencia para sus fines personales.
Hoy, en un oportunismo evidente, quiere que salga la Conferencia a defender su punto y disputa que sostiene con el presidente Enrique Peña Nieto, como la madre de todas las batallas. Más aún, en la incongruencia plena, concita a la acción además a los ministros -a quienes también ha vilipendiado- e incluso al presidente electo, contra cuya gente ya ha tenido adjetivos, recuérdese a Yeidckol Polevnsky.
Parado como centro del universo, Javier Corral, se erige -lo dijimos antes- como el salvador de la república, disputando tal escenario al nuevo ocupante de la silla del águila.
La reyerta mediática entre Alfonso Navarrete, secretario de Gobernación Federal y César Jáuregui, es necesariamente una consecuencia de ese afán protagónico que nos llevará un mes, un largo mes de diatriba y acusaciones mil, que aislarán y paralizarán aún más el quehacer gubernamental estatal.
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En ese sentido, paralización gubernamental, es lo que ya empiezan a sufrir los usuarios de servicios en delegaciones federales. Condusef, por ejemplo. Ya no hay personal que atienda los procedimientos instaurados.
Los contratos temporales han sido cancelados por la finalización de la administración, pero más aún, por la incertidumbre existente en la continuidad de los mismos, con la llegada de Morena a la Presidencia de la República.
El problema es que las decisiones administrativas generan caos en la atención a los usuarios de servicios, que deberán esperar más de un mes para la regularización de los procedimientos, sino es que más, por el natural periodo de asentamiento de los nuevos funcionarios. Una curva de aprendizaje sumamente dolorosa.
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El hubiera no existe… pero provoca la reflexión. A ocho días del asesinato de la pequeña Camila Cobos y de la vinculación a proceso de su presunto asesino, nada más cierto que las palabras expresadas por su familia: ni una pena, por máxima que sea, habrá de devolverla.
Sin embargo, la pregunta ronda en el aire. La muerte de la niña ¿se pudo haber evitado? ¿o al menos puede servir de experiencia para que otros crímenes similares puedan evitarse? Una vez más la actuación de las corporaciones policiacas y los protocolos de búsqueda de personas desaparecidas se pone en tela de juicio.
Es verdad que desde hace al menos dos años frente a un reporte de desaparición ya no deben esperarse las 72 horas para la activación de la Alerta Ambar y del protocolo Alba, pero aún se pierde tiempo que es oro en perjuicio de la víctima.
Para que las corporaciones se movilicen y los protocolos se activen, aún no basta el reporte directo de una desaparición a una autoridad policiaca, pues es indispensable que el reporte lo interponga de manera directa un familiar ante la Fiscalía del Estado.
En el caso de Camila, entre el caos y la desesperación que vivía la madre, ese reporte se interpuso más de dos horas después de que fue sustraída. Ese tiempo dio un amplio margen para que su asesino viajara desde el Centro de la ciudad hasta el camino que conduce a San Diego de Alcalá – más de 40 minutos – sin que las características de su auto fueran aún buscadas por la policía.
Todavía más, el hombre regresó a la ciudad esa misma noche, después de abandonar el cuerpo en despoblado, y lo hizo sin que existiera un cerco de vigilancia en los principales accesos de la capital.
Esos tiempos perdidos han permitido la comisión de crímenes, como el de la estudiante de Cuauhtémoc, Andrea Athié, y fueron también la puerta de escape para el presunto responsable de la privación de la libertad de la niña Alondra.
Lamentablemente no se vislumbra una preocupación real de las autoridades y prueba de ello es que el Estado prefiere destinar más recursos a su semanario Cambio 16 (más de 20 millones de pesos) que a la fiscalía especializada que investiga femicidios y desapariciones de mujeres, la FEM, a la que sólo le dieron 19 millones.
¿Cuántos crímenes más habrá que lamentar antes de que los protocolos y los presupuestos se ajusten a las necesidades reales que obliga hoy la violencia?
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