Un policía ejecutado, en la trama Aparicio y Peniche
-Aprieta Corral por ley de publicidad oficial
-Exhibida la Fiscalía en caso Camila
-Justicia y gracia en tiempos de AMLO
En una crónica de muerte anunciada, el joven policía municipal de Cuauhtémoc, Jesús Andrade, apareció muerto en una brecha de aquella zona. Al mismo tiempo del hallazgo, un video que muestra un interrogatorio bajo presión de sujetos encapuchados. Preguntas y respuestas bien montadas por sus asesinos.
Hasta ahí parecía quedar la historia. Pero Carlos Tena, el presidente municipal, salió a insistir con su teoría, aunque cale profundo en Palacio: hay evidencias de que la tortura y asesinato corrió a cargo de agentes estatales.
Indignación y rostros de admiración: tanto César Peniche, el fiscal general, como Oscar Aparicio, el titular de la Comisión Estatal de Seguridad, saltaron prestos a desmentir el supuesto.
No podían permitir tal atrevimiento. En el contexto, el video con toda la crudeza y el infortunio de que están muy enredados en la pita, en un enfrentamiento que recrudecerá a partir del primero de diciembre, cuando la lógica del poder se modifique y la balanza morena se incline.
Deberán tomar también sus previsiones ambos funcionarios policiacos, la acusación de Tena sobre sus vínculos presumibles con los grupos del crimen organizado no es la única; es un secreto a voces en el mundo policiaco, político y empresarial que ambos juegan para uno o varios bandos delictivos.
Ésa es la realidad
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En la oscuridad, muy lejos de todo reflector, camina impasible la parchada ley de publicidad impulsada por Javier Corral. Parchada o remendada, como se le quiera decir, porque recordarán nuestros amables lectores que presentada hace algunos meses, hubo que hacerle modificaciones inmediatamente por el exceso de ser prohibitiva hacia aquellos medios que manejaran información policiaca. Y como tal, violatoria totalmente de la libre expresión.
En los pasillos de la Torre Legislativa se insiste en que en las próximas semanas -¿días?- será sometida a Comisiones la propuesta con algunos remiendos menores, pero en general, pasa la propuesta íntegra del señor.
Esto, pese a que saltarán chispas en el pleno. No desconocen algunas fracciones parlamentarias que la ley de publicidad es una mala copia de la federal, porque ni siquiera aborda íntegramente la relación con los medios de comunicación como es el apartado de la obligación que tiene el Estado de proporcionar información. Es decir, el derecho a la información. No es una ley de comunicación social, sólo una norma que regula la parte pecuniaria de la relación. Se trata de un intento para maniatar a los medios.
El único apartado positivo que se ve en la ley es aquél en que se prohíbe su uso político en contra de los enemigos del nuevo amanecer. ¿Será que están los días contados del bodrio Cambio 16? No lo creemos. Más bien estamos frente a una declaración hipócrita. Póngase en la ley, pero no se cumpla.
Las cosas negativas son muchas. Para muestra el segmento normativo que permite la hipersegmentación del mercado, o mas bien dicho, autorización para inmiscuirse sin autorización en los intereses de los cibernautas utilizando palabras de búsqueda. Situaciones que han metido a Facebook en problemas millonarios. Y que aquí se ignoran descaradamente.
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La evidenciada fue mayúscula. No podía ser de otra forma, más que a través de una conferencia de prensa, como se exhibieran las fallas que la Fiscalía se ha negado a aceptar de manera insistente, en el lamentable caso de Seyni Camila.
Fueron los protocolos, los procedimientos que no permitieron actuar de inmediato y con rapidez en el caso de la pequeñita asesinada vilmente. Es cierto, son las palabras de Norma Ledezma, abogada y derechohumanista, pero ¿quién mejor que ella para acompañar a la familia próxima de Seyni, en un momento de gran dolor y exigencia de justicia que no ha llegado?
Más aún, la victimización continúa con los desplantes del juzgado que niega la presencia en la sala, donde el presunto responsable fue sometido a proceso, para enfrentar el juicio por el crimen.
Es un derecho de la familia de las víctimas cerciorarse y estar presente en las audiencias, bajo medidas de seguridad si se quiere, pero intervenir al menos con ello en su afán de encontrar alivio y justicia, que hoy se imparte a medias.
La exhibida pública tiene como antecedente en lo inmediato la imprudencia del fiscal, César Peniche, que prefiere trasladar toda la responsabilidad en la evidente descomposición social y no en los procedimientos, soberbia plena y distancia del dolor de una familia que ha perdido a uno de sus tiernos seres queridos. Bonita sensibilidad.
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Justicia y gracia para mis amigos, justicia para mis enemigos. Palabras más, palabras menos, se atribuyen a Benito Juárez García, el indio oaxaqueño, elevado por su fanaticada a Benemérito de las Américas.
Es figura emblemática en la que Andrés Manuel López Obrador se ha refugiado desde un inicio de su periplo presidencial en campaña.
Esas palabras que deben ser contextualizadas en dos momentos. La visita que le hizo a Corral en Palacio, donde le ofreció justicia en el marco de la ley en contra de César Duarte; y la declaración de ayer, donde Corral afirma que Peña Nieto intentó la controversia constitucional para evitar que el Ministerio Público Federal actuara contra él a partir del primero de diciembre.
Si se agrega a este preámbulo la defensa de Yeidkol Polevnsky, la mujer fuerte del nuevo régimen, al caso Alejandro Gutiérrez, tratándolo como perseguido político, tenemos un coctel muy interesante.
Un preludio de justicia y gracia que ha de tener muy preocupado a Palacio. En ese marco se entienden las acciones mediáticas desesperadas de la última semana.
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