Hablan de castración... pero nomás hablan

-Un magistrado calderonista ablanda a Corral

-Que se oigan los aplausos de Palacio a Maru

Bien reza el dicho de “muerto el niño a tapar el pozo”. Es lamentable que deba suceder una tragedia como el asesinato de la pequeña Camila Cobos para que las autoridades despierten de su letargo y propongan acciones que desde hace mucho tiempo debieran estar vigentes para la protección de la niñez chihuahuense.

Ayer el nombre de Camila sonó fuerte en el Congreso del Estado. El corte de tajo de esa vida inocente puso de pie a los 33 legisladores y abrió el debate en la tribuna de reformas que desde hace décadas duermen el sueño de los justos, como la castración química, la pena de muerte y otras similares que suelen ser exigencias de los ciudadanos frente a un crimen atroz.

Son discusiones que siempre traerán voces a favor y en contra, por lo que difícilmente habrán de ver la luz del día, pero otros puntos como la regulación para efectos de seguridad de los perfiles de quienes prestan servicio de transporte de pasajeros a través de una plataforma de internet, creación de base de datos, más recursos para la prevención y la activación de la alerta de género, entre otras, son aspectos que si no han prosperado, es sólo por tortuguismo, burocracia y trabas que tienen su origen en intereses políticos.

Por desgracia ante este tipo de casos lo que surge son sólo llamaradas de petate. Cuando en mayo del 2015 cinco niños asesinaron al pequeño Christopher Márquez, la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno de Duarte, entonces bajo la titularidad de José Luis García, anunció un magno programa de intervención en la zona oriente de la ciudad. Un programa similar fue anunciado durante la presente administración. En ningún caso ha dado resultados.

Se necesita más que llevar cortes de cabello, programas de limpia pública o vacunación para mascotas.

Se requiere de una acción permanente, determinación para aplicar como se deben los tratados y acuerdos para la protección de la niñez, y no sólo el simple deseo de aparecer en la foto simulando que se hará algo.

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Han sido días aciagos para el gobierno estatal por la resolución de la Suprema Corte de Justicia que acepta la controversia presidencial de Enrique Peña Nieto y prepara una sombrilla jurídica de protección transexenal en el afamado caso de la famélica “Operación Justicia para Chihuahua”.

Todo en las mismísimas narices de decenas de ministerios públicos y sabuesos estatales que solamente han hecho gran fortuna económica entre los pocos caídos en desgracia. Una auténtica bomba que prepara un puente adecuado y cómodo para la próxima administración.

Ante ello, primero fue la Consejería cuyo titular salió a declarar. Luego el mismo gobernador y hoy el Fiscal General. Tres versiones de una misma tragedia. No hay ton ni son en la crónica puntual del suceso.

A media tarde del lunes, presurosa, la Consejería del Estado ya tenía una solución para la aceptación de la controversia. Una revisión de la resolución y una queja contra la orden de entregar copia de los expedientes. Textual refiere el comunicado respectivo, no se trata de una suspensión.

Más tarde, ya por la noche, el gobernador pilló: si se trata de un amparo hay que detenerlo a como dé lugar. Adjetivos mil a las resoluciones y el pacto de impunidad donde se involucra a la Corte. Ratificó la ruta jurídica planteada por el Consejero, dándole un voto de confianza.

Pero ayer fue el Fiscal, César Peniche, quien dio la nota discordante. No habrá apresuramientos en la decisión de las acciones jurídicas a asumir. ¿Entonces de qué se trata?

Las declaraciones y comunicados son públicos. Circularon profusamente. No se ponen de acuerdo en las acciones jurídicas, menos en lo mediático. Y José Antonio Pinedo, el comunicador social, preocupado por Meridiano 107, el nuevo juguete que atribuye a su familia, pero en el cual tiene puestas sus esperanzas pecuniarias, en lugar de ponerse siquiera a cuidar a su patrón en las funciones que tiene encomendadas.

En el momento la decisión de la Suprema Corte está firme. Debe informarse de las investigaciones, en un precedente inédito en la justicia mexicana.

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Otro dato interesante en esta trama singular de la controversia.

No es casualidad que sea el ministro de la Corte, Eduardo Medina Mora, quien obsequie la aceptación de la Controversia Constitucional contra el nuevo amanecer.

Hay un sabor a venganza en la radical resolución. Medina pertenece al grupo político que una y otra vez Corral enfrentó y afrentó, el de Felipe Calderón y Vicente Fox, arropado por Peña Nieto a la mitad del sexenio, con una sala en la Corte.

Recordemos que Medina fue responsable del Cisen y de Seguridad Pública con Fox; luego con Calderón se hizo titular de la Procuraduría General de la República y Embajador en Reino Unido. Con Peña no fue difícil brincar a la principal Embajada, la de Estados Unidos, y en 2015, en una negociación tricolor y azul, asumir la Sala de la SCJN.

Hoy, con singular placer asume una decisión contra el acérrimo enemigo. Una de cal por las que van de arena.

Por ello, los adjetivos de Corral contra el togado. Había mucha molestia, odio, desesperación y frustración en ellos.

Tiene bases su angustia. La Suprema Corte puede invalidar los procesos si no hay respuesta en los términos ordenados. Es además la última instancia para rescatar el principal programa del gobierno en curso, el ataque a la corrupción, sin el cual, ante la falta de obra, se queda vacío.

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El rumor es insistente dentro de la Fiscalía y en la Comisión Estatal de Seguridad. El ambiente laboral es insoportable, más aún con la ola de violencia desatada contra elementos de la corporación.

La situación ha llevado a una serie de renuncias de los agentes que no ven un respaldo de sus jefes inmediatos, ni acciones coordinadas de protección. Están simplemente expuestos a una guerra donde ellos son las víctimas.

Se les exigen turnos dobles y triples, extenuantes, bajo amenaza de despido. El famoso Mando Único está generando demasiada presión por los traslados intempestivos para tapar hoyos y atender emergencias.

Desesperados, los agentes terminan por renunciar. Por ello las continuas campañas de contratación, que escasos resultados tienen.

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La consulta que sirvió de base para que Andrés Manuel López Obrador saliera públicamente a anunciar la suspensión del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, concitó muy variadas reacciones. Una de ellas en change.org, que ayer al mediodía tenía mas de 150 mil votos en contra.

Peña Nieto salió a declarar que continuará con la construcción y que el nuevo gobierno deberá enfrentar, de asumir la decisión, las demandas de los inversionistas. La defensa morenista fue airada. Memes por aquí y por allá.

En lo local el asunto toma tintes dramáticos. La decisión la tomaron 16 mil personas, nueve mil en contra y siete mil a favor de Texcoco. Participaron el .6 por ciento en total del electorado Chihuahuense, integrado por 2 millones 646 mil personas.

La nueva democracia.

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Ya lo habíamos anticipado en este mismo espacio. La plataforma Escudo Chihuahua ha resultado un extraordinario aliado para la seguridad pública y para salvar las investigaciones de la Fiscalía General del Estado.

El caso de las primeras indagaciones en el caso de la pequeñita Camila así lo demuestran. Las imágenes captadas por las cámaras permitieron ubicar el vehículo e incluso el rostro del asesino confeso.

Es muy rimbombante y atrayente presumir la efectividad en unas investigaciones que descansan en el esfuerzo ajeno. La comodidad debe ser recompensada con inversión y no con declaraciones públicas de la Fiscalía. Que se oigan en Palacio los aplausos para Maru.