-No tiene el doc ni para dónde hacerse -Napo en otra mentira más -Unidad de los dientes para afuera -Guillotina de Tere en Cobach

Para donde se haga el Secretario de Salud, Jesús Enrique Grajeda, tendrá muy poco margen de maniobra.

O asume la cesión plena de la salud al gobierno federal, o tendrá que irse despidiendo del ejercicio de cualquier recurso adicional en todos los rubros.

Si actualmente la situación es asfixiante, el respirador tendrá nuevos candados y condiciones, con los cuales no puede la administración actual por su inanición financiera.

No sólo es medicamento o financiamiento para atención médica dentro del recién nacido Instituto de Salud para el Bienestar, sino toda la carga que representa actualmente, por ejemplo, el manejo de los recursos humanos.

Para empezar, la federación le echará en cara el incumplimiento del estado en términos de homologar salarios y hacerse cargo de los nuevos pasivos laborales acordados en los convenios de coordinación.

Son miles los trabajadores precarios que han sido maltratados por el nuevo amanecer y las anteriores administraciones no sólo en Servicios de Salud, sino también en Ichisal y en las mismas oficinas centrales de la Secretaría de Salud que es apenas un puñado de empleados.

Sin el organismo descentralizado Servicios de Salud y con un nuevo modelo de Seguro Popular, la secretaría prácticamente desaparece, porque Ichisal dejaría de atender población abierta, y se concentraría en la atención de personal precario estatal.

Pero como los hospitales han sido construidos y equipados con recursos federales, luego entonces tendrían que pasar al gobierno federal para su operación dentro del Insabi.

Mucho es especulación, es cierto. Esperemos que Grajeda regrese con buenas noticias de sus negociaciones en el centro del país, pero si no ha podido poner orden en su casa, menos podrá con el nuevo modelo federal que va por todas las canicas en salud.

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Napoleón Gómez Urrutia es el actual líder de los mineros en el país, con un pasado muy negro y acusaciones graves de corrupción.

Por arte de magia el nuevo régimen le exoneró de sus pecados a tal grado que lo entronizó de nuevo en el sindicato y lo hizo senador de la República, donde hoy cobra una dieta y un salario jugoso.

Hace unos días fue noticia de nuevo por una mentirilla que contó hace poco más de un año, y que tiene que ver con la nacionalidad canadiense, a la cual se supone renunció antes de asumir el cargo obligado por la supuesta prohibición expresa de la Constitución.

Pero resulta que fue captado abordando un vuelo internacional de Aeroméxico, para lo cual se identificó como ciudadano de Canadá.

Así como lo escucha. Él y su esposa utilizaron el pasaporte que expide el país de la hoja de arce a sus ciudadanos. Un portal canadiense publicó la información que se volvió viral.

La verdad tarde que temprano se asoma, como ha dicho AMLO. Napo no podía identificarse en Canadá como ciudadano mexicano, so pena de incurrir en una violación a las leyes de ese país.

Muy inteligente, hizo un trámite ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, de supuesta renuncia a la nacionalidad canadiense, cuando debió acudir ante el gobierno de Canadá y no ante las instancias mexicanas.

Inmediatamente surgieron voces desde el sindicato democrático de mineros y del mismo Senado de la República, para exigir una investigación de la nacionalidad del senador morenista, que incluya solicitar informe al ministerio del exterior canadiense.

Una indagación que no debe quedar sólo en el líder minero. Sin duda debe extenderse hasta el Estado de Chihuahua, por la evidente violación constitucional que en materia de nacionalidad está cometiendo desde hace varios años el gobernador Javier Corral Jurado, y que esta casa editora publicó en extenso reportaje.

Corral supuestamente se quedó en la simple solicitud de renuncia a la nacionalidad norteamericana, pero nunca la hizo efectiva. Es una de las verdades claro-oscuras que ha difundido.

Como se observa, él y Napo tienen más en común de lo que pudiera pensarse.

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La reunión fue el sábado en uno de esos desayunaderos de la Ortiz Mena. Los mensajes fueron de unidad y compañerismo en redes sociales, pero tememos que fue de dientes para afuera.

Le hicieron corralito a Maru Campos el preferido Gustavo Madero, la dirigente estatal del PAN, Rocío Reza y Fernando Mesta, el Secretario General de Gobierno.

Hay muchos temas que podrían servir de pretexto para la reunión, pero es evidente que hay una intencionalidad político-electoral subyacente.

La presidenta municipal los ha rebasado por la derecha y la izquierda en preferencia dentro del PAN y sólo alguna situación inaudita la podría descarrilar en su propósito para el 2021.

Por lo pronto, después del desayuno, realizó gira por el interior del Estado. Estuvo en Parral y después en Matamoros y puntos circunvecinos. Las imágenes en nuestra edición digital.

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De entelequia no ha bajado Javier Corral a la Convención Nacional de Gobernadores. Se solaza en adjetivos que él piensa son muy creativos para desestimar la utilidad de la organización que agrupa a sus homólogos de todos los signos partidistas.

Lo dijo en campaña y en los tres años y cacho de gobierno, que la Conago no sirve para nada, pero resulta que ahí está a la primera oportunidad.

En la foto, muy cercano a Alfonso Durazo, su cuate del alma, el Secretario de Seguridad Ciudadana del gobierno federal, aquel que le echó en cara su desinterés por las reuniones mañaneras de coordinación en la materia.

No acababa Corral de estar con Durazo y con el resto del gabinete de seguridad de la federación, en una gira de viernes, sábado y domingo, cuando ayer lunes se aprontó en la que considera una inútil Conago.

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Luego de amenazas internas por las que algunos ni disfrutar los buñuelos pudieron, el miércoles 8 de enero fue dejada caer sin piedad la guillotina en la Dirección General del Colegio de Bachilleres.

Se sumaron 4 despidos más a una veintena de funcionarios y empleados echados en los últimos meses.

Fueron sacrificados dos de confianza, Adriana Ramos y el contralor Jaime Manzanera, así como dos empleados sindicalizados, Griselda Mendoza y Melitón Corral.

Pero además están latentes más recortes, que al interior se han considerado injustificados y orientados a cumplir venganzas ordenadas por la Directora General, Teresa Ortuño, a quien le achacan completitas las decisiones.

Ante los despidos ha seguido ausente el secretario general del Sindicato de Trabajadores del Colegio de Bachilleres, Bernardo Hernández Torres.

Al parecer el dirigente sindical ha optado por ceder y delegar todo en su incondicional, José Martínez Pérez, pese a que se encuentra debidamente jubilado y no debería ocupar cargos como si se mantuviera en activo.

En medio de este desorden, sobre el Cobach hay proveedores al punto de la demanda, porque todavía es hora que no les han pagado lo licitado y contratado el año pasado.

Todo porque no hay quien sepa hacer el trabajo, ya que el cierre de trámites, documentación, previsiones de pago y demás, tenían que enviarse a la Secretaría de Hacienda del Estado el 5 de enero. Nadie lo hizo.

Otra cosa que tampoco han hecho y que seguramente habrán de observar los auditores cuando revisen las cuentas del Cobach, será el exceso de viajes y gastos al finalizar el año para evitar un increíble subejercicio que debió impedirse con el personal adecuado.

Todo esto anticipa un año difícil para la institución, ahorcada en su manejo financiero y sus relaciones laborales.