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-Se irán porque perdieron el plebiscito -El amigote del alcalde de Carichí -Ahora suena Chretin para Coparmex -A la nueva Secretaría todavía le zumba

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La alcaldesa María Eugenia Campos Galván prepara el equipo con el que además de gobernar la capital debe apuntalar su proyecto para el año 2021.

A eso se orientarán los cambios en su administración de los que ella misma ha hablado, pues sabe que debe seguir dando resultados en la ciudad si pretende fortalecer sus aspiraciones, tanto dentro como fuera del PAN.

No hay algo seguro en las áreas que la alcaldesa ha dejado en el limbo, con encargados de despacho que siguen sin ser titulares definitivos como Carlos Aguilar en Obras Públicas Municipales o Francisco Letayf en el Instituto Municipal del Deporte.

Es más, por ahora no hay apuesta siquiera por la vacante que dejó Verónica Rodulfo en la Dirección de Planeación y Evaluación.

Sí se habla, en cambio, de que vendrán refuerzos con panistas de cepa, aunque con perfil técnico, nada de improvisados.

También hay certeza es que, ahora sí, van para afuera dos de sus principales asesores que son identificados como operadores del plebiscito sobre el proyecto de alumbrado público, César Navarrete, encargado del marketing político municipal, y Arturo García Portillo, responsable general del olvidado “Iluminemos Chihuahua”.

Son cambios de primer nivel. Aunque fuera de las formalidades del gabinete, ambos estaban en el círculo más cercano de Campos Galván hasta antes del plebiscito de noviembre pasado. Por algo despachaban tan cerca de la alcaldesa.

Por eso serán los primeros cambios en cuestión de días, como calentamiento previo a una reestructura del gabinete formal que ya se anticipa.

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No cualquiera puede estar en dos trabajos al mismo tiempo -y cobrar en cada uno, por supuesto- como el director de Educación y Cultura del Municipio de Carichí, Gilberto Pérez Torres.

El funcionario municipal puede hacerlo porque es el “amigote” del alcalde panista de esa localidad, Santos Cordero, muy dado a darse golpes de pecho y a reclamar que su antecesor de otro partido no le había dejado dinero en caja.

Mientras el edil se quejaba públicamente de cómo recibió la administración en 2018, en privado ponía a su amigo como director en su gabinete, pasando por alto que también era jefe del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en Carichí.

Según Santos Cordero, le dejaron al municipio en quiebra, sólo con 100 pesos en el cajón de su despacho y unas cuantas monedas en la pobre tesorería municipal.

Sin embargo, su amigo Pérez Torres cobró tres meses consecutivos por ambos puestos, uno municipal y otro federal, a finales de 2018. Ello pese a la disposición constitucional que expresamente prohíbe reunir en una persona dos o más cargos públicos por los que se disfrute de remuneración, salvo en materia de enseñanza y siempre que no interfieran los horarios.

La Constitución del Estado se la pasaron por el arco del triunfo tanto el alcalde como su amigo, con muy buena ventaja en cuanto al sueldo que percibió el tiempo en que tuvo los dos cargos de forma simultánea.

La ley considera eso un gasto injustificado en el que lleva responsabilidad no sólo el beneficiario del cheque, sino el que lo designó en un cargo público, por aquello de que no tiene la culpa el indio, sino quien lo hace compadre.

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Desde octubre mencionamos en GPS los vientos de cambio que soplaban para la presidencia de Coparmex en esta ciudad.

Hubo quienes hablaron del relevo de Federico Baeza Mares tras cumplir dos años al frente del llamado sindicato patronal y hubo quienes perfilaron para la sucesión al empresario gasolinero y asesor espiritual Manuel Fitzmaurice.

Asesores, operadores y directivos de Coparmex revisaron mejor el panorama y decidieron aplazar hasta este año dicho relevo. Paralelamente dejó de sonar el nombre de don Manuel.

Ahora ha oficializado la directiva de ese gremio que habrá elección de presidente este año (Canacintra hará lo propio en proceso que iniciará estos días). Primero será integrada una comisión electoral, luego vendrá la convocatoria y finalmente la elección calculada por allá a mediados de años.

Quiere decir que el proceso en realidad apenas iniciará aunque ya se sabe que luego de retirado el nombre de Fitzmaurice apareció con fuerza el del empresario organizador de exposiciones y de bienes raíces, Arturo Chretin Castillo, integrante de la familia exdueña de la famosa Hacienda.

Arturo goza de buen cartel hacia el interior de su gremio. Pasó con Federico de la Dirección de Vinculación a la Comisión de Desarrollo Empresarial. Es bien visto y bien aceptado por la mayor de los aproximadamente 700 integrantes de Coparmex.

Pero ya veremos en las siguientes semanas cómo se mueven otras piezas. No olvidemos el caso Canaco donde se perfilaba un solo candidato y de repente apareció quien finalmente ganó.

Diríase justo en lenguaje de comerciante clásico, así es el abarrote.

 

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Fiel a su estilo de gobernar desde el escritorio y por redes sociales, el gobernador anunció en diciembre a los medios de comunicación que la Secretaría de Seguridad Pública entraría en funciones el primero de enero del 2020. La fecha llegó, y como es público, no cumplió con su promesa.

El anuncio, en el fondo, lo hizo sobre las rodillas como acostumbra tras presionar un proceso legislativo fast track, apresurado y con nulo estudio.

No existía decisión alguna sobre el nuevo titular de la mencionada Secretaría, lo cual se ha prestado a especulaciones mil, incluso con el rumor de que ya corrió de nueva cuenta a los brazos del gobierno federal para pedir un salvador, como hizo en su momento con el defenestrado Oscar Aparicio.

Se le olvida que el nombramiento es suyo sin intervención del Congreso estatal y de nadie más, pero no quiere tomar la responsabilidad. Pese a que el éxito o fracaso en seguridad será de él solo, no tiene empacho en renunciar material, que no formalmente, a la facultad de nombramiento, aunque con ello ponga en manos ajenas el tema de la seguridad. Las lealtades en ese rubro tan sensible no estarían, de entrada, con él. De ese grado es el riesgo al que camina.

Pero no es el único drama que enfrenta -o deberá enfrentar después de su asueto-. Carece el nuevo organismo de un marco jurídico que le permita operar. Así es, la secretaría está totalmente descobijada en pleno invierno.

El transitorio undécimo del decreto LXVI/RFLEY/0641/2019 I P.O. es muy claro: seis meses después de la entrada en vigor del mismo, debe aprobarse la ley orgánica de la Secretaría, con la participación de la Comisión Primera de Gobernación y Puntos Constitucionales y personas especialistas en la materia.

Y de ello no existe ningún avance. Se atravesaron las benditas vacaciones.

Incluso no sabemos hasta dónde realmente se haya realizado la entrega recepción de los bienes materiales, financieros y personal a la nueva área, que sigue funcionando desde la Fiscalía General, porque ¿a quién se le van a entregar? ¿Es ó será Aparicio secretario de despacho provisional?

El costo de una legislación apresurada con una iniciativa en la agonía del 2019 está a la vista. Es obvio. La nueva Secretaría debe esperar a la Ley Orgánica.

La ausencia de normatividad sería el colmo. Pese a ello, debe aceptarse, no sería nada extraño. Es mucha la desesperación de dar resultados, para empezar la semana que entra que regresa Andrés Manuel con todo y chicote a tierras chihuahuenses.

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