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-No tiene sistema de contabilidad...-Despacha emergencias desde su cantina -Cierra año violento como pocos -Al fin hay universidades en Conagua y es gobierno

Como era de esperarse, la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado terminó por autorizar diversas cuentas públicas sin la menor indicación por malos e irregulares manejos administrativos.

Ni siquiera les llamó la atención, por ejemplo, que en la cuenta correspondiente a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, en tres años, no haya podido concretar un sistema de contabilidad gubernamental.

La imagen que le mostramos en nuestra edición digital es evidencia clara. Es el oficio girado al titular de la entidad de fiscalización local, mediante el cual informan de tal situación.

Dice textual “por medio del presente, informo que este organismo en el trimestre comprendido del 01 de julio al 30 de septiembre del presente no se cuenta con un sistema de contabilidad gubernamental”. Señala la comunicación que dicho sistema se tendrá pero hasta enero del 2020. Firma, Arturo Jiménez, director financiero de la Junta de Aguas.

Este pequeño detalle debió haber arrancado necesariamente una consecuencia jurídica por parte del Congreso del Estado.

Ya se va a acabar la administración estatal y no es momento en que en un organismo público con manejo millonario de recursos cuente con un sistema de contabilidad gubernamental.

Los diputados cerraron los ojos, voltearon hacia el pavo jugoso de fin de año, y dejaron pasar esta y muchas otras observaciones existentes en una omisión increíble.

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Los recortes a la nómina de Protección Civil siguieron en esta quincena. Ahora entre unos ocho despedidos fueron echados un capitán retirado del Ejército, Sergio García y un exalcalde de Bocoyna a cargo de la Delegación de PC en Creel, Guadalupe González.

Ambos eran expertos en materia de protección y seguridad, pero fueron eliminados de la nómina por instrucciones del Secretario General de Gobierno, Luis Fernando Mesta. Con esto el funcionario y su subordinada en PC, Ana Gómez Licón, podrían cumplir compromisos para meter a panistas que están fuera del presupuesto.

García tenía formación militar y el reconocimiento en gestión de riesgos que exigen las áreas técnicas de la dependencia en sus propios reglamentos.

González tenía más experiencia que formación especial, pero era quien mejor conocía carreteras, brechas, veredas, puntos de riesgo, minas, vías férreas de la Sierra Tarahumara. Su labor era fundamental en todo problema en la región. Su pecado fue ser alcalde por el PRI hace algunas décadas.

Es muy extraño el rasero que se usó en el recorte, pues en cambio fue ratificado Petronilo González, delegado de Protección Civil en Guachochi.

Don Petronilo despacha los asuntos públicos desde su cantina ubicada en pleno centro del poblado y de hecho hasta ha sido sorprendido usando la bodega de PC para almacenar el stock de su cantina. A veces la bodega oficial tenía más cervezas que kits de limpieza, cobijas y alimentos que se envían a los municipios con alguna contingencia climática.

A él sí lo dejaron como delegado. Casualmente había sido dirigente del PAN en Guachochi hace algunos ayeres.

La desprofesionalización avanza sin recato alguno en una dependencia clave, por estar directamente relacionada con la seguridad de la población.

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Cierra el año 2019 con una racha de violencia como no se veía en Chihuahua desde la época de Genaro García Luna en la Secretaría de Seguridad Pública Federal, tanto en las administraciones de Calderón como de Peña Nieto.

Ni modo de echarle la culpa a él o a Alfonso Durazo, actual titular del área en el ámbito federal. Tiene el gobierno del estado responsabilidad primera en la descomposición que enfrentan los chihuahuenses, que no pueden cruzar a la esquina sin la posibilidad de sufrir una agresión física o pérdida de patrimonio.

Las cifras que mostramos corresponden a la Comisión Nacional de Seguridad Pública perteneciente al Secretariado Ejecutivo, órgano federal que recopila la información de las entidades federativas, con un maquillaje indudable, pese a lo cual muestran una realidad terrible. El corte es al 30 de noviembre.

En poco más de 330 días se cometieron 66 mil 646 delitos de toda índole, lo cual significa que cada 24 horas sin falta alguna, domingo, sábado o día festivo, no importó para que ocurrieran 201 ilícitos contra los chihuahuenses.

Ocurrieron cada día 24 delitos contra la vida e integridad corporal; siete homicidios, cinco de los cuales fueron perpetrados con el uso de armas de fuego; 3 feminicidios, ocho delitos sexuales; 83 delitos contra el patrimonio y 22 ilícitos de narcomenudeo.

Se trata de ilícitos oficiales, pero la cifra negra, que por ejemplo maneja el INEGI es estremecedora. En 2018 más del 20 por ciento de los chihuahuenses, uno de cada cinco sufrió delito. Las cifras para 2019 seguramente estarán por encima. La víspera así lo indica.

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Si existe algo positivo en la reciente reunión sostenida por el Consejo Nacional de Presas perteneciente a la Comisión Nacional del Agua, es la incorporación a dicho órgano de decisiones de la Universidad Autónoma de Chihuahua.

Junto con la UACH, que se integra a partir de la próxima reunión, participan de dicho consejo la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM.

Tratándose de un órgano de carácter técnico que revisa y propone soluciones, la intervención del área académica es fundamental en temas como el manejo del agua, en sus presas y ríos, así como cuestiones climatológicas.

La aceptación de la máxima casa de estudios ya es un hecho. Sólo habrá que esperar las notificaciones y trámites normales de invitación para la incorporación anunciada en la última sesión del mencionado Consejo.

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