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-Hubo aplausos para el jefe detenido -Algo no cuadra en profesión de Pety Guerrero -Y los municipios de dónde sacarán para refugios -Lo de Raymundo es un capricho hormonal

El arresto del jefe de policía municipal en Janos, Chihuahua, bajo cargos de complicidad con el grupo de delincuencia organizada que masacró a nueve integrantes de la familia LeBaron y Langford, debería poner a temblar a palacio de gobierno estatal.

Reafirma la detención que en Chihuahua hay más responsabilidad en los acontecimientos, y no como ha querido dejar ver la administración corralista, con sus esfuerzos por deslindarse de los hechos por el simple motivo de haber acontecido geográficamente en Sonora.

La omisión de los cuerpos de seguridad e inteligencia policial es criminal en éste como en muchos asuntos, que tienen a la entidad bañada en sangre, mientras el gobernador vacaciona plácidamente.

Ha visto desde lejos el gobierno de Chihuahua las investigaciones del caso LeBaron. Unas cuantas veces ha ido a las reuniones de coordinación en Sonora, pero no es parte de la carpeta integrada para dar con los asesinos. Ni siquiera a coadyuvante oficial llega, aun y cuando algunos de los muertos inocentes son chihuahuenses.

La imagen que le mostramos en nuestra edición digital es demostración palpable de la irresponsabilidad estatal. Es el gobernador aplaudiendo con entusiasmo al presidente municipal panista de Janos, Sebastián Pineda, apenas un mes antes de la masacre, con motivo del informe de gobierno, donde el tema de seguridad indudable y forzosamente estuvo presente.

Al aplaudirle Corral al presidente municipal, le aplaude también a todos sus funcionarios, incluido al detenido jefe policíaco.

Fue más allá de los halagos y felicitaciones. Le anunció a su correligionario 20 millones en obras. Hoy las indagatorias deberían incluir no sólo al alcalde mismo, sino a los responsables estatales, por la nula eficacia en el control de confianza en cuerpos policiales, que en Chihuahua es un desastre.

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Hemos narrado varios casos en esta columna en donde hay funcionarios públicos de la actual administración que ostentan un título profesional sin contar con él.

Encontramos lo que podría ser uno nuevo. Se trata de María Teresa Guerrero Olivares, Petys, a quien no pudimos localizar en el Registro Nacional de Profesionistas.

Por lo regular ella se ostenta como ciudadana en los diferentes documentos que firma, pero dimos con uno en el cual se antepone la profesión de licenciada.

Es un contrato de adquisición con una agencia local para la compra de tres camionetas pick up 4x4 con valor de 412 mil pesos cada una.

A diferencia de otros documentos también consultados con anterioridad, en este firma la mencionada funcionaria como Lic., antes de la rúbrica de la responsable administrativa de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas.

Puede ser que tenga un título profesional y que no lo haya registrado en profesiones federal, o que simplemente sea un error del cuerpo jurídico de la institución que actualmente dirige bajo la confianza del vacacionista Javier Corral.

En su semblanza que puede ser consultada en http://www.chihuahua.gob.mx/curriculum/maria-teresa-guerrero-olivares, se presume como licenciada en sociología, pero sin anotar institución educativa de egreso o año.

Ostentarse como profesionista sin serlo constituye un delito federal o local de acuerdo al ámbito en que se despliega la conducta.

No estaría nada mal que oficiosamente la Secretaría de la Función Pública se echara un clavado para verificar el estatus profesional de la mencionada funcionaria pública.

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Para el presupuesto federal 2019 inicialmente se había eliminado la partida contemplada para prevenir la violencia contra la mujer.

Son algo así como 278 millones a nivel nacional, que debieron ser programados después de una serie de manifestaciones y señalamientos que no soportó la Cuarta Transformación.

Dentro de ese presupuesto se encuentra el recurso para sostener los refugios que dan protección a las mujeres objetos de la violencia.

Para 2020 este dinero volvió a ser presupuestado, pero sin ningún tipo de incremento. Es la misma cantidad del año anterior. No hubo siquiera una actualización por efectos de la inflación.

Por ello tiene cierta lógica que el Congreso del Estado haya emitido un exhorto a los ayuntamientos para invertir en este tipo de refugios, donde los recursos federales son insuficientes.

La cuestión es que no todos los municipios se encuentran en condiciones financieras para invertir en este rubro. Su capacidad de maniobra está verdaderamente limitada. Apenas pueden cubrir el gasto corriente e invertir unos pesos en obra y servicios. Están estrangulados.

Muchos de ellos tendrán que recurrir al Estado y a la misma Federación en busca de financiamiento, en un círculo vicioso inútil generado por la legislatura, que intenta arrancar un peso del exiguo presupuesto de los ayuntamientos.

Más aún, es un contrasentido, porque teniendo la oportunidad de agregar un rubro adicional con recursos etiquetados a los municipios para este efecto, se les quiera cargar la mano sin darles un peso extra para poder hacer frente a esa nueva responsabilidad creativa de los diputados.

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El arresto de Raymundo Maldonado como toda la historia en los alicaídos expedientes X, se ha convertido en un asunto meramente personal con lucro político. Demostración de fracaso y frustración del nuevo amanecer.

El exsecretario general pudo ser detenido en cualquier momento durante los últimos tres años. Tenían los elementos suficientes para hacerlo, de acuerdo a la información que se ha filtrado.

Pero el timing político indicaba 24 de diciembre, antes de llegar a la mesa de navidad, para la detención.

Corral y sus sabuesos han dejado cualquier institucionalidad en las investigaciones y los procesos judiciales, llevándolos a nivel de capricho hormonal.

Se trata de vender la idea de que hasta en asueto trabajan los agentes ministeriales, mientras él disfruta sus apacibles vacaciones gobernando a través de las redes sociales.

Maldonado fue el segundo Secretario General de Duarte. Sustituyó en el cargo a Graciela Ortiz, quien apenas aguantó un año y unos cuantos meses. Le siguió Mario Trevizo Salazar, testigo protegido y consentido del régimen de Corral. Desde su posición privilegiada ha compartido información valiosa que tiene en la cárcel a muchos excolaboradores de Duarte.

Pero la detención de Raymundo le da un toque especial al proceso.

Afecto a las comilonas y reuniones de primer círculo, el ex funcionario puede representar una adquisición muy interesante de Corral en su delirio persecutor ya en los estertores del quinquenio.

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