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-Paga una millonada por créditos ‘chiquitos’ -Pasaron bobitas reglas de Fortaseg -Misoginia e inmadurez en Madero -Avizora Fitch riesgos en la Junta de Agua

Si por algo se puede caracterizar la administración de Javier Corral en los primeros tres años de administración, es porque ha vivido basado en deudas de corto plazo para poder cubrir el gasto mínimo indispensable.

En 2018, ya para finalizar el año, contrató el gobierno del Estado mil millones de pesos, que al 30 de noviembre, la fecha límite para pagar, no había podido liquidar, de acuerdo al registro único de deuda.

Debía -y suponemos que debe en estos momentos- algo así como 265 millones de pesos, el 25 por ciento de la deuda inicialmente contratada. Vendrán arrimadijos, unos cuantos millones, pero nada de qué preocuparse.

Esos recursos se le deben a Bansi y Banorte, las instituciones bancarias que confiaron en la administración estatal y que hoy hacen pingües negocios gracias a su capacidad ahorcada de pago.

Pero eso tiene una explicación muy lógica. Desesperado, el gobierno de Corral contrató a tasas muy castigadas. Con Bansi a 11.16 de tasa efectiva y con Banorte, 10.51, muy por encima de las tasas logradas para sus préstamos de corto plazo solicitados este año, que van del 7.86 al 9.0.

Ojalá haya aprendido la lección, pero los hechos muestran que no lo hizo. Ya para este año que agoniza, la administración recurrió de nueva cuenta a esos préstamos caros, pero ahora con Banorte, HSBC y Bancomer.

Pero se excedió. Ahora pidió tres veces más que para el cierre del 2018, el préstamo fue de 3 mil millones de pesos.

En estos diez créditos, por cuatro mil millones en un lapso muy pequeño, en los años 2018-2019, se van a pagar en total intereses por encima de los 400 millones de pesos, que hoy siguen corriendo y generando ganancias gracias a la inadecuada previsión y prevención en el ejercicio financiero estatal, que para 2020 ya previó de nueva cuenta nuevos empréstitos por otros tres mil millones.

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La incapacidad para enfrentar de manera eficiente la delincuencia es un lastre que a Chihuahua le causa severa afectación por las nuevas reglas de distribución de los recursos provenientes del programa Fortaseg 2020.

Esas reglas pasaron “bobito” para la administración estatal que ni por enterada se da, pero que provocarán -salvo alguna modificación de último momento- afectación a los ingresos del gobierno del estado y municipios.

El rubro denominado fortalecimiento de capacidades institucionales se modificó del 27 al 37 por ciento del total del recurso asignado a las entidades federativas y sus ayuntamientos. Rubros como el de nivel de aprobación en control de confianza, depuración del control nacional de personal de seguridad pública, disminución de la incidencia delictiva y desempeño policial, serán una pesada loza para los cálculos.

Lo peor es que ante la presentación de los nuevos lineamientos, el gobernador de Chihuahua se quedó callado frente al presidente Andrés Manuel López Obrador y el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

Hoy, de vacaciones, ni se acuerda de su grave omisión, donde al menos pudo haberse manifestado inconforme, porque las nuevas reglas traen una consigna directa.

Castigan su ineficiencia, no sólo la de él, sino la del partido que lo llevó al poder, pero los perjudicados son al final de cuentas los ciudadanos, que no tienen por qué pagar la mala gestión administrativa en materia de seguridad.

Por cierto, en esas reuniones de seguridad estuvo el chaperón de oro, Oscar Aparicio, acompañando al jefe del Ejecutivo estatal.

Apenas sirvió el titular de la Comisión Estatal de Seguridad, para tomarse una foto, testigo vivo de la incapacidad que lo acompaña en el tema de seguridad, que tiene a la entidad postrada ante el ambiente de intranquilidad y zozobra por los delitos de bajo y alto impacto.

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El “Gustavo Madero Challenge” lo ha convertido en un auténtico bufón.

Ahora resulta que tomarlo del cuello para someterlo es una auténtica gracia que inició con las legisladoras de Morena, en la Cámara de Senadores, cuando se propuso a votación la designación de la nueva titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Ahora cualquiera lo somete. En la imagen, Rocío Reza, Lilli Murillo y Rosy Baray, pero antes, mucho antes, en un asunto que dolió en Palacio, la primera, María Eugenia Campos Galván, con un profundo significado, nada menos que al 2021.

Hoy se ha desvirtuado para tratar de bromear con una debilidad rampante del legislador y alfil voluntarioso, sin mayor sustancia ni presencia.

Por cierto, Maru Campos no se duerme. Aprovechó las posadas navideñas para darle dos vueltas a la ciudad, en reuniones de distinta naturaleza.

Lo mismo con champurrado que con tamales, incluso una piñata como la que le mostramos en nuestra edición digital.

Sabe la alcaldesa que no se debe dormir. Por ello programa vacaciones hasta enero, cuando los chihuahuenses hayan regresado de sus cómodas vacaciones.

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La imagen es muy elocuente. Hay obras de remodelación en las puertas principales del parque Lerdo, en Bolívar y Ocampo.

Es una construcción de cantera que se encontraba en verdad muy deteriorada. Es muy merecida la obra, por el gran significado que tiene para un amplio sector de Chihuahua, no sólo para quienes comulgan con el PAN, con quien inmediatamente se identifica en función de que ahí se realizó la manifestación con huelga de hambre de uno de los iconos de este partido, Don Luis H. Álvarez en 1986.

Las obras que en la actualidad se efectúan representan un rescate de un espacio muy querido por los habitantes de la ciudad de Chihuahua.

 

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El director ejecutivo de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, Roberto “El Pony” Lara, festejó el pasado sábado en el Congreso del Estado el palomazo final a la operación del proyecto de rehabilitación de las plantas tratadoras de aguas negras norte y sur.

Se trata de obras de cientos de millones de pesos, que se realizarán al amparo de la Ley de Proyectos de Inversión Pública largo plazo.

En suma será inversión privada para entregar en concesión las dos plantas, por un periodo de 11 años, tiempo durante el cual la JMAS pagará por el servicio de tratamiento de las aguas residuales. Luego se quedará con la infraestructura.

Había razones para festejar, pues ya que de tener paralizadas y destruidas las plantas, van a reactivarse con dinero privado de golpe, que pagará el organismo a plazos. Aparte deberemos analizar el negociazo correspondiente.

Lo que no se festejó por el “Pony” es la calificación emitida por Fitch Ratings apenas el pasado 17 de diciembre.

La calificadora de riesgo crediticio ratificó la AA- con Perspectiva Estable, que si bien es más alta que la del Gobierno del Estado (BBB+), no deja de representarle riesgos a la JMAS por las obligaciones que habrá de echarse encima.

Fitch estima que la JMAS tiene un perfil de rango medio en casi todas las variables bajo análisis (ingresos, control de gastos, operatividad general, fortaleza financiera).

Sin embargo no deja de mencionar que las limitaciones de su infraestructura se plasman en indicadores bajos de eficiencia física, global y de micromedición en comparación al grupo de organismos calificados por Fitch.

En 2018 el indicador de eficiencia física se estima en 54 por ciento, inferior al promedio organismos evaluados por la calificadora, que es del 64 por ciento. La eficiencia global de la JMAS es de 45.7 por ciento, cuando la media es de 51.3. Y la micromedición se fija en 46 por ciento, muy inferior al promedio de 82.1 por ciento.

Así el proyecto irá viento en popa por el favor que le hicieron los legisladores a la JMAS, pero no va exento de riesgos.

 

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Deseamos Feliz Navidad a los lectores de esta columna. Nuestros parabienes y abrazo fraterno.

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