-Maquillaje y no de fondo nuevas reglas viales -Fraude a la ley en Fiscalía Anticorrupción -Las cartas credenciales de Omar Holguín -Vivienda abandonada es una bomba

Perdieron la oportunidad los legisladores de una reforma de fondo en materia de vialidad, con una modificación que sólo en lo general es un maquillaje.

Qué bien que los oficiales de vialidad ya no podrán recoger documentación a los guiadores y que en caso de conducción en estado de ebriedad pueda un acompañante sobrio conducir el vehículo para evitar el corralón.

Es un negociazo no sólo para los gruyeros, sino también por los mismos oficiales corruptos que sin ton ni son amenazan con recoger las unidades por cualquier infracción por leve que sea.

Pero debieron ir más allá, por ejemplo permitiendo una llamada al conductor para que alguien de su confianza pudiese acudir al lugar de la infracción y conducir el vehículo.

Hablando en plata, la mayoría de los conductores viajan solos o bien acompañados pero por personas en las mismas condiciones.

Será muy poco el beneficio de la medida al restringirla a que se evite el corralón sólo en el nuevo supuesto, donde vaya un pasajero sin el influjo de bebidas embriagantes.

Pero aún más, ya entrados en gastos, el asunto de la proporcionalidad. No es lo mismo multar a una persona con ingresos bajos que a otra persona con ingresos altos.

Se violenta un principio humano por la grave afectación en la economía de la persona. Es una sanción que por supuesto es trascendente e inusitada.

Las multas que podrían llegar a las cien unidades de medida, son por ocho mil quinientos pesos, 67 salarios mínimos partiendo del aumento del 20 por ciento anunciado hace unos días. Son dos meses de trabajo de una persona que gana el mínimo.

Eso no lo vieron los señores diputados que presentaron la iniciativa y mucho menos el resto de los legisladores que la votaron.

Una oportunidad perdida en la cual existe muy por debajo el claro y obvio afán recaudatorio, aunque se pase por encima de los derechos humanos de las personas.

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No tiene límites el gobernador Javier Corral para la simulación en busca de proteger sus intereses, a través de un fiscal carnal.

Esa Fiscalía Anticorrupción elevada a nivel de órgano autónomo constitucional es un verdadero fraude a la ley.

Es pretexto para dejar seis años a un fiscal cómodo que tape cualquier anomalía administrativa -llámese corrupción- de funcionarios y personal del nuevo amanecer.

Es exactamente lo mismo que ocurrió con Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. Corral hace una reedición puntual, con el agregado de género, porque la intención burda ya anunciada oficialmente es dejar a Gema Chávez.

La abogada es una importación de Nuevo León, ya designada Fiscal Anticorrupción, con autonomía técnica dentro de la Fiscalía General, donde su desenvolvimiento ha sido de mediocre para abajo.

Ahora se vende la idea de una supuesta autonomía que el jefe del Ejecutivo se ha pasado por alto sin miramiento alguno.

No respeta otros poderes, menos va a respetar un órgano autónomo. Para muestra tenemos el burdo manipuleo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que tiene ese rango que ahora le quieren dar a la Fiscalía.

Nada se mueve en la CEDH si no hay una determinación desde Palacio. Decenas de recomendaciones se empolvan, muchas rechazadas y otras simplemente ignoradas.

Hará malabares Corral para dejar a Gema en el puesto. Con ello obtendrá los mismos tres años que tendrá AMLO con Alejandro Gertz Manero en la FGR.

Pero sabemos que eso es una ilusión. Las nuevas mayorías podrán cambiarle el nombre a la institución y remover al actual. Así de sencillo.
No es lo mismo ser borracho que cantinero. Desde el otro lado de la barra las cosas se miran distintas.

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El dolor por el terrible homicidio del empresario Uriel Humberto Loya Deister, ocurrido en Parral en septiembre del 2018, aún sigue presente, por la indolencia con que ha sido manejado, sin resultados concretos, pese a las promesas realizadas.

Ahora ocurre un golpanazo también inaceptable a la clase empresarial y a la comunidad entera, pero ahora en Delicias.

El secuestro del conocido empresario Carlos Cuevas evidencia aún más la incapacidad de la autoridad estatal para evitar estos crímenes de alto impacto, más que todo por el descaro de la forma en que actúan los delincuentes, en las narices de la autoridad estatal.

No es un hecho aislado. Hasta el 31 de octubre son 12 las personas que han sido secuestradas en el ámbito estatal.

Una estadística que es grave, porque se trata de un delito que había sido combatido con gran eficacia y hoy de nueva cuenta resurge ante la incapacidad irresponsable de la autoridad estatal.

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¡¡La vida hay que gozarla!!, exclamó con gran soltura en redes sociales el recién designado representante de la Secretaría de Gobernación en Chihuahua, Omar Holguín.

Como estarán las cosas, que el delegado de programas sociales, y que es el coordinador en el Estado del gobierno federal, Juan Carlos Loera, se vino enterando por otras vías y no la oficial.

Holguín viene a hacerse cargo del enlace político que es la principal ocupación de Olga Sánchez Cordero a nivel nacional.

Sin embargo, el tono festivo del joven abogado en el palenque, hace apenas unas semanas, da pie a comentarios acerca de su capacidad para realizar ese enlace fundamental del gobierno federal.

Y si esa publicación causa poco asombro, este otro, que también publicamos en imagen en nuestra edición digital, es verdaderamente sin palabras.

“Ladran con fuerza, pero sus estridentes ladridos, sólo son señal de que cabalgamos”. Esas son las cartas credenciales con las que Holguín llega, sin mano izquierda, a la oficina de la SGOB en Chihuahua para tratar con la política local, particularmente con los opositores a la 4T.

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De 650 mil viviendas abandonadas en todo el país, el 50 por ciento se concentra en la Ciudad de México, Tamaulipas, Chihuahua, Nuevo León, Sonora y Coahuila.

Por ello el Director General de Infonavit, Carlos Martínez Velázquez, acaba de comunicar a sus representaciones estatales la necesidad de poner en marcha un programa de recuperación, que surgió por instrucciones del mismo presidente Andrés Manuel López Obrador.

Calientito está el diagnóstico que sirve de base al Programa Nacional de Vivienda, que habrán de operar varias instancias aparte del Infonavit.

La estimación completa en Chihuahua aún no se tiene, pero la cifra habrá de rebasar por mucho la cantidad manejable por el mismo organismo, la Comisión Nacional de Vivienda y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Territorial.

El tema es una bomba porque, como se sabe, hay viviendas ocupadas de forma irregular, otras tantas vandalizadas y muchas más abandonadas, con los créditos vencidos por parte de los beneficiarios.

Entonces lo que sigue es ver la forma en que van a invertirle para recuperarlas, sobre todo en los casos en que las casas ya han sido ocupadas, pues hay un compromiso fundamental de López Obrador, que ya no habrá más desalojos en perjuicio de la gente menos favorecida. Aquí se pondrá a prueba dicho compromiso.

A nivel local el responsable del Infonavit parece que no tendrá vacaciones más allá de los descansos obligatorios de la temporada, pues antes de que comience enero deberá haber plan de recuperación, contemplando todas las aristas del asunto.