-Quiso el jefe quitar chuecos en la madrugada -Simulan con mafufadas ataque a la inseguridad -Hubo negligencia en camionazo pirata -El ecumenismo exhibió pobreza del gobernador

El delegado de la Policía Vial, Carlos Hernández Borja, sorprendió a los agentes por la frecuencia de radio a las primeras horas de la madrugada del pasado día 8 de diciembre.

El radio estaba en calma cuando la voz del jefe irrumpió en los dispositivos, dando la orden de que fueran enviadas grúas y determinadas unidades de la corporación al estacionamiento oficial de la Policía Vial, lo que antes era la Dirección de Vialidad.

Específicamente se refería al área donde se estacionan los empleados, casi todos agentes, para recoger los autos “chuecos” que se encontraban en el lugar. “Vamos a proceder con los carros sin placas y gabachos”, así les dijo exactamente.

El operativo casi resultó un éxito, pues fueron remolcados 20 vehículos... pero sólo al exterior del estacionamiento, no fueron infraccionados ni recogidos, confiscados o confinados en algún corralón, porque de inmediato saltaron los dueños a pedir el favor al jefe.

Resulta que la gran mayoría de autos sin placas eran de oficiales “conchudos” y protegidos precisamente por él y sus mandos encargados de los “operativos viales productivos”, o sea los que no son preventivos, sino sólo para extorsionar conductores, principalmente en los retenes antialcohol.

Como los agentes afectados con el aseguramiento de sus autos eran de los suyos, tuvo que tomar la ridícula decisión de desengancharlos y bajarlos de las grúas, afuera del lugar donde estaban estacionados.

El ridículo de Hernández Borja delante de sus agentes también confirmó quién es el gran beneficiario de la polla de los agentes viales.

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Las banderolas múltiples son del tamaño de una gran inauguración o un anuncio rimbombante. Pero no. Son apenas jolgorio por la entrega de unas cuatrimotos a los cuerpos de seguridad de varios ayuntamientos.

Con esas unidades va a combatir el alza en la criminalidad que coloca a Chihuahua como una de las entidades más violentas, con estadística que no se veía en muchos años.

Se cuentan por miles los muertos, muy por encima de la tasa de homicidios que tienen la mayoría de las entidades federativas.

Dos cuatrimotos por aquí, otras tres por allá. Los agentes podrán andar motorizados para saborear la agilidad de andar buscando simples infractores de la norma municipal de bando de policía.

Pero no son vehículos adecuados para el auténtico combate a la delincuencia, el que va en serio, sin mafufadas.

En la imagen, el gobernador y su principal protegido en seguridad, su chaperón, Oscar Aparicio, muy contento, ondeando la bandera, autorización tácita a la simulación en el combate a la delincuencia.

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La observación que nos hacen los lectores de GPS es muy cierta. En el accidente ocurrido en la carretera a Delicias hubo una negligencia evidente de los cuerpos de seguridad y emergencia.

No tanto por el personal al mando de las unidades de emergencia o bomberos, sino por sus jefes, que no atendieron de acuerdo a la gravedad el terrible suceso.

El contexto no engaña y da pie a esta afirmación. Había cuando menos 14 personas fallecidas, algunos de los cuales aún estaban con vida pero con heridas muy graves, más una veintena de lesionados.

Los vehículos tardaron más de veinte minutos en atender la emergencia, otro tanto en levantarlos y más en llevarlos a la unidad hospitalaria más cercana, cuando menos. La situación no es nada soslayable ni justificable.

Hay una situación que no se puede pasar por alto teniendo la administración estatal aparatos aéreos para atender emergencias como esta, pero que son utilizados para viajes de conveniencia en el país y en el extranjero.

Al respecto la descripción detallada que hace el chofer de la unidad siniestrada es reveladora de esa desatención y cruel política gubernamental de no atender las emergencias como tales.

La narrativa del joven chófer no tiene desperdicio alguno y debe ser valorada en su justa dimensión, al momento en que se exija responsabilidad patrimonial al Estado, por la negligencia evidente en la atención pronta y expedida de los lesionados.

No es la primera vez que esto ocurre. Lo acabamos de vivir en La Mora, con el crimen artero de nueve integrantes de la familia LeBaron.

Niños y niñas fueron expuestas a la intemperie con inédita irresponsabilidad de los cuerpos de seguridad de Chihuahua.

Permanecieron entre matorrales y mezquites en la más completa indefensión, sin que hasta la fecha exista un castigo o sanción a tal responsabilidad evidente.

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Alfonso Ramírez Cuéllar es un fiel representante de la Cuarta Transformación. Lo dejó muy claro en su participación en el foro de federalismo financiado con recursos del gobierno del estado de Chihuahua, que se supone son exiguos pero son dilapidados en actos faraónicos como éste.

Le quiso hacer al ecuménico Javier Corral, pero fue exhibido con sus pobrezas administrativas, ineficiencia en la recaudación de impuestos, corrupción y falta de energía para exigir los recursos que por derecho y justicia le corresponden al estado de Chihuahua.

Todo eso se puede interpretar de la interlocución de Ramírez Cuellar, imagen de quien le mostramos en nuestra edición digital y cuya participación fue -irónica y ampliamente- difundida en el propio comunicado enviado de manera puntual por la Coordinación de Comunicación Social.

El legislador hizo chilar y huerto a costillas de Corral, con habilidad habló de romper la coalición conservadora, donde los gobernadores evitan tomar decisiones difíciles en materia de impuestos, y no asumen su responsabilidad de pelear por recursos.

Lamentable, a la distancia, el resultado del foro sobre federalismo, del cual solo quedaron a la fecha los gastos de comilonas y viáticos, que por decenas de miles se podrán contar.