-Fueron a la CdMx a morderse la lengua -Los Bowí circulan con permiso de Vivebus -Un furibundo MP vs Tachiquín -El Auditor espera con paciencia el 2020

Fueron a México a desgarrarse las vestiduras en contra del centralismo financiero que ejerce el gobierno federal, sin detenerse a pensar que en la entidad se encuentran en las mismas.

Ahí estuvieron Javier Corral, Arturo Fuentes Vélez, Gustavo Madero, Patricia Terrazas, y otros convidados de alcurnia académica.

En todos ellos la coincidencia fue la censura a un sistema federalista inexistente, que agobia a las entidades federativas, buscando ejercer presión política en los gobernadores, con fines de populismo electorero.

Tendrán mucha razón en ello. Pero el gobernador, su secretario de Hacienda, el senador y la diputada federal, presidenta de la Comisión de Hacienda, se muerden la lengua.

Donde han podido incidir para generar nuevos mecanismos de distribución de recursos han sido menos que omisos. Por ejemplo, en Chihuahua.

Todos ellos tenían puesto de primer nivel, Patricia en Hacienda y Gustavo como Coordinador de Gabinete, para haber incidido realmente en una configuración de un auténtico municipalismo financiero, pero no lo hicieron.

La Ley de Coordinación Fiscal publicada en el Periódico Oficial pomposamente por el nuevo amanecer el primero de diciembre del 2018, con un Congreso del Estado totalmente controlado, quedó a deber en ese sentido.

Hoy en día continúa la concentración de recursos que ejerce la administración estatal en detrimento de lo que debieran ejecutar los municipios, sin justificación alguna si hubiera mínima voluntad.

En 2017 en el presupuesto Corral asumió recortes extraordinarios en muchas áreas, bajo una pretendida aureola de austeridad.

Lo mismo pudo haber hecho en el tema de la distribución de recursos para los municipios, pero no lo hizo. Ahora con la Ley de Coordinación el asunto está peor, porque la discrecionalidad pasó a ley.

La pobreza sólo es indicador en uno de los rubros de distribución, porque en el resto es la población, la recaudación de impuestos o el dato histórico de las participaciones.

De esa manera se castiga doblemente a la mayoría de los municipios despoblados y marginados, porque no hay un auténtico principio social de distribución de recursos.

En la Ciudad de México, en el patio central del Monte de Piedad se dijeron muchas cosas que en lo académico tienen toda la razón, pero que son palabras vacías en el momento en que debieran aterrizarse.

En general se sigue la línea que le da al jefe del Ejecutivo estatal a la discrecionalidad en el manejo de las finanzas.

Si en 2017, cuando empezó la administración estatal actual apenas se distribuyeron 600 millones de la recaudación que no tenían una asignación señalada; para 2019 son apenas 893 millones.

Son datos muy concretos que hablan de una ausencia real de voluntad, en un federalismo que debe empezar por el municipalismo ignorado.

Antes de ser candil en la calle hay que ser cuando menos veladora en casa. Por lo demás, un evento francamente deslucido con evidentes sillas vacías. Se contaron no más de 100 asistentes, muchos de ellos obligados por trabajo a asistir. Algo de prensa y nada más.

Mejor se hubiera vestido de luces en Chihuahua como ha hecho otras ocasiones, en lugar de dar tristezas políticas en el centro del país. La foto en nuestra edición digital.

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Si ya lo conocen para que lo invitan. Fernando Mesta, el flamante Secretario General de gobierno, auténticamente aburrido en primera fila en el encendido del árbol de Navidad.

Ora hacia sus muecas, ora agarraba el celular y se ponía a ver mensajes en redes sociales, mientras a su alrededor las carcajadas estaban de nivel.

La risa no fue contagiosa con el funcionario más cercano al gobernador Corral. Con la inseguridad a tope y las deficiencias en rubros tan delicados como salud y educación, de pronto se hace pesada la loza.

Mesta trae parte de esa carga del ejercicio de gobierno desde la Secretaría General, donde ha mostrado sus deficiencias en menesteres políticos y de administración pública.

Sin duda estaba más tranquilo en el Club Campestre, Interceramic o en su despacho personal, donde le hacían al menos algo de caso.

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La imagen que le mostramos en nuestra edición digital da cuenta de la lentitud que tiene el nuevo amanecer en hacer los cambios necesarios para dejar a un lado la administración anterior.

Se trata del permiso provisional con el que circulan las nuevas y ecológicas unidades de transporte del mal llamado Bowí.

Dice con todas sus letras “Operadora de Transporte Vivebus Chihuahua”, denominación de la cual no ha podido zafarse la actual administración, y que se ha convertido en el nombre con el que todo mundo conoce a la línea troncal.

Son ya varias semanas en que dichas unidades entraron en servicio y aún funcionan con base en permisos provisionales.

Situación que es a todas luces un contrasentido. Los vehículos llegaron hace meses y jamás se realizó el trámite para dotarlas de placas metálicas.

Tuvo que recurrirse al clásico permiso provisional de cartón autorizado con una sola firma, llenado con marcados indeleble, para que circularan.

Con el detallito de que siguen utilizando legalmente la denominación “Vivebus”, hasta en esos permisos provisionales.

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No era de esperarse menos que una reacción furibunda del Ministerio Público pidiendo la extensión de la prisión preventiva de Marcelo González.

Es obvio que la reacción obedece a la intención del inculpado de pretender un juicio político contra el Fiscal General, César Peniche.
Esa solicitud estará convenientemente muy bien guardada en un cajón durante los próximos dos años.

Ahora, Marcelo estará aún tras las rejas otro largo año y un mes más, pese a que se vencía el plazo originalmente señalado por el juez.

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Sin ánimos de llamar la atención, el auditor superior del Estado, Héctor Acosta Félix, entregó su primer informe de labores de una gestión de siete años para la cual fue designado.

En la antesala de convertirse la Auditoría Superior del Estado en una entidad con mayor autonomía, con la Ley de Fiscalización Superior ya vigente, el titular entregó sus primeras cuentas con puntos que se vuelven destacables ahora que la ASE será parte acusadora en los casos que se envíen al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa.

A guisa de ejemplo están 175 denuncias administrativas en 2019, un 100 por ciento más que las presentadas en los últimos 10 años de la ASE.

Fueron denunciados en total 125 funcionarios y exfuncionarios estatales contra sólo 8 en la década previa.

Además fueron presentadas 18 denuncias penales en el año, contra 30 que se habían interpuesto en los 10 años anteriores.

Sin hacer tampoco mucho ruido fueron recuperados 37 millones de pesos gracias a las auditorías practicadas de diciembre a diciembre.

El informe señala también que la ASE lanzó 4 licitaciones públicas en los últimos 12 meses. Antes jamás lo había hecho, las compras y adquisiciones eran casi secretas y a discreción del titular, pues nadie auditaba a la Auditoría. Valió la pena, pues pasó de una calificación de 4.8 en transparencia, en enero de 2019, a una de 10 en el mes actual.

Además, increíble pero cierto, tenía 11 años trabajando con software “pirata”, hasta ahora que se consiguieron las licencias oficiales para los programas indispensables de la oficina.

Convertir el rigor de la auditoría en eficiencia administrativa de los gobiernos es el siguiente paso al que obliga la nueva conformación de la ASE.