-Culpables del camionazo están en Gobierno -Olvida Fiscalía a los tres zacatecanos -Otro crimen impune, el del poeta Servín -Arreglo con Garfio tomará otro derrotero

El responsable directo de la muerte de 14 personas en el camionazo pirata, un joven de apenas 26 años de edad, cargará con todo el peso de la ley. Por si fuera poco, con el agravante de que conducía drogado.

Ahora, sin un brazo, que le fue amputado, y aún grave, se encuentra bajo resguardo policial en el Hospital Regional de Delicias, ya que le fue negada la continuación del servicio al descubrirse que no era derechohabiente del IMSS.

Se pretende que pague cinco millones de pesos, si no es que más, por la responsabilidad civil de los daños provocados, con muertos y decenas de heridos.

Ilusa e irresponsable la autoridad estatal. Saben que difícilmente encontrarán a los propietarios y construyen un velo ante la gravedad del problema.

Estos camiones operan a la luz del día en las principales ciudades de la entidad, bajo las narices de inspectores y policías de los tres órdenes.

Transitan por carreteras federales y estatales, donde los agentes responsables pudieran muy bien hacer su trabajo de inspección, como en este caso concreto ocurrió.

Pudieron descubrir que era pirata, que el chofer no cumplía con el requisito elemental de conducir sin efectos de droga. Hubieran visto el sobrecupo y la carga excesiva en el área de equipaje.

Pero no lo vieron porque hubo mordida de por medio en una o varias revisiones.

Los policías e inspectores involucrados incurren en corrupción y dejan libremente a estos choferes y sus empresas trabajar en la más completa impunidad.

Y ahora, se carga todo el peso de la ley en un personaje que carece de cualquier posibilidad real de hacer frente para resarcir el daño provocado.

Pagará con cárcel. Pero muy lejos quedará la esperanza de una reparación integral como lo prevé la ley general de víctimas. Andan batallando para la atención médica y los funerales.

Indudable que hay responsabilidad patrimonial del Estado por la omisión criminal, pero ahí la Fiscalía hace mutis.

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Un lastimoso reclamo llega desde Zacatecas: “nadie nos hace caso en Chihuahua, la Fiscalía ni siquiera nos informa si están investigando... sabemos que ni un dedo han movido porque no son gringos ni son gente importante”.

Lo mandan los familiares de Javier Muñoz Pérez, Juan Antonio Martínez Parra y Rubén Flores Cisneros, de 29, 19 y 17 años de edad respectivamente, originarios de Tlaltenango, Zacatecas.

Los jóvenes desaparecieron en la sierra de Chihuahua desde finales del mes de octubre. En la última comunicación que tuvieron con su familia avisaron que estaban en Creel, municipio de Bocoyna, y que los siguientes días se internarían a poblados de Chínipas y Guazapares.

Su actividad era la venta de cobijas y edredones de feria, así que iban de pueblo en pueblo por varios estados del país, hasta hace poco más de un mes.

Un remolque que llevaban en la vieja pick up que tripulaban fue encontrado en un hotel en la comunidad de San Rafael, municipio de Urique. El paradero de ellos y de la unidad es hasta ahora desconocido.

La familia ha sido atendida en su desesperación por la Fiscalía de Zacatecas, que pidió apoyo a la de Chihuahua para la alerta de búsqueda y los trabajos de investigación. Pero aquí el fiscal de la Zona Occidente, Jesús Manuel Carrasco Chacón, sólo se limitó a recibir la solicitud del otro estado y a darles atole con el dedo.

Ya ni las llamadas responden en la Fiscalía regional, es la denuncia que hacen las revictimizadas víctimas zacatecanas.

El lugar de la desaparición es la enorme zona de influencia del capo que realmente gobierna en esa región de la sierra. El mismo al que hace más de un año acreditaron la muerte del turista norteamericano Patrick Braxton, crimen que sigue en la impunidad.

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Tuvo que publicar El Diario la carta de familiares y amigos recriminando la falta de avances en la investigación por el homicidio del poeta Enrique Servín, para que hubiera información oficial al respecto.

El patético comunicado oficial empatiza el dolor “por la pérdida irreparable”, renueva las promesas de investigar, dice que la investigación es secreta, que hay avances significativos para “una resolución de fondo” y que mantendrá comunicación “con la familia, amigos y la comunidad de escritores, como hasta la fecha”.

Palabras que reflejan compromisos hasta el momento incumplidos en todos los órdenes, porque para empezar la comunicación ha sido nula y ausente, de una gran insensibilidad, dada la gran expectativa creada por las públicas manifestaciones de atención y reconocimiento al poeta. Hasta el premio Víctor Hugo Rascón Banda le fue entregado de forma póstuma.

Pero esas manifestaciones no tienen correspondencia en la atención real y seguimiento del caso, como lo evidencia la carta de reclamo firmada por familiares y amigos, que es contundente en su redacción.

El poeta poliglota de gran reconocimiento nacional e internacional, es una más de las víctimas de la imparable violencia que castiga a los chihuahuenses.

Ambos documentos son contrastantes. La carta evidencia la inexistencia de cualquier comunicación y exige transparencia. El boletín continúa por el mismo camino del ocultamiento de avances y palabrería pura.

En la foto que le compartimos en la edición digital, Enrique Servín, durante uno de los festejos por su cumpleaños.

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Publicamos que la reparación del daño en el caso de Javier Garfio prácticamente estaba resuelta por la devolución del predio conocido como Labor de Terrazas, por lo que todo quedaría en el pago de la multa por medio millón de pesos como sanción por el peculado perseguido por la Fiscalía.

Pero resulta que el asunto no será tan sencillo. Nos dicen que existe un criterio de tribunales colegiados, que utilizarán los legítimos propietarios del predio, para exigir su devolución por parte de la Comisión Estatal de Vivienda.

Causa sorpresa esta situación, en particular porque desde 2017 la personal moral Grupo Industrial y Constructor S.A., de C.V., realizó un acto notarial para ofrecer la terminación del contrato de compraventa de los predios, solicitando ahí mismo la devolución de los casi 100 millones de pesos pagados.

Con esta determinación el caso de Garfio tomaría otro camino, porque luego entonces no habría justificación a la resolución que lo liberó y que partió de la base de la recuperación del objeto del supuesto delito.

Pero es también un asunto que pegará a otros implicados, entre ellos Ricardo Yáñez, que ya está en complicaciones en el pago de la reparación del daño en otra carpeta de investigación.

Ambos se juegan el regreso a prisión, en medio de una gran simulación en que gobierno está involucrado.