-Maltratan desde Palacio a Chihuahua y Juárez -Relanzamiento de salud... hacia abajo -Pesa la escuela de “Lucha” en juzgados familiares -Antonio Andreu se lleva 150 mil... y no es diputado

Las maltratadas del gobernador a los ayuntamientos de Chihuahua y Juárez son continuas. Si no se trata del tema de la seguridad, lo será cualquier otro. Siempre existirá un pretexto.

Ahora es el tema del bacheo. Ambas ciudades presentan la mayor cantidad de metros cuadrados de pavimento.

No hay recurso municipal suficiente para hacer frente a la necesidad de dar mantenimiento adecuado a las calles y avenidas.

En estos municipios aún se tapan los baches a la moda antigua. Muy lejos de la tecnología Jetpacher anunciada recientemente por Javier Corral, y que será utilizada en caminos y municipios distintos a la capital y a la fronteriza Juárez, que de acuerdo con el jefe del Ejecutivo, tienen los recursos suficientes para enfrentar el problema por sí solos.

Nada más alejado de la realidad, porque se trata de un problema añejo, herencia de anteriores administraciones, que no puede ser resuelto en un abrir y cerrar de ojos. En las dos ciudades deben programarse trabajos en dobles y triples turnos para atender la demanda.

Debería pensar el gobernador que flaco favor hace en la resolución de los problemas de bacheo en ambas ciudades. Una porque en Chihuahua es donde vive y la otra porque es en Juárez donde pasa la mayor cantidad de tiempo fuera de esta capital, y obvio, la ciudad de México.

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Mas tardó el domingo en anunciarse por el nuevo amanecer un relanzamiento del tema de salud con recursos financieros y equipo, que en la práctica caerse drásticamente tan demagógica promesa.

El comunicado de prensa enviado en esa fecha es una delicia por los anuncios espectaculares comprometidos y el tono del discurso.

“... el tema de Salud es uno de los más importantes, por lo que al cierre de su Administración buscará garantizar ese derecho a toda la población, porque es la estrategia más importante que un gobierno democrático puede desplegar como base para el ejercicio de los demás derechos”. Nuevos centros de salud, equipo, etcétera, etcétera, etcétera.

Pero la terca realidad se impone. Si no fuera suficiente con los problemas de insumos y material en unidades hospitalarias del Estado, junto con el desabasto de medicamento, la desaparición del Seguro Popular abre una nueva deficiencia.

Por lo pronto el Hospital de la Mujer ayer paró labores parcialmente por la imposibilidad de referenciar a la clínica privada Femap.

Ya se prevé un nuevo cuello de botella, sobre saturación en el servicio, para el cual no existe capacidad.

Queda en evidencia que no hay la más mínima planeación ni comunicación con la federación por parte de la Secretaría de Salud Estatal, por eso les estallan los problemas en las manos.

Ayer fue el sindicato no oficialista de Ichisal el que se levantó en armas con la suspensión de labores parcial. Mañana podría ser la sección 52 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud, a cuyo líder Pablo Serna, se trae a vueltas y vueltas con promesas incumplidas, ya no digamos de la elemental atención a las demandas propias del gremio, sino ni siquiera la provisión necesaria para prestar adecuadamente los servicios de atención a la salud.

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Un legado que dejó la exconsejera de la Judicatura Luz Estela “Lucha” Castro, una tendencia de influyentismo y afectación a varones, independientemente de la presunción de inocencia de las partes involucradas, sigue teniendo un peso determinante en algunos juicios de lo familiar.

Uno de los asuntos que ejemplifica con claridad la situación es el juicio 415/18 que se lleva en el Juzgado Cuarto Familiar, que dirige Jaime Antonio Acevedo Maldonado.

El juez ha preferido lavarse las manos en una pelea de custodia de un menor de edad, de quien se han aportado pruebas de que es maltratado por la pareja sentimental de su madre.

Incluso el pequeño afectado ha puesto denuncias en la Fiscalía del Estado y nada ha sucedido, porque la justicia actúa ciegamente a favor de la madre, pese a la evidencia de maltrato.

Además eso se deja fuera de los expedientes del caso llevado en lo familiar, como si no estuviera relacionado directamente con el litigio de una custodia.

Lo más contradictorio es que el ahora acusado de abuso contra un niño, pareja de la madre de éste, tiene denuncias por no aportar para la manutención de sus hijos con su anterior pareja. Dicho antecedente tampoco obra en el expediente formal del caso, aunque se sabe fuera de las formalidades del litigio.

¿Y el interés superior del niño del que se habla entre los principios de la justicia?

El caso en el que aparecen señalados la madre del pequeño y su pareja sentimental no es el único en el que evidentemente se vulneran los derechos de la niñez.

Hay una falsa perspectiva de género en los tribunales que hace falta perfeccionar, porque ahora bien se puede confundir con transas de los juzgadores y los abogados.

Si no que le pregunten el motivo de sus resoluciones al juez Acevedo Maldonado, que se encamina a ser formalmente denunciado por el caso en mención.

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Ya habíamos dado a conocer la existencia de personal contratado bajo el régimen de honorarios asimilados a salarios en el Congreso del Estado, que carecen de funciones o cargo especifico, lo que en el argot burocrático se conoce simplemente como aviadores, una auténtica casta dorada.

En los contratos actuales, los del 2019, se les atribuyen funciones jurídicas, legislativas o administrativas, pero no dice cuáles deberán desempeñar, horarios ni tareas concretas. Pueden ir y venir a placer sin problema alguno.

Dijimos en una publicación anterior que estos funcionarios eran 19. Pero no. Suman 30 las personas contratadas bajo este régimen especial, por los cuales se pagan en salarios 7 millones 615 mil pesos al año, y cuyo sueldos van desde los 55 mil a los 7 mil pesos mensuales.

Dinero por el cual el Congreso sólo obtiene un recibo simple, así como usted lo lee, sin obligación de informe alguno que indique qué funciones o trabajos realizaron cada uno de ellos en las materias para las cuales se supone fueron contratados.

Con sólo rascar por encimita los contratos salen datos periodísticos muy interesantes. Hay uno en particular que nos llama la atención, porque fueron autorizados para pago en el mes de julio los meses devengados correspondientes a julio, agosto y septiembre, un generoso adelanto salarial de ¡150 mil pesos! pagados en una sola exhibición, al exdiputado Gerardo Manuel Antonio Andreu Rodríguez.

¿Dónde quedó la austeridad y el cuidado de los recursos? Al cabo que quien vigila ese manejo de los recursos es un subordinado del gobernador, que simplemente cierra los ojos ante tal descaro. En este caso la Auditoría Superior del Estado.

Pero no es todo. Se revisaron los perfiles curriculares de quienes reciben los mayores salarios y nos encontramos con más sorpresas. Hugo Eduardo González Muñiz, que es reconocido como “Lic” en redes sociales, resulta que no tiene cédula registrada. Tiene como salario ¡¡55 mil pesos mensuales!! Es posición de Morena. Le mostramos su foto posando con la líder nacional del partido, Yeidckol Polevnsky.

Lo mismo pasa con Alfredo Piñera Guevara, posición del PAN. No aparece en el Registro Nacional de Profesiones. Igual ocurre con Manuel Aron Hernández, Jesús Arnulfo Escárcega Olivas, María Esparza Valerio y Andrea Paulina Ríos González.

El capricho de otorgar sueldos a asesores sin base alguna, ni atender perfil profesional, que en este caso es totalmente ausente.

Es la danza del dinero del erario público. El top ten de esta lista de privilegiados es presentado en imagen que publicamos en nuestra edición digital.