-Hasta un conserje podría cometer abuso de autoridad -El abuso terrible contra el colega Venzor -Cubeta de agua fría sobre fiscalía estatal -Pese a críticas se la juega con el alumbrado

Ana Carmen Estrada es una diputada muy, pero muy liberal. Sus selfies siempre le generan comentarios y nuevos seguidores.

Esos ojos de color la acompañan en diversos escenarios en fotografías que comparte de manera alegre.

Lo mismo se toma fotos personales que con personajes de alto calibre político, como por ejemplo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Y eso está muy bien. Juega su papel de mujer bonita rompiendo paradigmas. La cuestión es que ese liberalismo tiene un contracara con una línea delgada: es una luchadora feminista a ultranza.

La nueva propuesta presentada ante el Congreso del Estado no tiene parangón alguno. Con ella va en contra de cualquier funcionario público que discrimine por razones de género.

Hay decenas de normas jurídicas, federales y estatales, que sancionan esa discriminación, pero para ella no es suficiente.

Ahora pretende que se persiga a cualquier funcionario sin importar su nivel, es decir, si ocupa una posición de supra a subordinación o no.

Un conserje podría realizar abuso de autoridad en contra de una mujer en razón de discriminación por género.

Ejemplo absurdo que coloca en una delicada situación a los servidores públicos responsables sin importar su nivel jerárquico. Los ejemplos son señalados en la misma iniciativa.

Así mientras ella asume una posición de esa naturaleza, en posición de poder -con todo y el fuero que ostenta- promueve reformas para atosigar y criminalizar sin límite en función del género.

La propuesta deberá aún ser analizada en comisiones, donde encontrará de manera natural resistencias.

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Desde el sábado a la fecha han transcurrido cinco días en que el equipo de seguridad del gobernador Javier Corral se encuentra en posesión del celular del colega reportero Gabriel Venzor.

Es un abuso de autoridad terrible, sin justificación alguna. Los agentes de seguridad del jefe del ejecutivo están reincidiendo en su conducta delictiva minuto a minuto.

Son normas de carácter federal las que están violando, en materia de comunicaciones y libertad de expresión.

Podrían ser sancionados desde inhabilitación hasta la cárcel, pero no les interesa. Tienen todo el apoyo y respaldo de sus superiores.

Se les olvida que en cualquier momento la Fiscalía General de la República puede atraer dicho delito para conocerlo dada la gravedad del mismo.

Los delitos cometidos contra periodistas tienen un apartado especial en el Código Penal Federal para que puedan ser atraídos en sustitución del ámbito estatal.

Pero más grave aún. El gobernador es consciente de lo que ocurre con esa violación flagrante y directa de la libertad de expresión. Y no hace nada. O más bien dicho, es cómplice directo y autor material.

El GPS que es un invento maravilloso del siglo XXI ubicará en su localización el celular y podremos salir de dudas acerca de su paradero. Novela innecesaria en el caso del jefe del ejecutivo, que ha entrado en paranoia y todo por ponerse a jugar tenis en la Deportiva.

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Es una auténtica cubeta de agua fría sobre las fiscalías de Chihuahua y Sonora. Se acabó la simulación en la integración de carpetas e indagatorias que no llevaban a nada en el asunto del artero crimen cometido en contra de la familia LeBaron y Langford.

La Fiscalía de Chihuahua simuló desde el principio iniciar una averiguación. Hizo lo mismo que con las medidas preventivas que debió asumir el día en que ocurrieron los hechos que derivaron en la muerte de madres e hijos inocentes.

Por ello no es nada extraño que la FGR asuma una competencia que desde el primer día debió hacerse cargo.

Ahora desde la Ciudad de México, donde se resguardan los nombres de varios presuntos implicados que han sido detenidos, se tendrán las riendas de la indagación.

Oscar Aparicio y César Peniche, titular de la Comisión Estatal de Seguridad y Fiscal General del Estado, podrán continuar con sus averiguaciones con asuntos locales, mientras renuncian tácitamente por incapacidad a indagar en los grandes asuntos de interés nacional que por norma les corresponden, pero que por incapacidad abandonan.

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El oficio signado con el número CCS-210/2019 y firmado por la responsable de mercadotecnia de la Coordinación de Comunicación Social del Estado es una auténtica joya.

En ella comunica que están realizando una campaña de comunicación en ciertos medios para efectos de alertar por la temporada invernal.

Pero se trata de una campaña de mediano pelo. Corta y limitada, como las acciones que realiza el nuevo amanecer para simular una atención a las necesidades de la comunidad, aunque con tal conducta se provoquen grandes males.

La campaña está en redes sociales, radio y medios alternativos. Su cobertura es muy limitada en relación con lo que exigió el Congreso en un exhorto autorizado hace unas semanas.

El acuerdo del Congreso local LXVI/URGEN/0355/2019 IPO, es claro y contundente: deberán adoptarse acciones de coordinación con los municipios para iniciar una campaña de información en todo aquel medio de comunicación que permita llegar al mayor número de chihuahuenses, concientizándolos sobre el riesgo de utilizar calefactores en malas condiciones o condiciones inadecuadas.

Pese a esa decisión del Poder Legislativo, la administración estatal decidió realizar una campaña mediocre, aunque con ello coloque en grave riesgo a decenas de miles de chihuahuenses, que tienen derecho de acceso a la información de riesgo, la cual les es ocultada por el capricho y la incapacidad del ejecutivo estatal.

El acuerdo del Congreso igual que el oficio de contestación pueden ser consultados en el portal del órgano legislativo, en el apartado de sesiones.

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Estoico ha aguantado las críticas el líder social priista Pedro Domínguez, por su abierto apoyo al proyecto de alumbrado de la alcaldesa panista Maru Campos Galván.

Dentro y fuera del PRI han criticado al exdiputado que ahora encabeza la Alianza de Causas Populares A.C, porque antes del plebiscito e incluso después, cuando fue derrotada la propuesta del ayuntamiento, se ha mantenido con pronunciamientos a favor de renovar el deficiente alumbrado de la capital.

En las reuniones vecinales que sostiene Domínguez Alarcón dos o tres veces por semana, no le han faltado detractores que por ser priistas creen que deben ser opositores permanentes a cualquier propuesta de gobiernos panistas. Ante ello no se ha doblegado el líder social.

Aunque alejado del PRI -no por decisión propia sino porque ha sido marginado pese al bagaje y trayectoria que carga- Domínguez promueve entre tricolores y ciudadanos sin partido que debe apoyarse cualquier mejora que se plantee para el alumbrado.

Sin duda es una de las grandes deficiencias de la capital que agrava los problemas sociales y de seguridad que se padecen.

De ahí su papel de promotor decidido de mejoras en este aspecto, siempre que se privilegien las zonas más pobres de la ciudad.

Trata de convencer a la militancia que lo sigue desde las bases que el tricolor debe acercarse a las causas sociales de nuevo, pues alejarse fue lo que le costó el dinamismo y la vitalidad que antaño podía presumir.