-Mintió el nuevo vocero con su alma mater -Razones para berrinche antiderechohumanista -Irrisorias sanciones por abusos en buen fin -Sólo un manotazo federal frena el plebiscito

Queremos pensar en que se trató de un simple gazapo, esos errores que en la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno del Estado tienen patente en la elaboración de comunicados, y no en un intento de engaño que sería infantil.

Pero en el boletín enviado por el nombramiento de Manuel del Castillo como responsable del área, se atribuyó, no una, sino dos veces, que es egresado de la licenciatura en derecho por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).

Pero resulta que eso es totalmente falso. La realidad es que es egresado del modesto Centro Universitario de Ciudad Juárez, ubicado en las calles Papaya y Avena, en Ciudad Juárez. Es probable que esté incorporada a la UACJ, pero no es lo mismo.

La información surge del mismo Registro Nacional de Profesiones, que indica que su licenciatura es reciente, del 2010, con número de cédula profesional 6674454, cuya imagen le mostramos en nuestra edición digital. Dice clarito de dónde egresó.

Del tamaño del garrafal error es la ausencia de oficio en muchos de los colaboradores sembrados en la coordinación por sus predecesores Antonio Pinedo y Marijose Valles, los cuales desconocen o han tirado de plano la toalla del oficio del periodismo, comunicación o cuando menos mercadotecnia, se han dedicado a lucrar con el puesto o nadar de muertitos, mientras cobran su jugosa quincena.

Está bien que Manuel se eche un par de burritos con los colegas que cubren la fuente, pero requiere más supervisión directa sobre la chamba, a la cual Pinedo y Valles tenían especial fobia.

Fue, insistimos, un supuesto error en un boletín de esos de rutina, pero la incógnita es ¿qué pasará con información de más importancia y delicadeza?, donde el argumento no puede ser un error de verificación elemental del dato.

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Los roces y malas caras siempre se dejaron para lo oscurito. En público, Javier Corral siempre se mostró muy atento con el anterior responsable de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González.

Incluso, llegó a utilizar la relación de cercanía que Lucha Castro, la exconsejera de la Judicatura, presumía con él en la cúspide de su poder.
Pero ni ello le valió para que el organismo garante de los derechos humanos dejará de señalar en sus indicadores la grave situación de violación existente en el Estado de Chihuahua, por eso los berrinches en corto.

El último informe, el del 2018, deja muy mal parada a la entidad, con liderazgo en homicidios de periodistas, defensores de derechos humanos y feminicidios.

Los capítulos referentes a dichas violaciones de derechos humanos no dejan de mencionar a Chihuahua. En feminicidios por su tasa de 2.47, de las más altas a nivel nacional. Ni campo algodonero como caso emblemático hizo al nuevo amanecer atender el rubro con la seriedad debida.

Los periodistas asesinados, 14, del 2000 al 2018, sólo superado por Veracruz, Tamaulipas, Guerrero y Oaxaca.

Homicidios a derechohumanistas, por las mismas: del 2006 al 2018, 40 a nivel nacional, 14 solamente en Chihuahua, donde destacan los primeros tres años de corralato.

Por ello no es nada extraño que se quiera sacar a Chihuahua del cumplimiento de las recomendaciones de la CNDH, ahora con la designación de Rosario Piedra. Es urgente, lo necesita. Tiene muchos fierros en la lumbre.

Pero la cosa no es tan fácil. Ya hablaron al respecto Ricardo Monreal desde el Senado y la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez. Ahí está el amago del juicio de procedencia.

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Dice la Procuraduría de Defensa del Consumidor que logró recuperar 17 mil pesos durante el buen fin, en ejercicio abusivo que perjudicó a los consumidores.

Pero da la casualidad de que la cifra es irrisoria. Es algo así como arrancar una gota de agua del océano.

Los cálculos conservadores son en el sentido de cerca de cuatro mil millones en ventas solamente en el Estado de Chihuahua. A nivel nacional se considera, en datos preliminares, que superará los 120 mil millones de pesos.

Por lo cual, esa cantidad es un dato insignificante, explicado por la ausencia de atención en las funciones del organismo, que hoy más que nunca está convertido en un paquidermo blanco.
Hasta donde sabemos no hay delegado, ni lo habrá por el régimen de austeridad nacional. Por lo que las funciones serán realizadas por personal de segundo y tercer nivel.

Con el ingrediente de que mucho de ese personal es de contrato, y no tiene base. Las amenazas de despido son continuas. Ya Juárez superó el anuncio de una cancelación de oficinas, marcha atrás necesaria por la importancia de dicha frontera.

Luego esa pírrica cantidad no es más que resultado de una ausencia total de trabajo, disminución drástica en supervisiones y quehacer reactivo, todo ello en perjuicio del consumidor.

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Alejandro de la Rocha, presidente del Ichitaip, terminó su periodo al frente de la Comisión de Tecnologías de la Información y Plataforma Nacional de Transparencia, en reunión celebrada en Toluca, Estado de México.

Su aportación a la Comisión se concentró en el rediseño de la Plataforma Nacional de Transparencia, particularmente con el manejo de un lenguaje ciudadano del sitio web de transparencia, en busca de ser más accesible para personas con discapacidad, en atención a facilitar el acceso universal.

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Asidero jurídico no tiene la impugnación contra el plebiscito presentada por Wikipolítica y la Red Ciudadana ante los tribunales electorales.

El reclamo que han llevado contra la autoridad organizadora, el Instituto Estatal Electoral, está más rebuscado que otra cosa. Alegan la rapidez con la que fue organizado el ejercicio de participación ciudadana, cuando el proceso lleva meses desde su formulación.

En términos jurídicos, de acuerdo a los especialistas en derecho electoral, el plebiscito fue planteado dentro del margen que da la reciente Ley de Participación Ciudadana.

Cuando el IEE aprobó el plazo para levantar firmas a favor del plebiscito las quejas fueron porque se tomó los 90 días que marcaba la ley, en vez de revisarlas y aprobar el ejercicio en unas cuantas semanas que se tardaron en la búsqueda del apoyo ciudadano.

Ahora la queja es por hacer tan rápido, este domingo 24 de noviembre, el ejercicio. Pero el plazo legal en esta etapa habla de su organización en un periodo no mayor a los 90 días

Lo que hicieron los consejeros electorales que encabeza Arturo Meraz fue tomar la referencia de los 35 días que se dan para una contienda constitucional. Ese fue el plazo que dieron para que se hicieran campañas a favor del sí y el no en el plebiscito, dentro del margen de los 3 meses que tenían para convocarlo.

Si el asunto no está bien socializado o difundido por las partes interesadas es su problema, porque tuvieron mucho tiempo, incluida la fase de junta de firmas, para hacer campaña.

De esta forma no hay sustento jurídico para impedir que se realice. A menos que haya un manotazo al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ha sido complaciente con la izquierda en sus últimas resoluciones.