-Burritos y desparpajo en ceremonia revolucionaria -El espantoso descuido de Palacio a caso LeBaron -Ignorados por Palacio 800 “jubilables” en crisis -Lo de Marijose encaja en discriminación

La foto que le mostramos fue tomada en Guerrero, en la inauguración de una micro obra pública. Una calle, la sexta, que fue pavimentada en San Isidro. Corral con un moño gigante en sus manos, risas locas en él y sus acompañantes.

Ayer la foto fue a un costado de Palacio de Gobierno, engullendo burritos con singular desparpajo en pleno desfile revolucionario. Figuras ambas para el meme, sin duda alguna. Absoluta falta de seriedad y formalidad ante todo el simbolismo de la Revolución Mexicana.

Con ello, es muy difícil que un comunicador pueda ayudarle a mejorar la imagen que tiene por los suelos.

Un año duró la época de Marijose, dos los de Pinedo, ambos con escándalos, con una pasmosa ausencia de efectividad.

La oficina está destrozada, ambos se empeñaron en terminar de agotar la poquita imagen del Nuevo amanecer.

Y es que el jefe del Ejecutivo es su principal problema, Manuel del Castillo poco podrá hacer al respecto.

En el relevo un detallito insignificante, por el cual debiera hacerse un escándalo, fuera de la ingratitud que en el fondo existe: la ex-vocera es una mujer que acaba de dar a luz y se encuentra en su recuperación. Es un tema de discriminación difícil de defender.

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Algo no está bien, de plano perdió la brújula el gobernador Javier Corral porque ha mostrado una completa desatención en el espantoso caso LeBaron.

Hace dos días su homóloga en Sonora, Claudia Pavlovich, encabezó una reunión con mandos policiacos, Ejército y Guardia Nacional, en una decisión de supervisión y atención directa, inmediata.

Corral no se apareció ni en pintura. Mandó al Fiscal General del Estado, César Peniche, al responsable de la Comisión Estatal de Seguridad, Oscar Aparicio y al mismo Secretario General de Gobierno, Fernando Mesta, que han demostrado su ineficiencia en resolver la grave crisis de seguridad en Chihuahua.

Pero él ni caso hizo. Andaba en México con el Secretario de Hacienda, Arturo Herrera, gastando millas en las aeronaves estatales con cargo al erario. Todo para que le digan lo que ya sabe, que debe rascarse con sus propias uñas.

Pudo haber agendado muy bien la reunión en otras fechas u horario, pero dio prioridad a un tema financiero en el cual ha incurrido de manera permanente en un palpable descuido. El timing sin duda no es lo suyo.

La cuestión es que en Sonora, frontera con Chihuahua, hay familias destrozadas, que no han sido debidamente atendidas; al contrario, pareciera que existe el ánimo de revictimizarlas.

No es la primera vez que el mandatario se hace a un lado en el penoso y delicado asunto donde murieron madres y niños inocentes.

A principios de noviembre hizo lo mismo. Atendió a distancia y mediante redes sociales la grave situación provocada por el múltiple homicidio. Para coronar con cereza el hecho de que los agentes estatales fueron casi los últimos en llegar, el día de los hechos, pese a que tuvieron conocimiento puntual.

La gobernadora sonorense debió entrar ella misma al quite, asumiendo aspectos específicos que han sido dejados a la deriva, porque el jefe del Ejecutivo de Chihuahua, se la ha pasado con puras buenas intenciones, siempre en la cómoda y lejana distancia.

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Para no dejar el tema, hay un pequeño dato adicional que no debe pasar desapercibido. En El Paso ya se presentaron las primeras demandas contra el gigante comercial donde ocurrió el ataque en el cual murieron y resultaron lesionados varios mexicanos, entre ellos chihuahuenses.

Ojo, porque los argumentos esgrimidos por el despacho que litiga contra la compañía comercial y eventualmente contra el Condado, aplican perfectamente en el suceso donde perdieron la vida integrantes de las familias LeBaron y Langford.

Ni el gobierno del Sonora, ni el de Chihuahua, ni el federal, garantizaron la seguridad a la cual están obligados.

Pero más que eso pusieron en riesgo la vida de una decena de menores de edad, de manera irresponsable, al no disponer de helicópteros para ir en su auxilio, una vez que tuvieron conocimiento de los hechos.

Las familiares de las víctimas, de quienes murieron o resultaron lesionadas, seguramente están pensando en acciones legales que les reparen en algo el daño que sufrieron y sancionen el desempeño irregular e ineficiente de las policías.

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Es muy peculiar lo que está ocurriendo con la decisión política de los estados gobernados por el PAN, de no atender las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Y lo es porque oficialmente no existe ni habrá registro de tal decisión.

Es más, ha salido de la boca o el twitter del gobernador queretano, que es el presidente de la GOAN, pero no ha emanado de ningún otro gobernador, incluido Javier Corral.

Es más, tuvo que salir el Secretario General, Fernando Mesta, a realizar un pronunciamiento en el sentido de asumir la decisión de no aceptar tales recomendaciones de la CNDH, pero de Corral nada.

Debajo de ello existe un juego marrullero, una carta marcada: los gobernadores pueden ser sujetos de responsabilidad ante el Senado de no cumplir las recomendaciones del organismo derechohumanista, que podría llegar hasta el desafuero.

Con una mayoría abrumadora no sería nada descabellado ver al gobernador de Chihuahua en el banquillo de los acusados, tratando de explicar eso de la legitimidad o ausencia de legitimidad de Rosario Piedra.

Por eso el doble juego. Lo hizo con el caso Ovidio, lo mismo hará en cuanto se encuentre con doña Rosario Ibarra en sus constantes viajes y tertulias con sus amigos de izquierda en la Ciudad de México.

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Alrededor de 800 empleados estatales de recaudaciones rentas, Junta de Agua, Ganadería, Fiscalía General y otras dependencias enfrentan la terrible realidad de un retiro sin posibilidad de pensión ni atención médica.

Están en un acelerado camino a la miseria porque cada vez pueden trabajar menos y no pueden retirarse a descansar sus últimos años porque no tienen un régimen pensionario.

No son como la gran mayoría de empleados que padecen la falta de sistemas sólidos de pensiones, esos que esperan un retiro en la pobreza con una mínima pensión. No, ellos no tienen siquiera la esperanza de un raquítico ingreso mensual por sus años de labores.

Lo peor es que han aportado cuotas de 200 pesos quincenales al Instituto Chihuahuense de la Salud -creado hace varios sexenios como servicio médico a los burócratas estatales- y también han cotizado al fondo de Pensiones Civiles del Estado casi el último lustro.

Del Ichisal han recibido un pésimo servicio médico debido, sobre todo, a la permanente falta de medicinas. La edad y los padecimientos han encarecido su vida y no tienen más que derecho a consulta, porque medicamentos rara vez encuentran en sus farmacias, deben comprarlas por fuera.

De Pensiones no han recibido más que cobros de cuotas para una supuesta jubilación que jamás van a alcanzar, pues les piden 300 mil y hasta 500 mil pesos para poder retirarse, cifra inalcanzable para cualquiera, no se diga para quienes están en la recta final de su vida laboral y productiva.

Los trabajadores se han agrupado de manera informal en el Movimiento de Justicia Laboral Estatal. Para variar el gobernador Javier Corral no ha sido para brindarles audiencia ni para comisionar a alguno de sus secretarios a la atención del problema.

En el gobierno del estado quieren apostarle al tiempo, lo que menos les queda a sus “jubilables”, para no enfrentar el problema.