-“Alfil Castillo” a cargo de la polla -La verdad es que no hay medicamentos -Con 100 Bowí habría oxígeno para respirar -La mano antialumbrado es de Palacio

Retenes de alcoholemia fijos todos los días, pero más de miércoles a domingo, son parte de la nueva estrategia de la Policía Vial a cargo del comisario Javier Palacios Reyes.

Lo raro es que dicho operativo permanente está integrado por un seleccionado grupito de 14 agentes en siete unidades, que no son rotados de día como el resto de los elementos, sólo trabajan de noche. Eso se debe a que son los que saben cómo está el negocio.

El modo de operar es por demás conocido en la corporación, todos hablan de eso. Obviamente no es un operativo preventivo sino recaudatorio; pero no es para la caja estatal, sirve más bien a las carteras de los agentes involucrados y el alto mando.

Son ahora esos agentes junto con unos jefes, coordinados por quienes llaman en clave “alfil Castillo”, los que se encargan de colectar la “polla” de la Policía Vial.

Esas siete unidades especiales tienen la cuota de 4 mil pesos por unidad por día. Desde luego tienen todas las facilidades para operar esos puntos de revisión, o “puntos de extorsión”, como sería más correcto llamarlos.

A los agentes nadie los cuida, ni control interno de la Comisión Estatal de Seguridad, ni el Departamento Jurídico de la Policía Vial, menos la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a cuyo personal lo mandan a vigilar unidades y agentes modelo que no se prestan a eso. A todo lo demás la CEDH cierra los ojos.

En esos puntos los agentes no traen cámaras o si las tienen están apagadas con permiso de los jefes. Si otros agentes viales se acercan en sus patrullajes a esos puntos de inmediato son corridos del lugar por órdenes superiores, para que no les hagan mosca a sus recaudadores compañeros.

Las demás unidades que quedan fuera de esos retenes son las que se usan para atender accidentes e implementar algunas medidas de prevención, nomás para taparle el ojo al macho.

A la vez se quedan una veintena de agentes sin unidad para patrullar, porque las camionetas están destinadas a los elementos y comandantes de largas uñas.

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Salió la semana pasada el Secretario de Salud, Jesús Enrique Grajeda, a insistir en un abasto casi del 100 por ciento en medicamentos, sin pensar que la realidad tarde que temprano lo alcanzaría.

Está muy lejos el abasto en palabras del alto funcionario estatal. Podrá decírselo al gobernador en las reuniones de gabinete, o en las juntas directivas de servicios de salud e Ichisal, con informes que van al Consejo Nacional de Salud.

Pero la verdad es que no hay medicamentos. La imagen que le mostramos en nuestra edición digital es más que evidente.

Es invierno, temporada en la cual se hacen indispensables de manera mínima los antibióticos y los anti-gripales. Pero no hay.

El color rojo significa cero existencia de medicamento. Los rostros de los médicos y enfermeras se ponen de ese mismo color.

Lo peor es que se trata de la situación en Pensiones Civiles, donde se atiende a miles de burócratas, que en la estructura es ajena a Grajeda pero sectorialmente está bajo su responsabilidad.

Es Grajeda el rostro visible de quien debe responder por este nivel tan bajo de existencia de productos en las farmacias oficiales, incluida Pensiones, donde el director, Luis Alberto Herrera, se pasea como si nada pasara.

Los derechohabientes antes tenían que sufrir la incomodidad de la subrogación, recibir una orden de medicamento y trasladarse hasta la última de las farmacias cómodas de la administración, beneficiadas con millonarios contratos.

Pero ahora ni eso. Hay también un desabasto de segundo nivel, también en las farmacias que le dicen a los usuarios que regresen después, hay les avisan o de plano, simplemente no hay ni para cuándo surtir la receta.

En este contexto, Corral pidiendo dinero para salir de apuros de fin de año, sus viajes caprichosos con cientos de horas en aeronaves y sus devaneos golfísticos.

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Por fin salieron a circular las unidades nuevas identificadas como Bowí. Están inmaculadas: sus vestiduras exquisitamente pulcras, como sus extraordinarios asientos y carrocería.

Son apenas un par de decenas de unidades, pero inmediatamente generaron buena reacción. La expectativa es que el servicio podría y debería mejorar.

Pero es desafortunado que la ilusión haya durado muy poco. En la hora pico los chihuahuenses cayeron en cuenta que es la misma mona, muy bañadita, pero la misma.

Los vehículos lucieron saturados como se observa en la imagen que le mostramos. Las apretaderas con la incomodidad manifiesta.

Era obvio. 25 unidades nuevas son una mala broma si se trata de mejorar el servicio, más aún cuando existe una inadecuada planeación.

Son decenas de miles de personas quienes hacen uso diariamente de la línea troncal del transporte. Un puñado de unidades nuevas no hacen diferencia realmente, aunque lleguen las que se encuentran anunciadas.

La intervención del Estado es menos que ineficiente, porque el servicio ha llegado a menos de manera persistente e indolente.

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La página web de la Comisión Estatal de Derechos Humanos tiene un dato que un asiduo lector de la columna nos envió, consistente en la extraña situación de que fue hasta el 2017 cuando se computan las violaciones graves a los derechos humanos.

Es decir, hasta esa fecha se lleva una relación pública, con divulgación puntual, de las investigaciones del órgano derechohumanista, en la cual se describen con amplitud, los actos de barbarie cometidos por agentes policiales.

Hay tortura con el clásico uso de agua mineral, bolsas de plástico en el rostro y la chicharra en partes nobles.

Pero a partir de esa fecha no hay la más mínima recomendación considerada grave. Son decenas las observaciones que ha hecho la CEDH a partir del 2016, pero ninguna bajo esa categoría.

Javier Corral se ha rasgado las vestiduras por el nombramiento de Rosario Piedra, pero no se trata de otra cosa más que del mismo control que él ha demostrado con el ombudsperson estatal.

Existe una manipulación descarada del organismo que debiera encargarse de la defensa de los derechos humanos.

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Hay un entramado perverso debajo del plebiscito por el alumbrado público que, en Chihuahua, tiene desenlace este próximo domingo. Desde el principio se observaron intencionalidades que buscaban potenciar artificialmente la solicitud ciudadana.

Los tiempos marcados por el órgano electoral llevaron el ejercicio de recaudo de solicitudes hasta el máximo tiempo posible, aunque fuera inútil.

El ejercicio pudo haber concluido hace un par de semanas sin problema, pero se buscaba trasladarlo a una fecha posterior, mediados o finales de 2020.

Luego vino la cuestión del financiamiento, que debieron absorber los ayuntamientos, porque desde la administración estatal y el Congreso, no hubo recurso alguno, ni un peso, presupuestado. Cálculo frío.

La intención era generar afectación política tanto en la capital como en Juárez. Pero ahora tenemos una idea de donde proviene la intención oculta, esa mano que mece la cuna.

Javier Corral se dijo ajeno a los ejercicios de participación ciudadana. Se lavó las manos como Pilatos, dijo que no votará ni a favor ni en contra.

Se olvida de sus responsabilidades que tiene como ciudadano y como gobernante. Como ciudadano, porque no es ejemplo ante la ley de participación que él mismo publicó; como gobernante, porque se trata de una inversión importante sobre la cual debe tener una opinión, por los beneficios que tendrá para efectos de prevención en un tema candente, como la seguridad.

Quiere desligarse del resultado, cualquiera que éste sea. Pero en el fondo buscará actuar por interpósitas personas, sus operadores fallidos, para inclinar la balanza.

Quiere generar el mayor daño posible tanto en María Eugenia Campos como en Armando Cabada. No lo puede ocultar por más indolente que se presente ante la opinión pública.