-Con los presos amontonados, Aquiles es un polvorín -Van feministas por más recursos estatales -Minimizan el desplazamiento forzado de mormones -Fin de semana cargado vs municipales y ministeriales

Los Centros de Readaptación Social, no sólo el de Juárez, sino el de Aquiles Serdán, son desde hace un par de años auténticos polvorines. Hoy lo comprobamos.

El dato dado a conocer hace un par de semanas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, denominado Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, es patético y alarmante, por la omisión oficial que evidencia.

De los indicadores obtenidos en ambos reclusorios, la mayoría se encuentran en foco amarillo, destacando la ausencia de supervisión, la sobre población, el hacinamiento y la insuficiencia de medidas preventivas de hechos violentos.

Si la situación en Juárez exigía una intervención inmediata, desde hace un par de años, la de Aquiles es urgente, con una sobre población de más de un 30 por ciento.

Las calificaciones son bajas en Juárez, apenas del 6.95; y en Aquiles del 6.94, en la media nacional exactamente. Nada se ha hecho por mejorar la situación desde que el nuevo amanecer asumió el gobierno hace tres años.

Es más, ha empeorado. La calificación global de Ceresos en toda la entidad era de 7.45 y en la actualidad es de 7.43. Pero el año pasado era de 7.19.

La corrupción e incapacidad se enseñorea en los centros de readaptación y cuando se hace algo para mejorar, se hace mal.

Puro alborotar el avispero, provocando ingobernabilidad fuera de los centros penitenciarios, cuando éstos, por dentro, se encuentran al rojo vivo.

Aquiles Serdán debe ser atendido con foco en la corrupción, renta y cobro por privilegios, con involucramiento de todos los niveles.

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Los grupos feministas van por mayores recursos públicos con cargo a la administración estatal; al menos esa es la imagen proyectada.

Blanca Gámez, diputada local, presentó un punto de acuerdo en ese sentido que debe haber levantado cejas en Palacio de Gobierno porque es un auténtico mea culpa en el tema.

Es un despertar por mayores recursos, con énfasis en la construcción de un servicio profesional de carrera para efectos de atención a la mujer, momento propicio para asegurar espacios dentro de la burocracia estatal.

En la actualidad son pocos los más de 700 millones de pesos que destina el gobierno del estado para atender a la mujer como sujeto social, de acuerdo al presupuesto de egresos del 2019, incluyendo los 70 millones que ejerce el Instituto Chihuahuense de las Mujeres, desagregados en dos rubros, desarrollo humano y social y gobierno responsable.

En específico se trata de fortalecer los recursos con que cuentan las autoridades que se encargan de la prevención, atención e investigación de violencia contra la mujer, rubro que les parece insuficiente y deficiente.

Hay una crítica velada a la política de gobierno estatal desde territorio amigo, en lo que es también una llamada de atención al cumplimiento integral de la resolución de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en el caso Campo Algodonero y la reciente recomendación número 40 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Las recomendaciones fueron muy claras en cuanto a que se debe invertir más recursos, pero ni las anteriores administraciones, ni la actual, dieron cumplimiento adecuado.

Insistimos, se lee evidentemente una crítica a la ausencia de la administración estatal en este delicado tema, como en muchos otros, con subrayado en los feminicidios ocurridos en los últimos años, donde Chihuahua ocupa un papel relevante para infortunio del Nuevo amanecer.

El tema de la violencia contra la mujer, nos queda claro, sólo es un elemento discursivo para el gobierno corralista.

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Lo ocurrido en La Mora con los habitantes de apellido Langford y LeBaron, es un auténtico desplazamiento forzado.

Las imágenes en toda su crudeza recorrieron el mundo entero e inundaron las redes sociales, porque huyen de la ingobernabilidad y el crimen organizado.

Se ha querido minimizar, pero es un hecho lamentable, y con graves repercusiones en nuestra entidad, en diferentes órdenes, lo político, social y económico.

Es paso obligado y continuo no sólo de los integrantes de la comunidad LeBaron, sino de todos los chihuahuenses que transitan rumbo a Sonora y entidades circunvecinas.

Curiosamente, hace un año, el gobernador Javier Corral echó la casa por la ventana atendiendo a la Relatora Especial de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de los Desplazados Internos, Cecilia Jiménez-Damary. Fue motivo de congratulaciones y promesas mil, en el Salón 25 de Marzo, en Palacio de Gobierno.

De entonces a la fecha nada se ha hecho, más que agravarse la situación, porque de la Sierra Tarahumara se trasladó a esta zona sensible, teñida en sangre por el homicidio de niños y mujeres inocentes de la comunidad mormona.

El tema del desplazamiento, pese a su importancia, fue tratado superficialmente en la mañanera de ayer, porque el tema de Evo Morales acaparó el espacio.

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Las posiciones en torno al proyecto de alumbrado público son irreconciliables entre el grupo que se opone y el ayuntamiento de Chihuahua.

Ese era el resultado esperado del foro convocado por el Instituto Estatal Electoral. Está muy contaminada la discusión, con elementos políticos extraños.

Lo cierto es que la renovación de las luminarias es una necesaria obra, particularmente por los beneficios en materia de seguridad pública.

El estado en que se encuentra actualmente el sistema de alumbrado es deplorable, porque sólo se le ha dado mantenimiento durante los últimos años, por la inexistencia de presupuesto suficiente para una renovación completa.

El proyecto pretende sustituir 81 mil luminarias con tecnología LED y colocar mil 600 adicionales, significando ahorro de energía. La moneda está en el aire, prácticamente a dos semanas del plebiscito.

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La instrucción para este fin de semana en la Policía Vial es olvidarse del compañerismo y las complicidades, siempre que se trate de agentes de la Policía Ministerial y la Policía Municipal.

Los angelitos de Javier Palacios Reyes, que además dependen del comisionado estatal de Seguridad, Óscar Alberto Aparicio, fueron instruidos para cazar a los policías de Seguridad Pública Municipal y sobre todo a los de Agencia Estatal de Investigación, dependientes de la Fiscalía General del Estado.

Pero no se crea que fue como medida contra la corrupción o el influyentismo. Más bien es una especie de venganza o forma de presión para que aprendan a respetar a los policías viales, que todavía son vistos como meros agentes de tránsito.

Aunque entre los policías de carrera los viales no dejan de ser tránsitos armados, que de poco ayudan a la hora de los trancazos con los delincuentes, los mandos de la Policía Vial insisten en que la corporación debe verse con seriedad.

Por ello es que desataron la cacería y van contra cualquier elemento que en patrulla o en auto particular cometa la menor infracción.

Si traen aliento alcohólico y se ponen rebeldes mucho mejor, para darles su exhibida pública con video, fotos y boletín de por medio. Nada de pasarles la vagancia o darles chance de irse con cuidadito.

No es que sea mala la aplicación de la ley, al contrario, pero hacerlo de forma tan selectiva llama a la sospecha, a la duda, pues tan distinguido trato que van a darles a los ministeriales no les habrán de dar a los preventivos estatales, esos seguirán gozando de protección.

Además confrontar así a las corporaciones no llevará a buen puerto, en tiempos en que el crimen campea de forma tan organizada que goza de toda la impunidad imaginable.