-Desconfianza a los montajes del jefe de Homicidios -Patética la impunidad en Chihuahua -El atropello de Fuentes Vélez vs las universidades -La mañanera convertida en ring AMLO-Periodistas

La detención de seis presuntos involucrados en la ejecución de los comandantes Javier Ontiveros y Gerardo Barajas, ocurrida en Aldama hace una semana, no es garantía de que el grupo criminal responsable vaya a cesar los ataques contra los elementos de la Policía Ministerial.

Ni siquiera es garantía de que realmente esos seis hayan sido realmente participantes en la planeación o ejecución del crimen.

No es que sean simples chivos expiatorios, tampoco que no sean integrantes de la célula delictiva que oficialmente identificó la Fiscalía General del Estado como la responsable del doble asesinato.

Es la desconfianza que existe hacia el comandante de la Unidad de Homicidios de la Fiscalía Zona Centro, Baltazar García Solís, la que mantiene a los ministeriales con muchas reservas sobre su trabajo y las garantías que tienen para hacerlo.

Resulta que el jefe de Homicidios cumple a cabalidad las instrucciones de los fiscales superiores de sacar a como dé lugar a los asesinos que les interesan, los que son prioridad.

Entonces García Solís se los saca hasta de la manga, sobre todo cuando la presión es mucha.

No nació ayer el comandante. Es un conocedor y sabe dónde buscar. El problema es que a veces los saca por casualidades, por simples menciones de otros criminales o porque se los inventa para satisfacer la necesidad de dar resultados que tienen sus jefes.

A veces también los detiene nomás para afectar a algún grupo delincuencial, para cobrar alguna venganza.

Sin evidencia los casos se caen en los tribunales y luego salen los fiscales y agentes del Ministerio Público a llorar, a quejarse de los jueces, a echarles la pelotita a otros en vez de asumir sus propias fallas.

Pero que se caigan los juicios es lo de menos. Los ministeriales son los que quedan expuestos a la impunidad de la que gozan los criminales, los más favorecidos con montajes de capturas de supuestos sicarios.

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Ha tenido muy poca actividad en las redes sociales el gobernador Javier Corral -con un facebook en el abandono vil- , pero uno de sus seguidores nos hizo llegar una imagen de uno de sus últimos tuits, que tiene que ver con una entrevista realizada por Ricardo Raphael, que recientemente fue traído con cargo a recursos estatales, para la presentación de su primer novela.

En la entrevista, una representante de la organización World Justice Project presenta a Chihuahua como un ejemplo nacional en materia de investigación en materia de homicidios.

Chihuahua es la mejor fiscalía del país, dice la entrevistada, particularmente en materia de servicios periciales.

Pero resulta que el Índice de Desempeño de las Procuradurías y Fiscalías nos dice otra cosa. Para empezar, Chihuahua cayó del lugar que tenía en 2018. Para 2019 se encuentra en cuarto lugar nacional, en diferentes índices, uno de los cuales es precisamente impunidad en homicidios.

En este rubro el desempeño es patético y alarmante. Se aplaude que en Chihuahua, de cada diez casos, 8.9 queden en la impunidad, cuando la mitad de las entidades federativas se encuentran por debajo de la estadística, incluso Yucatán con índice cero.

Existe una evidente manipulación de información, como ocurre en muchas otras áreas, como el inalcanzable proyecto de inversión pública rimbombantemente anunciado y que se reduce a un elemental manejo de mercadotecnia, puros espejitos, mediante discurso vacío.

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Sabíamos de la “sudada” de recursos por parte de la Secretaría de Hacienda estatal en perjuicio de las universidades públicas del Estado, en aquellos depósitos federales que llegaban a cuentas productivas manejadas al antojo de Arturo Fuentes Vélez, pero nunca imaginamos que pudiera llegarse al grado de pervertir un impuesto que todos los chihuahuenses pagan con gusto en todos los servicios públicos.

Es el impuesto universitario, que nació en 1967 a iniciativa del rector Manuel Russek, y que es recabado puntualmente, pero no llega de manera íntegra a las tesorerías de las universidades de Juárez y Chihuahua.

El argumento central para justificar tal atropello es que no hay dentro de la estructura jurídica del impuesto mencionado una indicación del momento en que debe ser entregado a las universidades dicho recurso económico, pero es indudable que sí tiene como objetivo sostener el funcionamiento de las mismas, por lo mismo debe tener al menos un reporte mensual.

Pero además, las cantidades son importantes. Sólo en 2018 estamos hablando de más de 170 millones de pesos que se adeudan, y que de entrada, significan una millonaria cantidad en generación de intereses.

En este momento la autoridad fiscalizadora no ve delito en la travesura administrativa, pero la lupa con que se mira es un lente azul. Delicado sería que esta política de manipulación fiscal sea un cobro “a lo chino” por los adeudos a pensiones civiles, lo cual tampoco sería muy ético que digamos, más aún cuando acaba de estar el titular del Ejecutivo en ambas universidades, reiterando su respeto y compromiso.

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Es fotogénica sin duda la diputada morenista Ana Estrada, que se lució con imágenes el fin de semana, aprovechando a una parte de los invitados del senador Cruz Pérez Cuéllar, en el salón principal del Hotel Sheraton.

No es nada ingenua “La Güera”, como le dicen de cariño algunos de sus seguidores en redes sociales. Se retrató muy pegadita con el ex gobernador Patricio Martínez y con el senador Ricardo Monreal, fotos que valdrán oro en algunos meses, conforme se definan los momios electorales del 2021, y que ni tarda ni perezosa subió inmediatamente a su muro social.

Monreal es una pieza clave dentro de la nomenclatura que mueve los hilos en Morena y en el mismo gobierno federal, en momentos en que el presidente necesita gente efectiva a su alrededor; Patricio es un activo político, indudable, que goza de reconocimiento en todos los sectores.

“No cualquier gobernador puede salir a la 20 veinte años después de que terminó”, bromeó Monreal en su discurso al hacer notar la presencia de Patricio el pasado domingo en el besamanos a Cruz. Pues de esa fama pública se colgó la diputada con singular alegría.

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Se convirtió la conferencia de prensa mañanera del Presidente de la República en un auténtico motín con los reporteros presentes. Fue un diálogo circular ríspido, de ida y vuelta, con gritos y sombrerazos de un lado y otro.

No tiene desperdicio lo que ahí ocurrió. Incluso perdió la paciencia franciscana que siempre muestra Andrés Manuel, que debió capotear el vendaval, prácticamente solo. Los secretarios del gabinete de seguridad lucieron sentaditos y sin decir ni pío.

Fueron dos horas y media de discusión, con muy pocos datos, más contradicciones y la exhibición directa e inmisericorde de dos medios de comunicación en particular, La Jornada y Televisión Azteca.

La única intervención del flamante Secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, fue para gritonearse con los reporteros, con motivo de las lagunas del fallido operativo Culiacán, que no alcanzan a explicar de manera convincente.

La imagen de una nota de primera plana de La Jornada fue exhibida a todo color, con la fake news de un militar que se dijo sería Ovidio Guzmán, y que hábilmente Andrés Manuel aprovechó para quejarse del amarillismo, tras recordar a “Gustavo” (sic) Madero y recordar aquella frase de “muerden la mano que les quitó el bozal”, pronunciada con ironía y mordacidad, dedo flamígero de por medio. La telenovela continúa hoy, porque la conferencia de prensa se suspendió.

“Están muy excitados”, argumentó el presidente, que incluso abandonó apuntes, que su comedido Alfonso recuperó de inmediato del atril.