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Video.- Pésimo ejemplo para niños y adultos en un camión -Puro choro la regulación del transporte -Protección a derechohumanistas de dientes para afuera -Ni Uber frena el negociazo Gobierno-Taxis

Se deleitó el gobernador conduciendo una flamante unidad donada a los municipios, con un recorrido que incluyó varias vialidades del centro de la ciudad. Anduvo por la Aldama hasta la 27 y viceversa.

Son vehículos, camiones y tipo van, que serán utilizadas para el transporte escolar de niños y niñas en situación de vulnerabilidad.

Pero en su viajecito, se le olvidaron pequeños detalles. Violó flagrantemente la ley al no utilizar el cinturón de seguridad.

Las fotos, profusamente difundidas a través del área de comunicación social, no dejan mentir de la violación a la Ley de Vialidad, y por la cual, todos los días, cientos de chihuahuenses deben enfrentar multas con fines recaudatorios.

Dice el artículo 50 de la Ley de Vialidad que es obligación de los conductores utilizar el cinturón de seguridad, mismo que también deben usar los pasajeros.

El Jefe del Ejecutivo se paseó con juguete nuevo, sonriendo, y distrayéndose, mientras detrás, en los asientos, se observan niños y adultos sentados en el camión.

Para colmo, su licencia debe ser exclusivamente en calidad automovilista y no chofer como ocurre con la generalidad de las personas.

Y si esto no fuera suficiente, se echó por ahí una vuelta indebida, como buen cafre camionero. Sin duda, un gran ejemplo de lo que no se debe hacer, pero que se puede siendo gobernador.

Mala enseñanza para los niños que lo acompañaron.

No puede dejarse de lado otro dato. Los camiones son chatarras remodeladas, que no cumplen con las condiciones que exige la ley de transporte, y que para variar en algunos de ellos ni siquiera había placas de identificación. Otra violación a la Ley de Vialidad.

Ante esto, el hecho de que haga caravana con sombrero ajeno, porque en la inversión participa la Fundación para el Empresariado Chihuahuense, sólo es pecata minuta.
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Ha sido pura palabrería esa de regular el transporte desde un área técnica y no política, discurso del gobierno actual que ha sido promesa incumplida desde el comienzo de la administración corralista.

El Secretario General de Gobierno, Luis Fernando Mesta, acaba de firmar nuevas concesiones para taxis, casi un centenar para seis municipios urbanos.

Las concesiones fueron poco publicitadas y transparentadas, para mantenerse como siempre, como negocio de un reducido sector favorecido por el Gobierno del Estado.

La autoridad continúa con la misma práctica: por razones políticas opta por mantener el control desde la Secretaría General, en vez de delegar esas facultades en áreas técnicas relacionadas con la ecología y el desarrollo urbano.

En las ciudades y estados más desarrollados que Chihuahua esta materia se atiende en efecto por áreas menos politizadas de la administración pública, en aras del crecimiento sostenido de las comunidades. Aquí se sigue en la prehistoria política.

De las concesiones llama la atención que ni Uber pudo frenar las de Aquiles Serdán y Aldama, que básicamente son para servicio urbano y conurbado a la capital del estado, según los que conocen del espinoso renglón del transporte.

Las demás son para Cuauhtémoc, Delicias, Meoqui y Camargo, para que al rato los nuevos taxistas hoy favorecidos se quejen de que las plataformas digitales, que dan un mejor servicio indudablemente, les ganan la clientela que ellos son incapaces de retener.

Todo porque sus ganancias se deben a la complicidad, amasiato y relación política con “papá gobierno”, no al esfuerzo y al trabajo.

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Este 24 de octubre se cumple un año del homicidio de Julián Carrillo, uno de los emblemáticos defensores de derechos humanos y ambientalista en la sierra de Chihuahua.

No es el único caso. Un año antes, en el 2017, con una semana de diferencia, murieron Isidro Baldenegro y Juan Ontiveros, también líderes comunitarios con gran reconocimiento nacional e internacional.

Sus crímenes no han sido esclarecidos totalmente, aun y cuando ya hay condena en el caso de Isidro y en el de Julián hay un detenido. El móvil establecido no convence.

También existe incapacidad del Ministerio Público para lograr sanciones ejemplares que tomen en cuenta una reparación integral del daño provocado, no sólo a sus personas, y a sus familias, sino a las comunidades.

El caso de Juan Ontiveros es patético. Un juez liberó al presunto responsable, porque el Ministerio Público no reunió elementos de prueba que lo vincularan con el asesinato del también líder comunitario.

Si los tres homicidios son terribles, el de Julián es probablemente el de mayor tragedia. No sólo fue asesinado él, sino una gran parte de su familia. Su hijo Víctor, sus sobrinos Guadalupe y Alberto, y su yerno Francisco, corrieron la misma suerte.

Ni el mecanismo federal de protección, del cual formaba parte, ni el Gobierno del Estado pudieron protegerlo a él ni a su familia de los arteros crímenes, cometidos en un contexto de denuncias por tala inmoderada del bosque y presencia de grupos armados.

Marca la administración estatal actual una inercia de ataques y muerte contra defensores de derechos humanos que, es cierto, inició desde antes pero que a partir de 2016 se ha agudizado.

Si el gobierno de Duarte se inauguró con el homicidio de Marisela Escobedo en las puertas de Palacio de Gobierno, el de Corral también inició con el asesinato de la colega Miroslava Breach.

Ahora que se acerca la fecha del homicidio de Julián, se elaboró un mural por un colectivo de artistas urbanos, cuya imagen le mostramos en nuestra edición digital, en el cual se incluyen los rostros de Baldenegro y Ontiveros, como evidente y claro reclamo a una autoridad estatal que sólo utiliza como discurso la protección a los derechohumanistas, pero que en la práctica no hace absolutamente nada.

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Presumió Carlos González una corbata obsequiada por funcionarios del consulado de Canadá en Monterrey ayer en un encuentro auspiciado por la UACH con instituciones dedicadas al impulso a la educación internacional.

“Ahora traigo a Canadá en el corazón”, palabras más, palabras menos, las que dijo el actual Secretario de Educación y Deporte del Gobierno del Estado.

Se convirtió el discurso de González en un largo saludo a sus amigos de instituciones educativas, con chascarrillos por doquier.

Incluso utilizó al enviado de la Secretaría de Educación federal, Enrique Ku, para enviar un mensaje cortés al subsecretario de Educación superior, Luciano Concheiro, que tiene pendiente un viaje a Chihuahua.

Pero nada más. Fue lo más cercano que hubo a una inconformidad.

En ninguna parte de su improvisada alocución se escuchó algún reclamo, aunque sea velado por exigir, pedir o siquiera suplicar recursos económicos al gobierno federal.

En público no fue solidario con la UACH, esperemos que en privado sí lo haya sido.

Fue una auténtica dama en su trato, como lo ha sido su jefe Javier Corral, al momento en que se encuentra frente a funcionarios del orden federal, pero en los micrófonos cómodos se vuelve una fiera.

La cuestión es que vienen las instituciones superiores de educación de un paro nacional, hace exactamente una semana, para exigir se realicen las consideraciones necesarias en el presupuesto, con una postura firme de ANUIES porque hay universidades en franca bancarrota.

Se esperaba cuando menos algún señalamiento al respecto. Por el contrario, se contentó con acomodarse la corbata, sin respingar en absoluto.

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