-Reacciona con ceño fruncido y mirada amenazante -Un ego superlativo en relación a los medios -Saca auditoría a administrador del Hospital General -Retumba en Morena renuncia del profe Chaparro

Por supuesto que el gobernador se niega a declarar públicamente, luego que se le cayó redondito el argumento de una promesa de compra venta notariada, con la exhibida que le dieron los auténticos propietarios del predio invadido.

“No tengo respuesta ya para usted”, le dijo a uno de nuestros colegas de esta casa editora, con ceño fruncido y mirada amenazante.

Primero salió por la parte trasera del evento donde se presentó el Plan Juárez en materia de seguridad pretextando un nuevo viaje a la Ciudad de México; luego simplemente evadió su responsabilidad ética de comparecer ante el tribunal de la opinión pública.

Está en grave tela de duda ya no digamos su conocimiento jurídico, como perito con cédula profesional 4842338, que lo identifica como Licenciado en Derecho y Ciencias Sociales, sino la elemental lógica.

Sólo puede vender quien es propietario de la cosa. El documento que muestra como contrato de promesa de compraventa es inválido al no tener sustento.

Pero además, aquello que tiene embargos de la naturaleza de los inscritos, debe tomarse con mucha cautela, porque primero deben eliminarse del Registro Público de la Propiedad mediante cancelación, lo cual no se ha hecho.

Y en esas condiciones de ausencia de conocimiento fue derribada una barda y se apropió de un predio, sobre el cual está posesionado materialmente de manera ilegal, como dejan ver los auténticos propietarios.

Pero no tiene problema. La Fiscalía General del Estado no tendrá ningún empacho en archivar una eventual denuncia e incluso dejarla sin efecto, en virtud de que existiendo documentos de un negocio contractual, no existe despojo, por más balín que sea, porque el Fiscal no es otra cosa que empleado del titular del Ejecutivo.

Adicionalmente -lo cual no es cosa menor- el Ejecutivo tiene fuero constitucional, por lo que hay impedimento para procesarlo penalmente durante el tiempo que dure su encargo.

Patente de corso que los legisladores a nivel estatal y federal se han negado a eliminar.

En el fondo nos dicen que una vez que haya albacea en el juicio sucesorio, vendrá la querella, para no dejar dudas del ilícito que se está cometiendo.

Las incongruencias y mentiras dictadas desde el Canal 28 en una inconsistente declaración pública hacen carga en su contra. A confesión de parte, culpabilidad manifiesta.

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Ya entrados en gastos, no es casualidad que la administración estatal intente medidas draconianas para acallar la libre expresión de las ideas a través del ejercicio periodístico.

Un observatorio de medios es una buena medida de corresponsabilidad, pero proviniendo de la sociedad civil, y no instrumentada desde el gobierno del estado.

De muy poco le sirvieron al gobernador Corral sus incursiones en materia de derecho a la información y derecho de la información, en la AMEDI que trató siempre de manipular como buscando convertirla en su juguetito ciudadano.

No es permitida la censura previa ni políticas de objetividad o ética de medios de comunicación impuestas desde el Estado, porque carecen de una legitimidad auténtica.

Son simples acciones que agreden derechos humanos tutelados por tratados y acuerdos de organismos internacionales, desde el capricho banal de un ego superlativo.

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Una luz muy tenue se dejó ver en el Hospital General ahora que ha terminado la auditoría interna y que confirmó los malos manejos que todo mundo sabía.

Nos indican que se fue el administrador Eduardo Tavares, como primer responsable del irregular manejo con facturas elevadas, pacientes inexistentes y pago de cuentas apócrifas.

Había un mecanismo para hacer pasar cuentas internas del hospital como provenientes de pacientes del Seguro Popular.

Fue tanto el descaro, que no hubo más remedio que ordenar una auditoría, que cayó de sorpresa y confirmó lo que era un secreto a voces en el hospital de las transas.

Pagó como siempre el hilo más delgado. Sin embargo, el asunto no debe quedar ahí. La irregularidad, el verdadero interés por el negocio, está desde la cabeza de la unidad médica.

Carlos Benítez, el director, se ufanó días atrás ante un grupo de colaboradores, que antes que él se iría el administrador. Tiene voz de profeta y lo cumplió.

Pero lo único que hacía el administrador era cubrir sus espaldas, porque el escándalo es mayor, y ya lo tiene muy detectado el secretario Jesús Enrique Grajeda, porque no sólo es en ortopedia, sino también en hemodinamia, donde hay más involucrados.

Entre ellos aparece el jefe del área, quien tripula un lujoso Audi que ya quisieran muchos médicos, incluso los que trabajan en el sector privado.

La acusación en hemodinamia va por el mismo estilo de ortopedia. Falsos pacientes, facturas apócrifas y uso de materiales y equipo por lo cual cobran grandes cantidades de dinero que no son reportados al Hospital.

Daniel Frías, el responsable de hemodinamia es un fiel escudero del médico militar, ex secretario de Salud, Ernesto Ávila, quien sigue con un pie dentro de la institución.

Grajeda no ha podido sacudírselo de encima y tomar el control completo de la Secretaría que sólo en el papel está bajo su responsabilidad.

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El accidente donde murieron dos obreros en pleno Palacio de Gobierno no debió ocurrir por un solo motivo:

Hay una omisión inaceptable de la Unidad Estatal de Protección Civil, que debió cerciorarse de las medidas de seguridad adoptadas por la empresa constructora.

Máxime cuando el programa de mantenimiento de la cantera tenía 15 años abandonado, tres de ellos responsabilidad directa del gobierno actual.

Las losas de cantera eran -y siguen siendo- una auténtica amenaza a la seguridad de transeúntes y empleados de la sede del Poder Ejecutivo del Estado.

Por eso las obras debieron haber sido objeto de una minuciosa inspección, como se anuncia que se hará, después del terrible suceso.

En la imagen se observa cómo no existe una protección para evitar que algún desprendimiento pudiera caer sobre los incautos ciudadanos que caminan por debajo del área de trabajo.

Todo mundo se dio cuenta y nadie hizo nada. Una loza suelta y un arnés mal sujetado fueron suficientes para el fatal desenlace.

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No se sabe en qué términos exactamente, pero el profesor Martín Chaparro Payán entregó su renuncia a Morena, a unos cuantos días de que se realice la elección de su sucesor.

La decisión hizo retumbar a nivel local al partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues obviamente lleva algunos mensajes.

El acuerdo interno morenista es el de mantener dicha renuncia bajo reserva, en el plano de lo informal, al menos por ahora.

Pero no pueden pasarse por alto los eventos que han marcado al partido en el poder nacional los últimos días, que le dan contexto a esta polémica decisión.

El viernes pasado vino a la entidad la dirigente nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, quien aprovechó para hacer ciertos ajustes en su equipo local, con miras a su sucesión. Ella sigue con posibilidades.

Luego sábado y domingo estuvo el presidente López Obrador en un recorrido por tres municipios de la entidad. Aunque el discurso oficial señala que no se mezclan el partido y el gobierno, eso parece pura simulación.

La realidad más bien apunta a que el primer morenista del país despacha en Palacio Nacional, con todo y mensajes insistentes de que la 4T no es como el viejo PRI.

Al mismo tiempo en la Ciudad de México se celebró el Consejo Nacional, donde su presidenta, la chihuahuense expatriada Bertha Luján Uranga, anunció también su renuncia a ese cargo, para buscar la dirigencia ejecutiva de Morena.

En ese marco es que ayer Chaparro también aventó el arpa, pero no se sabe para qué ni por qué. Lo que sí es que lo ven entre la espada y la pared: entre Yeidckol, Luján y los que nomás están esperando su caída para tomar por asalto el partido, que no son pocos.