-No disimuló nadita su enojo en el Poder Judicial-Batalla para conseguir Congreso a modo-Tampoco para Madera hay gobernador ni alcalde-¿Es subdelegado o usurpador del cargo?

Fue el informe del Tribunal Superior de Justicia un petardo que estalló frente al gobernador del estado, Javier Corral. No lo disimuló nadita durante los 60 minutos que duró su presencia en el salón de plenos.

Pero también fue un bumerang en la actual presidencia de Pablo Héctor Villalobos, por un par de datos que no pasaron desapercibidos y que por supuesto generan preocupación.

Primero porque en materia de transparencia el Ichitaip le calificó al Tribunal con un 100, que ni en sueños han alcanzado las dependencias del Ejecutivo.

La página web y la política del Gobierno del Estado en la materia es de opacidad a más no poder. Los datos hay que buscarlos con lupa en un mar intrincado, lleno de vericuetos, y luego armar un rompecabezas.

Pero además, por la base otorgada a 260 trabajadores del Poder Judicial que tenían años en franca violación a sus derechos humanos en materia laboral.

Incluso, algunos de ellos del género femenino, que debían renunciar a sus licencias de maternidad para evitar cancelación de contratos.

Hay una flagrante falta en materia de género y de grupos vulnerables, cometida y aceptada en pleno órgano judicial, garante de dichos derechos.

Luego el anuncio de un tribunal o sala especializada en justicia para las mujeres, que se antoja cuando menos un nuevo magistrado, ¿o tres? Que se agregan a la abultada nómina de casta dorada.

En el pleno apenas cabían los magistrados actuales. 31 togados incluyendo al presidente, más otros dos consejeros de la Judicatura.
Como van, necesitarán un nuevo edificio que albergue tan abultada nómina.

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Fracasó en un primer intento el gobernador por colocar una mesa directiva a modo para el siguiente periodo ordinario. Quería nada más y nada menos que a Misael Máynez, el señor de las trocas.

Morena careció de argumentos de negociación suficientes para lograr los 17 votos necesarios de la mayoría simple de legisladores presentes para entronizar a su propuesta, Benjamín Carrera.

Se quedó muy lejos. Apenas algunas de sus curules y la del nuevo bloque priísta a favor incluyendo a Marisela Sáenz.

Rubén Aguilar, colmilludo, no votó, como tampoco lo hizo por ejemplo Ana Carmen Estrada. Gustavo de la Rosa sí votó por Carrera, pero huele más a distractor que a otra cosa, para que no se acuse al delegado Juan Carlos Loera de la Rosa, de traicionar a través de su tío.

La disputa es obvia por el manejo administrativo del Congreso del Estado, porque las votaciones adicionales, leyes y resoluciones de Auditoría Superior se negocian aparte. Una por una. Esa es otra cosa.

Está en juego la dirección y coordinación del Congreso, la determinación del orden del día de cada sesión, incluso, darle la palabra al gobernador en sesiones especiales, llamar al orden y pedir la presencia de la fuerza pública.

No quiere el gobernador dejar en manos de nadie más que de alguien de confianza su manejo, pero deberá hacer algo más para lograrlo.

La negociación continúa en lo oscurito, para reanudar hoy. Está empeñado, con su palabra de por medio, en no soltar el control del legislativo. Le urge conservarlo a como dé lugar.

La cuestión es que los votos están entrampados. El PRI tiene 3, Morena, ¿4? ¿5? Ayer logró 9 y es muy difícil, sin intercesión federal, lograr dividendo.

Y Juan Carlos está muy amarrado con el gobernador, aun a costa de que se le arrebate a su partido la dirección de la mesa directiva que por ley orgánica le corresponde por ser la segunda fuerza.

Si las cosas continúan como están, no hay previsión legal. La única es la permanencia de la actual mesa directiva y por supuesto, los inmediatos recursos jurídicos.

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La escena no puede menos que ser dantesca. Una vivienda devorada por el fuego que de madrugada fue provocado por un grupo delincuencial en el más completo contexto de impunidad.

No hubo quien les pusiera el alto, a pesar de que no fue una sino varias las casas incendiadas y varios vehículos.

Pero dentro de una de ellas, de las casas, se encontró el cuerpo calcinado de una persona, que deberá ser identificada mediante procedimientos científicos de revisión de ADN.

El ataque fue perpetrado durante un largo tiempo, en el cual no hubo Guardia Nacional, policía estatal ni mucho menos municipal, atendiendo el reporte.

Si en la ciudad de Chihuahua, en plena sede de los poderes estatales, el robo de siete camionetas se realiza durante 60 minutos, en la más completa impunidad, qué se puede esperar en Madera.

Las manifestaciones y discursos de seguridad truenan y se rompen frente a la terca realidad presente, que habla de incompetencia y omisión.

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En el asunto de la presidencia del Instituto Chihuahuense de Transparencia, la decisión del Tribunal Colegiado de enviar a la Suprema Corte la resolución final del recurso de revisión era de esperarse.

Rodolfo Leyva, el consejero impugnante, le llenó el buche de piedritas a los magistrados impugnados, quienes sin pena mayor ni problema retardaron el asunto y luego lo batearon hasta la capital del país, para que luego Leyva no se queje de determinaciones caprichosas con propósitos personales.

Es decir, fue el consejero mismo, al estirar la liga, el responsable de que el litigio se vaya unos meses más a la congeladora, para su decisión final. Por supuesto no puede ocultar la molestia y franco enojo por ello.

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Entre la semana pasada y principios de la actual fue denunciado el titular de la Comisión Nacional de Pesca con sede en Camargo, Jorge Alberto Lara, de quien previamente ya se había dicho que gustaba charolear con los nombres del superdelegado Juan Carlos Loera y el diputado federal Ulises García.

Pues bien, reportan que el funcionario federal tiene en contra denuncias por parte de Argelia Núñez, Verónica Sauza y Ricardo Ruiz, por delitos diversos que van desde ejercicio ilegal de funciones hasta la extorsión.

Pero hay una denuncia más de Fabiola Armendáriz por violencia familiar, pues con ella mantiene un litigio añejo que ha rebasado el ámbito de su vida privada.

Los denunciantes afirman que a raíz de que se dieran a conocer las querellas debidamente formalizadas, Lara Hernández ha amenazado con golpear a su expareja y a otra de las mujeres que lo acusan de diversos delitos.

De decirse protegido del superdelegado federal y casi, casi con fuero por ser “representante” del legislador juarense Ulises García, pasó a las amenazas e intentos de ataque a los denunciantes.

Todo obedece a una razón muy concreta: resulta que Lara Hernández no es subdelegado federal de Pesca ni tiene cargo alguno en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

Lo que le duele no son las acusaciones sino la exhibida, pues el señor no aparece formalmente en la nómina de la administración pública federal, sino en la de una empresa subcontratada por la federación, para diversos servicios.

Así que el asunto, si se ponen vivos los de la cuarta transformación, puede terminar en un caso penal federal, como cereza del pastel de acusaciones que enfrenta.