-El resumen tétrico de un gobernador sin aire-Ridículo operativo anti inmigrante -Estalla Marcelino de coraje y prepotencia -El Escudo Chihuahua, único escudo de Fiscalía

Ha perdido proporción en el nuevo amanecer la violencia ascendente, en todos los sentidos. No es sólo el crimen atroz de las tres inocentes niñas acontecido en Ciudad Juárez, sino una ola terrible de acontecimientos consecutivos en los últimos tres años. Corral desfallece como político; ya perdió el aire.

Las lonas colocadas en la más completa impunidad, donde los grupos se desligan de dicho crimen y acusan complicidad y protección de Fiscalía, evidencian lo que subyace estadísticamente.

Es una realidad que no puede taparse con un boletín, como el sol no puede ocultarse con un dedo, como pretende hacerse desde la administración estatal. Un súper comando que robó sin freno siete vehículos en el corazón del poder estatal, es la otra prueba de la impunidad.

Chihuahua se encuentra en los primeros lugares de la violencia homicida en el país, sin que las políticas públicas adoptadas hayan dado resultado alguno.

De acuerdo con los conservadores datos del Secretariado Ejecutivo, la entidad presenta una tasa de homicidios dolosos de 6.1 por cada cien mil habitantes.

Dicho número sólo es superado en el escenario nacional por Baja California con 8.0 y Colima, a la cabeza con 8.3.

El horror de una persona descuartizada sobre el periférico Francisco R. Almada o los colgados, entre ellos dos mujeres, en la carretera a Cuauhtémoc, sólo son resumen tétrico de la estadística terrible.

Son un vistazo en el catálogo de incidencia delictiva, que en julio de 2019 tuvo un incremento en Chihuahua del cuatro por ciento en comparación con el mes de junio del mismo año.

Es decir, de un mes para el otro, tuvimos un incremento de cuatro delitos por cada diez que ya se cometían.

Pero el dato es aún más estrujante cuando se compara el mes de julio del año pasado con el mes de julio actual: hay un incremento del 16.7 por ciento, una cifra de escándalo, si se toma en cuenta que son delitos de todo tipo, sexuales, patrimoniales, etcétera.

Por ello Chihuahua se encuentra entre las entidades con más alta tasa de delitos en general por cada 100 mil habitantes, con 161, cuando la media nacional apenas es de 138 delitos.

Es lógico que frente a esa realidad, la percepción de inseguridad se encuentre por los cielos y la credibilidad de nuestras autoridades por los suelos.

Más aún, con esos comunicados, como el enviado con motivo del lamentable suceso de las niñas en Riberas del Bravo, el CCS/6622 del 26 de agosto.

Lamentos y condenas que en poco ayudan al combate real del crimen organizado y sólo tratan de justificar grave incapacidad y disimulo.

En ese contexto, con desfachatez, se anuncia la cuarta carrera que antes era de la liberación y que ahora es unidos con valor.

Como si nada ocurriera en nuestra entidad, en un baño de sangre insoportable, que quiere ser ignorado con distractores que poco ayuda a la población chihuahuense a superar el dolor que enfrentan por la pérdida de seres queridos, y mucho menos a resolver el problema gravísimo de inseguridad.

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El operativo anti inmigrante en varios hoteles y moteles modestos de esta ciudad se convirtió en escenario de una macro operación policíaca que movilizó agentes de los tres niveles de gobierno.

Fueron implacables los sabuesos estatales en auxilio y colaboración de los elementos de la Guardia Nacional, en el operativo del Instituto Nacional de Migración.

Reventaron los establecimientos en busca de los indocumentados, pero quedaron en un palmo de narices.

Solo unos cuantos indocumentados pudieron detener, que por cierto, uno de los cuales se encuentra privado de sus extremidades inferiores y que debe por ello con más razón recibir un trato humanitario y no como criminal.

El gran operativo quedo sólo en una demostración de fuerza y poder policial, que la sociedad quisiera ver volcada en la atención de la ola de crímenes y aumento en la incidencia delictiva, narrada líneas arriba.

Pero está la Guardia Nacional con auxilio de los cuerpos policíacos estatales volcada en atender un problema de migración, aun y cuando contradiga el discurso oficial de respeto a los derechos humanos de la libre migración.

La fuerza de seguridad contra los indocumentados no parece ser una buena señal de tolerancia y respeto a quienes migran por razones de seguridad y supervivencia económica.

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Un grupo de personas con uniforme del Sistema de Administración Tributaria, realiza un operativo por el centro de la ciudad y en diversos centros comerciales.

Se trata, según nos dijeron, de un trabajo de rutina. Simple inspección para verificar aspectos como el alta de los contribuyentes y documentos diversos.

Pero nos dice un amable lector que andaban entregando como citatorios.
Sin embargo, han generado temor entre los comerciantes, que lo ven como el anuncio de operativos de inspección más a fondo, sin ninguna razón aparente más que justificar trabajo, y generar presión.

La imagen que le mostramos es del primer cuadro de la ciudad. Se observan los jóvenes con playeras blancas y logotipo del SAT.

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Mucho del éxito en la recuperación de seis de las siete camionetas hurtadas de un lote de autos seminuevos se encuentra en el Escudo Chihuahua.

Las cámaras de videovigilancia, a las cuales gobierno del estado sólo les saca jugo pero no invierte como sí decidió hacerlo en Juárez, permitieron el seguimiento puntual e identificación de vehículos y rutas.

Por ello pudieron inmediatamente las corporaciones coordinadas asumir presencia asertiva, porque sin Escudo Chihuahua hubiera sido un operativo desastroso.

Así pudieron salir a dar la cara en una conferencia de prensa triunfal en la Fiscalía, con el prietito en el arroz de un saldo con tan solo tres detenidos.

Y el hecho de que las camionetas realmente fueron abandonadas, ante el despliegue oportuno que les cerró los posibles escapes.

Por eso ni Javier Corral, ni el Fiscal César Peniche salieron a presumir la medalla. No solamente supieron que no fue resultado de ellos sino que el crimen organizado se les coló desde Parral hasta la ciudad de Chihuahua para burlarse de sus aparatos de “inteligencia” y de pasada agenciarse algunos vehículos de los llamados de reciente modelo.

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Sin una presencia adecuada del Poder Legislativo -fue Jorge Soto y no la presidenta de la Comisión de Justicia, en ausencia del Presidente del Congreso- casi a puerta cerrada, se realizó el informe del Tribunal Superior de Justicia.

Presente el gobernador Corral, en su discurso se limitó a lanzar flores y reconocimientos de autonomías inexistentes, losa pesada que carga en decenas de amparos por el manoseo en designación de jueces y magistrados.

Una gestión la de Pablo Héctor González Villalobos, que no ha estado exenta de presiones, dentro y fuera del Tribunal; lo traen muy grillado, palabras textuales de gente cercana. Ya le tienen armado el operativo Jiménez Castro para darle el adiós.

Particularmente la intervención del Ejecutivo, que no ha podido resistirse a la invasión de competencias en congruencia con el mensaje que ayer leyó frente a los magistrados y que ha reiterado acerca de una separación de poderes que queda solo en el discurso.

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Prepotente y regañón, así definen ahora al subdelegado regional de programas federales, Marcelino Gómez Brenes, luego de los últimos yerros cometidos por él y su personal en la entrega de apoyos de la Secretaría de Bienestar.

En la comunidad rural de Labor de Terrazas, en medio de unas 30 personas que le reclamaban la falta de un trato digno luego de tenerlos en espera más de tres horas, el señor subdelegado se puso de malas y les espetó que si querían los apoyos tenían que aguantarse.

El funcionario -acusan los afectados- básicamente les dijo que los interesados en recibir su dinerito del gobierno federal eran ellos; así que a él no le interesaba si se quedaban o se iban, si se quejaban por formarse toda una mañana o si aguantaban calladitos.

El espectáculo brindado por Gómez Brenes fue la semana pasada y todo porque a un par de adultos mayores se les ocurrió criticar que ya tenían mucho tiempo en fila y no les daban siquiera un vaso de agua.

En vez de buscar personal a su cargo para que les dieran una botella de agua a los beneficiarios de los programas sociales, el subdelegado estalló y puso el mal ejemplo a sus subalternos.

Luego no quieren que los burócratas menores traten con la punta del pie y sin respeto a su dignidad a las miles de personas en pobreza que reciben algún tipo de subsidio gubernamental.