-Miércoles de venta de diputados -Un Marco Antonio Pizarro sin título -Cafés universitarios de 40 pesos -Chambita de neomorenista con Corral

Hay un compromiso empeñado en entregar la presidencia del Congreso a Morena. Eso nadie lo puede negar.

La cuestión es poder cumplir. Las últimas horas han sido de negociación y de coacción sobre los legisladores para el voto definitivo.

Tiene el gobernador, Javier Corral, especial interés en ello. No puede dejar la posición sólo por un compromiso de carácter ético, aunque ya sabemos que ha olvidado el significado de tal concepto.

Necesita algo más. Y en ello se encuentra. Puede soltar formalmente la presidencia, pero jamás desde el punto de vista real. Hay una negociación intermedia donde Juan Carlos Loera es pieza clave.

La negocia está al mil, incluso hay quienes le otorgan visos de 2021, pero es puro alarde. Quienes están cerca así lo visualizan.
Hay trampa leonera de Corral.

El margen de maniobra es escaso. La incorporación de Marisela Sáenz al PRI como subcoordinadora lleva mensaje y genera incertidumbre, pero no es suficiente.

La sesión previa para la elección de mesa directiva está citada para las doce del día de mañana.

***

Es la administración estatal un escenario de completa anarquía, donde los funcionarios hacen lo que quieren con la venía de sus superiores.
Ni los organismos descentralizados se salvan de esa situación. Contratan funcionarios de primer nivel sin cerciorarse plenamente de quiénes son, y constatar mínimamente sus credenciales académicas.

Nos referimos al caso de Marco Antonio Pizarro Murguía. Tiene entre sus antecedentes haber sido parte de la rectoría de Esther Orozco, la académica y científica chihuahuense, que fue desconocida en la Universidad Autónoma del Distrito Federal.

Era Marco en esa administración el coordinador administrativo y luego responsable de planeación. Salió por la puerta de atrás luego de la destitución de todos los funcionarios, incluyéndolo.

Esto ocurrió en el 2011. Luego estuvo en un negocio de carácter social “sin fines de lucro” denominado MetaBus, donde coordinaba proyectos, atendía cuestiones de comunicación y realizaba “administración y manejo íntegro de donativos”.

En 2014, suponemos que es esa la fecha, partiendo del currículum de transparencia del Instituto Chihuahuense de la Mujer, ingresó a este organismo descentralizado del gobierno estatal.

Ocupa en dicho organismo la jefatura de departamento de institucionalización de la perspectiva de género, con un sueldo anual de 370 mil pesos. El dato lo proporciona su declaración patrimonial.

Llama la atención su puesto por no ser mujer, pero queremos entenderlo como una obligada posición política de algún grupo. Pero no es lo único.

Su currículum dice que cuenta con licenciatura en administración de empresas por el Instituto Tecnológico de Monterrey y Maestría en Dirección y Gestión de Recursos Humanos por la Universidad Católica Santa Teresa de Jesús y Ávila de España.

Su maestría, por ser extranjera, es obvio, no se encuentra en la base de datos del registro de profesiones de la Secretaría de Educación. Pero, tampoco se encuentra la mencionada licenciatura, lo cual da pie a la evidente conjetura de que no puede ostentarse con tal carácter por carecer de cédula profesional.

Ahora entendemos el juicio realizado ante el Instituto de Transparencia del Distrito Federal, cuyo resolutivo tenemos en nuestras manos. Es el recurso de revisión 1916 del 2011.

En dicho juicio, la Universidad Autónoma del Distrito Federal se negó a proporcionar una copia certificada de la documentación que avalaba los grados académicos de Marco Antonio.

Hace unos días el funcionario se presentó en un evento público. Encabezó un Foro para el Empoderamiento Económico de las Mujeres, donde resaltó la igualdad entre hombres y mujeres como uno de los temas torales de la actual administración.

Sin duda así lo es.

***

Debe hoy dar a conocer el gobierno del estado el resultado de la convocatoria pública para reestructurar seis mil millones de pesos en créditos contratados con Banobras y tenedores de inversión.

No le queda de otra al gobierno estatal más que recoger la oferta de las instituciones bancarias que sí quisieron comprometerse en la renegociación, que por cierto no son muchas.

Se echaron para atrás Banobras -era muy lógico, no iba a patear el pesebre, pero además tiene información privilegiada de carácter financiero, y es el principal perjudicado- HSBC, Scotia Bank Inverlat, Bansi, Banco Regional Banregio y Banco Multiva.

Sólo quedaron unas cuantas instituciones bancarias, con ofertas muy precarias. Van desde el .5 al .89 sobre TIIE, que anda por los 8.14 en el mejor de los términos.

La gran tragedia es que las cosas han cambiado mucho desde el 2016 en que el nuevo amanecer empezó a hablar de la reestructuración.

En aquel entonces hablamos de una tasa del 5.11, que ni lejos está de la actual, lo cual continúa colocando en un atolladero a la administración estatal. Mínimo deberán pagar arriba del 9 por ciento de tasa.

Beneficio pírrico. Una tardanza que tiene su consonancia en términos de millones de pesos, que desde hace semanas se festinan.

***

El caso del Café Bernardi en la Facultad de Derecho causó escándalo porque se trata de una abierta concesión privada dentro de un inmueble público.

El café no cuesta menos de 40 pesos para los estudiantes, pensando en el americano, porque el capuchino no baja de los 60, negocio abiertamente establecido por el director Roberto Díaz Romero.

Pero Derecho no es el único caso. En Medicina se encuentra despachando desde hace tiempo Francia Marítima, otra concesión de café.

Hacen los directores de las facultades chilar y huerto, pensando en que sus unidades académicas son ínsulas sin control alguno.

La operación en Derecho es apenas de unos días a la fecha; en Medicina ya tiene algunos años.

Y luego se cuestiona el porqué es necesario un mayor control.

***

Como si le faltaran muestras de pluralidad al Gobierno de Javier Corral, en un área de segundo nivel se da por hecho la incorporación de un célebre neomorenista en estos días.

Se habla de que llegará al relevo de María Eugenia Falomir en la Dirección de Grupos Vulnerables el excandidato a la Presidencia Municipal de la capital por Morena, Fernando Tiscareño Luján, a quien la Cuarta Transformación no ha podido abrirle una vacante.

Maru Falomir, esposa del senador panista Gustavo Madero, dejó el equipo corralista hace unas semanas. Algunos dicen que lo hizo alentada por consejeros de su esposo, a quien le recomendaron que comenzara a desmarcarse de una administración que ya no amenaza con hundirse, sino que ya está hundida.

A más de tres panistas les brillaron los ojos con esa posición que dejó vacante la activa señora reconocida en Acción Nacional y en organizaciones de la sociedad civil.

Tal vez creyeron, ingenuos que son, que se dejaría el lugar para algún otro panista, de los que faltan en la administración de Corral Jurado, la cual ha sido bastante injusta con los albiazules, quienes ocupan pocas posiciones en el gabinete y en general en todas las áreas gubernamentales.

Por otra parte, Tiscareño llegará como director provisional sustituto a un área estatal donde labora su padre, por cierto.

Es bastante curioso porque el chihuahuense es sobrino de la presidenta del Consejo Nacional y aspirante a la dirigencia de Morena, Bertha Luján; además es primo de la Secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, y ni por eso le han abierto siquiera una plaza de “servidor de la nación”.

Pero no necesita buscar puestos en la federación si aquí por obra del desgastado nuevo amanecer le cae una chambita.