-Muchos viáticos y escuelas sin servicios básicos -Se notan afanes de negocio en Plan de Inversión -Quiere ser consejero con todo y fama delictiva

El director de Servicios Periciales, Daniel Jaramillo, junto con el coordinador de Peritos, Miguel Wilchis y el genetista Heberth Castañón, son responsables de varios fiascos de la Fiscalía General del Estado.

Van error tras error, cada uno más grave que el anterior. Llegan al colmo de confundir vivos con muertos o desaparecidos, pero aún así ni se inmutan. Ellos viven en el relax total.

El año pasado por estas fechas hicieron quedar en ridículo al mismo fiscal general, César Augusto Peniche, al reportarle una muerte por sobredosis como un homicidio por estrangulamiento.

Luego la FGE ya no sabía cómo corregir el entuerto, pues esa confusión generó sospechas de que se trataba de encubrir un crimen.

En otras ocasiones “pierden” o filtran evidencia a modo. Establecen en un peritaje algo y a la hora de sustentarlo no tienen manera de hacerlo. O bien, juran apoyo a los agentes investigadores de las diversas fiscalías, pero les quedan mal a la hora de darles resultados.

La más reciente del trío del terror de Servicios Periciales fue el reporte firmado por Castañón y basado supuestamente en exámenes genéticos, en el que se estableció el parentesco entre dos cadáveres encontrados en el tiro de una mina en Santo Domingo (Aquiles Serdán).

A los familiares de dos personas desaparecidas, padre e hija identificados como Luis e Ivannia Perea, se les informó que sus cuerpos habían sido encontrados en esa fosa clandestina. La familia estaba desesperada por saber qué había pasado con ellos, pues desde el 25 de julio habían desaparecido.

Citados en el C-4 para hacer los trámites de recuperación de los cadáveres, después les dijeron que siempre no, que nomás tenían el cuerpo de Ivannia, más no del papá, cuyo paradero sigue siendo un misterio, agravado por dictámenes y estudios desastrosos de Servicios Periciales.

A la vista de un área de periciales tan alejada del profesionalismo que debe tener, resulta fácil concluir por qué hay investigaciones que jamás avanzan en la FGE.

En la irresponsabilidad está metido el Fiscal de la Zona centro, Carlos Mario Jiménez, quien también deja hacer y deja pasar igual que Peniche porque, igualito que su jefe, la pasa concentrado en sus propios negocios que en cumplir con su trabajo.

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Es el inicio del ciclo escolar un calvario para niños y maestros en escuelas primarias que carecen de las condiciones mínimas indispensables para realizar la labor educativa.

Falta de aulas, mobiliario, no se diga la ausencia de aires acondicionados, son una constante ante los discursos de distribución de miles de uniformes y obra dispersa que no es suficiente en el mantenimiento de escuelas.

Son medidas de aspirina y no solución a fondo.

En Juárez escogió el gobernador una escuela para dar el banderazo de arranque al regreso a clases, pero ahí mismo tuvo manifestación de padres de familia y directivos escolares que exigen una solución a las condiciones actuales del plantel educativo Carmen Serdán.

Pero las demandas no fueron siquiera escuchadas, menos serán resueltas. Lo delicado es que se trata de una escuela de tiempo completo, que en horario extendido atiende a los niños y niñas mientras sus padres trabajan.

No es entonces sólo una escuela que labore las horas normales, sino que forma parte de un proyecto que tiene muchos beneficios de carácter social, que debiera ser cuidado en extremo.

Pero no es así.

El asunto es que no es la única escuela con ese problema, que debe ser atendido con gran cuidado y responsabilidad.

Nada más un rubro, sobre el cual el Instituto Nacional de Evaluación Educativa ha puesto el dedo en la llaga: dos de cada diez escuelas tienen carencia de mobiliario, como sillas o mesa bancos.

Y dos de cada 10 tienen insuficiencia o carecen de tazas en los baños. Es un problemón como para adoptar una posición de voltear a otro lado mientras levantan una lona de protesta justa y necesaria ante tal situación.

Lo más grave es que las condiciones empeoran cuando se trata de zonas de marginación y no se diga en comunidades indígenas.

Pero más delicado aún. Mexicanos Primero coloca a Chihuahua con una calificación con la cual apenas aprueba de panzazo con un 6 en su última evaluación en el 2018. Sólo mejoró dos lugares en los últimos tres años.

En condiciones materiales lo coloca en el lugar doce a nivel nacional.

Y en muchos rubros esta reprobado, como por ejemplo en aprendizaje, donde se encuentra localizada en el lugar ¡21!

Entre las recomendaciones que hace la organización civil se encuentra, ¿qué cree usted?, cumplir con servicios básicos dignos, garantizando servicios en todas las escuelas. Necesidad urgente que hasta el momento no es cumplida por el nuevo amanecer y que contrasta con el discurso triunfalista y de fiesta, en un contexto de eventos de jauja, viáticos y comilonas sin sentido.

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Sin duda constituye el Plan de Inversión Estatal 2019-2021 un monumento a la concentración de recursos por parte de la administración de Javier Corral.

No existió la más mínima disposición de consulta para la determinación del grueso de la inversión anunciada, mucho menos podía presentarse una decisión auténticamente municipalista por canalizar el recurso para el ejercicio directo por parte de los ayuntamientos.

Agarró el azadón el jefe del Ejecutivo y sólo permitió migajas a los 67 ayuntamientos, de los recursos derivados del refinanciamiento de la deuda, y otros ingresos acumulados en el susodicho plan.

Existe dentro de la página web creada ex-profeso para divulgar la inversión, un rubro denominado coinversión con los municipios.

Es por un monto de mil 215 millones de pesos aproximadamente. Pero de ellos apenas participan los ayuntamientos con poco más de tres millones de pesos.

Lo demás es inversión estatal y por tanto, es ejecutada directamente por el gobierno del Estado. El nombre del rubro es sólo pantalla rimbombante.

Fuera de ese concepto, probablemente Juárez sea la excepción en cuanto al ejercicio de los recursos con los 100 millones canalizados hacia la video-vigilancia por parte del Estado y que parece dejará al municipio su ejercicio.

Pero de ahí en más, se observa como ejecutoras de obra a las secretarias del gobierno del estado, desarrollo municipal, obras públicas, cultura, entre otras.

Hay unos conceptos pequeñitos para los municipios. Un lobby en el centro cultural en Parral por siete millones o la conclusión de un Salón de Usos Múltiples en Guadalupe, pero nada más.

Tendrá el gobierno estatal el control de las licitaciones, y con ello la determinación de convocar o no públicamente para su adquisición u obra, o bien, sobre las rodillas, decidir por invitación a cual proveedor otorgarle la bendición de la compra.

Un uso caprichoso de la ley de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua.

Son 18 mil millones de pesos los anunciados y los mismos que en su gran mayoría pasarán por el control exclusivo y celoso del Estado.

No sólo hay en ello un exceso de cuidado político, muy claro en el trasfondo, sino afanes de negocio que no pueden ser ocultados.

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Está postulado José Luévano para el consejo estatal del PAN, que deberá decidirse el próximo primero de septiembre.

Es Luévano un funcionario público que pasó de la secretaría particular del gobernador a la responsabilidad de infraestructura educativa, pero que tiene un gran prietito en el arroz.

Su intervención dentro de la trama que terminó con la vida de la colega periodista Miroslava Breach, es una losa muy pesada, aun y cuando sea ignorada desde la Fiscalía Estatal, junto con la intervención que en el asunto tuvieron el flamante asesor del Congreso, Alfredo Piñera y el exalcalde de Chínipas, Hugo Shultz.

Ahora tiene la oportunidad, junto con el grueso de panistas protegidos del jefe del Ejecutivo estatal, de incorporarse al máximo órgano de decisión del partido en la entidad.

Luévano anda pidiendo el voto, encampañado, para seguir escalando posiciones. Su pasado en el bajo mundo delictivo poco importa.